Cyberbullying en Nuevo León: el delito de balconear gente

Por: Oscar Montemayor (@TercerSigloMx)

Al final de la administración de Fernando Larrazábal como alcalde de Monterrey (2009-2012), éste decidió abandonar su cargo para buscar acomodarse como diputado federal, con esa común práctica política mexicana llamada coloquialmente “chapulineo”. Eduardo Montemayor, joven regiomontano de 22 años, se sintió indignado como muchos otros ciudadanos, pero pasó del mero enojo a la acción. Buscó asesoría e interpuso un amparo legal para evitar que el ejecutivo de su municipio abandonara las responsabilidades con las que se comprometió cuando estuvo en campaña. El recurso tuvo un impacto tremendo en la opinión pública, puso en aprieto a las aspiraciones de Larrazábal y, lo más importante, desnudó al cabildo y funcionarios locales en toda la serie de inescrupulosas estratagemas utilizadas para evitar que su jefe regresara a cumplir con el cargo al que como servidor público estaba obligado. Finalmente triunfó la impunidad, entre empleados e institutos electorales se pasaron la responsabilidad y hoy el ex alcalde de Monterrey es diputado federal de la bancada panista.

Al iniciarse la nueva administración regiomontana, a cargo de la también panista Margarita Arellanes, Eduardo Montemayor fue notificado de una querella en su contra bajo el argumento de falsificación de firma (propia) a través de la estructura jurídica municipal de Monterrey. Por fortuna, este joven contó con el apoyo de diversos grupos de la sociedad civil. El mensaje fue claro: que a ningún ciudadano común se le ocurra la delirante idea de creer que tiene algún poder sobre funcionarios públicos y partidos políticos.

La pertinencia de este caso viene a cuento hoy en relación a una nueva disposición legislativa que abre la puerta a la criminalización de la protesta desde un discurso aparentemente loable.  Se aprobó por inmensa mayoría del Congreso de Nuevo León una reforma por adición al artículo 345 bis del código penal, en el que se tipifican los delitos de ciber-acoso infantil  (cyberbullying) y difamación por medios electrónicos con penas de cien mil cuotas o hasta tres años de cárcel. ¿Pero qué son específicamente los delitos ahora perseguidos? No se definen en el texto aprobado más allá de vagos conceptos como daño moral, deshonra y desprecio, he ahí el peligro de la nueva ley: su interpretación.

La promotora de esta reforma es la diputada panista Carolina Garza Guerra, mejor conocida (relativamente) como Carolina López por su trabajo como articulista del periódico El Norte. A través de sus escritos, Garza/López difundía ideas de corte radicalmente conservador manifestándose como acérrima enemiga de políticas sociales y progresistas en proporción directa a una férrea defensa del alto clero católico, en especial de Marcial Maciel y la Legión de Cristo. Sus textos partían principalmente de argumentos personales y moralizantes con escaso fundamento más allá de fuentes relacionadas al catolicismo.  No pasaba entonces de representar editorialmente  a un determinado grupo de ciudadanos con pensamiento aldeano o de ser, eventualmente, el chascarrillo en alguna reunión de amigos.

Lo pintoresco de su trabajo editorial se convierte hoy, con su carácter de diputada local, en un peligro real para una sociedad que debería avanzar hacia la apertura democrática. Punto aparte conviene cuestionar esta oferta de funcionarios que los partidos políticos nos dan en retribución al alto presupuesto público que consumen.

El Internet ha devenido en una piedra en el zapato para los poderosos. Políticos, funcionarios públicos, caciques sindicales, empresarios, ladies y mirreyes se han visto expuestos en sus delirios y corruptelas a través de un medio hasta ahora libre. En gran medida debido a la red la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto no fue el sendero de miel sobre hojuelas que pensaba su partido, y su triunfo ocurrió con un margen considerablemente menor al esperado. Por esos lares electrónicos fue que se formó el movimiento #YoSoy132. Por ciber-ventaneadas cayó el ex procurador del consumidor (y padre de Lady Profeco) Humberto Benítez, así como Miguel Sacal, aquel altanero empresario golpeador que tuvo que pedir disculpa pública a su gato por la golpiza que le propinó; o bien, el inexplicablemente acaudalado líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, y el mismo Peña Nieto, tuvieron que salir al quite por los excesos frívolos y clasistas de sus vástagos, sin olvidar a Lady Polanco (Azalia Ojeda) y a Lady Senado (Luz María Beristain) quienes recibieron un escarmiento por parte de la opinión pública y ahora pensarán dos veces antes de violentar a la chusma que los sirve.

