DACA: Una decisión por la función pública, no los migrantes

Si estás leyendo este artículo probablemente sabes que ayer la Suprema Corte de Estados Unidos resolvió el caso de DACA (de los “dreamers”) en favor de los migrantes. Antes de explicar qué decidió la Corte, es importante entender qué es DACA. En Estados Unidos, cuando te van a deportar tienes derecho a un juicio. Los fiscales especializados en llevar estos casos tienen amplia discreción para decidir en contra de quién los llevan. Es decir, una fiscal puede decidir -por la razón que sea- que no lo va a perseguir el caso de alguien que es “deportable” y esa persona se quedará. La administración de Obama generó un programa para decirle a los fiscales que una categoría de personas -los “dreamers – nunca podría ser deportado. Además el programa le otorgaba ciertos beneficios a ese grupo de personas: permisos de trabajo, número de seguro social, y otros. Ese programa se llamaba DACA.

Para ser beneficiario de DACA tenías que ser menor de 31 años en 2012, haber llegado a los Estados Unidos antes de los 16, haber estado en Estados Unidos de manera continua desde el 2007, estar en la escuela o haber terminado la preparatoria (o equivalente), y no haber cometido un delito “significativo” (casi todos los delitos son considerados significativos, aunque sean menores). A pesar de todas estas restricciones, en los años que duró el programa, 700,000 niñxs y jóvenes se inscribieron y empezaron a llevar su vida en los Estados Unidos de una forma más normal, con menos miedo a ser deportados y con más libertades laborales e individuales.

En 2017, el gobierno de Trump tomó la polémica decisión de terminar el programa. Digo polémica porque 74% de la población de Estados Unidos está a favor de DACA. Y, ¿cómo no? La gente que protege no decidió migrar y la mayoría no conoce otro país. Trump concluyó el programa cuando el entonces Fiscal General Jeff Sessions decidió que DACA era un programa ilegal porque en efecto legislaba desde el ejecutivo (no voy a explicar por qué Sessions estaba equivocado, si alguien quiere que escriba ese artículo legaloide me avisa). Cuando se canceló el programa, diversos grupos demandaron al gobierno. Ayer la Suprema Corte decidió que el programa se había cancelado de forma ilegal.

El punto crucial es que la Corte no dijo que el gobierno no podía cancelar el programa, sino que no lo podía hacer así. El problema para la Corte fue la forma, no el fondo. En Estados Unidos las agencias reguladoras tienen que fundar y motivar sus cambios de políticas públicas y las cortes pueden revisar si los cambios fueron “arbitrarios o caprichosos”. Generalmente si el gobierno hace su tarea el cambio sobrevive. Las cortes no revisan si el cambio estuvo bien o mal, solo si la agencia administrativa dio una explicación sólida para el mismo. En este caso, la Corte dijo que no -que los funcionarios de Trump no hicieron la tarea. Y, es más, de haberla hecho, habrían permitido el cambio.

Esta ya es la segunda vez que la Corte le hace esto a Trump. En un caso del censo, la Corte decidió en contra de Trump porque su gobierno básicamente se inventó una justificación de la nada para agregar una pregunta al censo. Esta ha sido la historia del gobierno de Trump. Un análisis del Washington Post reveló que la administración de Trump ha perdido 63 casos en dos años. “En caso tras caso, los jueces han reprendido a los oficiales del gobierno de Trump porque no han seguido las reglas más básicas de gobernanza”, enfatizan en el estudio.

La decisión de DACA de ayer no se dio porque la Corte encontró que el discurso xenofóbico y racista de Trump había repercutido en una política pública inconstitucional por discriminatoria. No fue una decisión promigrante, sino una decisión en pro de las formas y los estándares de la administración pública. En todo caso, la Corte –como en otros casos– validó que Trump puede implementar una agenda discriminatoria, siempre y cuando se sigan las formas que establece la ley. Lo que pasa con Trump es que su gobierno es tan incompetente que ni su agenda racista puede implementar.

Como un apéndice, creo que el caso de DACA revela lo necesario que es tener mecanismos para impedir que la ocurrencia conduzca el diseño o la eliminación de la administración pública. En México los hay y se han usado para detener el proyecto de Santa Lucía o las nuevas normas en contra de las energías renovables. En un momento en el cual el gobierno de López Obrador se muestra empeñado en tumbar instituciones solo porque al presidente no le parecen, debemos plantearnos si deberíamos usar estos mecanismos para que al menos el gobierno se vea forzado a justificar sus decisiones con algo más que una reflexión de botepronto del presidente.

@elpgerson