Datos biométricos: Una tentación autoritaria

El pasado 16 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entre los cambios que se destacan está la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), un registro para todas y todos los usuarios de telefonía móvil que incluirá, entre otros datos, los siguientes: número telefónico, nombre del usuario, número de identificación oficial o Clave Única de Registro de Población (CURP), domicilio y los datos biométricos del titular de la línea. 

De acuerdo con el Senado de la República, el propósito detrás de la creación de esta base de datos es frenar la comisión de delitos como el secuestro y la extorsión que muchas veces son cometidos a través de teléfonos celulares. La creación de un registro de usuarios de telefonía móvil para supuestamente combatir la incidencia delictiva no es una idea novedosa. En febrero de 2009, el gobierno del presidente Calderón introdujo una serie de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones (abrogada) a través de las que se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), una base de datos que contenía la CURP y número celular de millones de usuarios. 

Poco después de su implementación, la base de datos del RENAUT terminó a la venta en el mercado negro, con lo que se expusieron los datos personales de millones de personas. Adicionalmente, el RENAUT fracasó en el combate de los delitos en contra de los que se supone estaba diseñado a atacar. Se estima que, a raíz de su creación, la extorsión aumentó un 40%, mientras que el secuestro aumentó en un 8%. Posteriormente, dos años después de su creación, en 2011, el RENAUT fue cancelado por el Congreso y su base de datos destruida. 

Ahora bien, a pesar de que no existe evidencia que demuestre que registrar los datos de las personas usuarias de telefonía móvil reduzca, desincentive o prevenga la comisión de delitos, la creación del PANAUT va mucho más allá de su antecesor. No solo se pretende revivir al fallido RENAUT, sino que se busca darle esteroides a este nuevo registro con la obligación de capturar los datos biométricos de las personas usuarias. Por lo tanto, los motivos detrás de la creación del PANAUT son dudosos e inexplicables a la luz de la experiencia previa. 

Por lo pronto, un Juez de Distrito ya suspendió provisionalmente la obligación de registrarse ante el PANAUT para un usuario de telefonía móvil. Por la naturaleza del juicio de amparo, los efectos de dicha suspensión únicamente beneficiarán al usuario que promovió la demanda (cláusula Otero), por lo que el resto de las personas tendrán que registrarse en el PANAUT. Asimismo, en las próximas semanas veremos si alguna entidad (i.e. integrantes del Senado, de la Cámara de Diputados o la propia CNDH) promoverán una acción de inconstitucionalidad de la cual conocería la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que de resultar procedente tendría efectos generales. 

Dicho sea de paso: esta no es la primera vez en que el gobierno del presidente López Obrador intenta obtener los datos biométricos de las y los ciudadanos. De hecho, el 22 de enero de 2020, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, requirió formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la entrega de los datos biométricos de todas las casi 90 millones de personas inscritas en el Padrón Electoral. El objetivo de la SEGOB era conseguir los datos biométricos para la creación de una cédula de identidad nacional emitida por dicha dependencia. Sin embargo, el INE le manifestó al Gobierno Federal la imposibilidad jurídica de proporcionar los datos biométricos del Padrón Electoral. ¿Será el PANAUT la manera en que finalmente el gobierno obtendrá los datos biométricos de las personas?

* Gianmarco Coronado Graci es integrante del equipo legal que combatió judicialmente la cancelación del NAIM y la construcción del Aeropuerto “Felipe Ángeles”