La evidencia expuesta en redes sociales de lo anterior podría ser considerado delito dentro de la nueva legislación estatal.

Millones de ciudadanos con tabletas y teléfonos celulares, con críticas, denuncias y capacidad de convocatoria, combinado con el acceso a Internet, es un peligro constante para el mantenimiento del status quo que los poderosos desean perpetuar. Excesos se cometen, indiscutiblemente, pero en la balanza del costo/beneficio la libertad de expresión vale su precio. En medio de un mar de ideas absurdas, dislates, caprichos, rencillas y ataques aventurados, incluso llegando a la crueldad, se encuentra también la mecha del avance de las ideas, de la vigilancia ciudadana a sus gobernantes y de la organización social independiente.

El ciber-acoso infantil es un problema real, perpetuado principalmente por niños y adolescentes, nadie lo discute, pero nuevamente la estructura gubernamental opta por imponerlo como un problema de criminalidad y no de salud sico-social, apelando al garrote sostenido en la pulsión del individuo por la venganza disfrazada de justicia, antes que a la reflexión sobre la disfuncionalidad que una inescrupulosa modernidad consumista, indolente, rabiosamente competitiva e individualizada genera en muchas personas manifestándose en la violencia sobre los demás. El acoso y la difamación, hoy expresadas ampliamente en el ciberespacio, son manifestaciones culturales profundas de las sociedades occidentales, debe de abordárseles desde esa perspectiva antropológica si es real la intención de menguarlas eficazmente, entendiendo, además, que el estado no está para suplir la atención que padres de familia deben de tener sobre sus hijos, sean éstos víctimas o perpetradores del acoso.

Estos nuevos delitos del ámbito penal se prefiguran más por los motivos políticos anteriormente expuestos, ya que en lo vago de su definición radica su capacidad represiva bajo un posible uso selectivo y la interpretación que puedan hacer hábiles abogados, privilegio con el que cuentan precisamente las élites políticas y económicas. Queda entonces como mecanismo de censura de facto, de guerra sicológica preventiva contra el empoderamiento ciudadano.

En la propuesta de la diputada Garza Guerra, el PRI encuentra en la tradicional miopía punitiva panista el vehículo idóneo para finalmente implementar lo que ha tratado infructuosamente en otras latitudes: el control de uno de los pocos espacios libres del monopolio informativo oficial y corporativo. Esta nueva andanada contra las libertades no debe verse desarticuladamente, sino como parte de la reacción de una estructura de poder que se resiste al cambio, a dejar su posición de privilegio y transitar hacia terrenos horizontales.

El discurso es de un populismo evidente al apuntalar el lamentable problema del ciber-acoso infantil como ablandamiento de la opinión pública para introducir un caballo de Troya en la legislación. Así es que los congresistas locales se pasan por sus arcos las garantías constitucionales, tratados y recomendaciones de organismos internacionales, como la ONU, sobre la libertad de expresión como un derecho humano, con sus límites establecidos por la misma Constitución,  pendiendo ahora sobre cualquier ciudadano nuevoleonés la espada de Damocles cosa que, en sí misma, disuadirá el ejercicio de la denuncia, elemento imprescindible de una democracia funcional.  Como en aquel Panóptico abordado por Michel Foucault, el prisionero no necesita ver al carcelero para sentirse vigilado y autocensurarse.

A golpe de manos levantadas, el Congreso local ha enviado a Nuevo León a la retaguardia en materia de derecho a la información. Y este vergonzoso lugar sólo será refrendado si la sociedad nuevoleonesa no se levanta contra la riesgosa capacidad de esta medida, no sale de su confort para entender la dimensión del asunto y defender sus libertades. Hay mucho por hacer, desde exigir al gobernador el veto, hasta la manifestación pública organizada y los recursos legales.

 

* Oscar Montemayor es egresado de Ciencias de la Comunicación e Información por la Universidad de Monterrey, y del posgrado en Artes Visuales por la UANL. Se dedica profesionalmente al cine y la producción audiovisual.

 

Este texto fue publicado originalmente en Tercer Siglo.