Curita para las víctimas

 

Los campeones

Si hubiera un índice mundial para determinar qué países son los que más leyes crean y modifican, sin duda alguna México ocuparía el primer lugar o estaría en el top ten. Creo que somos potencia mundial en eso, pero es muy probable que ocupemos los últimos lugares en cumplir las leyes, o como dicen los iluminados, “respetar el Estado de Derecho”, claro, en un país que sufre de dislexia legal.

¿A qué viene todo esto? Se preguntarán. Resulta que a partir del 8 de febrero de este año, la Ley General de Víctimas empezará a tener vigencia. ¿Y eso qué? También preguntarán y con mucha razón.

Pues resulta que esta tan cacareada ley nació con deformaciones congénitas, es decir, fue diseñada, presentada, discutida, dictaminada, votada y aprobada por legisladores y legisladoras de los distintos partidos políticos, tanto de la Cámara de Diputados, como de la Cámara de Senadores, aún con deficiencias que han sido señaladas de manera multitudinaria. De hecho, el entonces Presidente Felipe Calderón decidió vetarla (abstenerse de promulgarla), con la intención de hacerle modificaciones (pimpearla, pues) para que ahora sí funcionara. Sin embargo, la presión de algunas organizaciones de la sociedad civil y activistas presionaron al máximo a las autoridades federales para que esta ley fuera promulgada a pesar de sus serias deficiencias.

Pero como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes.

Tanto la ley, como su promulgación, han generado una discusión entre los distintos partidos políticos o grupos parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados, como en la Cámara de Senadores, así como ente las distintas organizaciones de la sociedad civil e, inclusive, activistas de tapete rojo que se han dividido en bandos, unos a favor de la ley, aún con sus enormes deficiencias, o los que están en contra de ésta y señalan el conjunto de aberraciones que ésta tiene. Es decir, estamos ante una discusión entre los Capuleto y los Montejo, en donde el sentido común acaba siendo el menos común de los sentidos.

¿Pero exactamente qué discuten?

Para no hacer tan aburrido el asunto, me concentraré en algunos puntos solamente, aunque hay muchos más que vale la pena ser tratados más adelante.

En primer lugar, se discute la constitucionalidad de la Ley General de Víctimas. ¿Esto qué diablos quiere decir? Significa que se discute si, conforme al artículo 73 constitucional, el Congreso Federal (Diputados y Senadores) tienen la facultad para crear una ley general en este tema. Esto es importante porque si recordamos que todo, repito, todo acto administrativo o de autoridad debe estar plenamente motivado y fundamentado en la ley, resulta que si los legisladores  (y las legisladoras) no tienen la facultad concreta de hacerlo, entonces se caería en el supuesto de inconstitucionalidad. Ello implicaría que todo programa, política, fondo de financiamiento, decisión, trámite, circular, oficio o lo que sea que se realice basado en esa ley, perdería validez legal. ¿Cómo la ven?

En segundo lugar, independientemente de la constitucionalidad de la ley, otro tema a discusión es la razón por la cual ésta debe crearse (la motivación). Sabemos que las víctimas del delito han crecido de manera exponencial en los últimos años, y que la impunidad es altísima. Dependiendo de la fuente, se calcula que tan sólo el veinte por ciento de los delitos se denuncia y de éstos, únicamente dos de cada cien son castigados. Esto significa que en primer lugar, los ciudadanos no denuncian ya sea por falta de confianza en las autoridades o en el propio sistema de procuración e impartición de justicia, o por temor a represalias por parte de los mismos delincuentes o de las autoridades coludidas con éstos, es decir, otra vez, deficiencia en el aparato de justicia del país.

A partir de ello, y al incremento considerable en el número de víctimas del delito, es que se pensó que era buena idea que se compensara o reparara el daño a éstas. Hasta ahí, me sumo a la propuesta.

Sin embargo, en un país en el que la tasa de denuncia es sumamente baja, por las distintas razones que ya mencionamos, la probabilidad de que el delincuente compense o repare el daño a la víctima es bajísima. ¿Cuál es la respuesta que se dio en la ley? Hacer corresponsables a las autoridades de compensar a las víctimas del daño ocasionado por un delincuente, ya sea porque éste no pudo ser encontrado culpable (deficiencia en el proceso judicial), porque no tenía suficientes recursos para hacerlo, o porque es más fácil hacer que un fondo federal pague la ineficiencia del aparato de procuración e impartición de justicia del país, que hacerlo funcionar.

Además, ante la ineficiencia del aparato de justicia, la responsabilidad de demostrar que una persona es víctima de un delito, para poder acceder a la compensación (o reparación), caerá en la propia víctima (a través de un engorroso trámite donde unos cuantos funcionarios determinarán si podrá acceder o no a este fondo).

#Alineamesta

Los economistas le llaman alinear los incentivos al hecho de diseñar ese conjunto de motivaciones para que un sujeto o un conjunto de personas se comporten de una determinada manera en beneficio de un objetivo concreto. En este caso, esta Ley, como está redactada actualmente, alinea los incentivos para que los funcionarios públicos encargados de procurar e impartir justicia, tanto a nivel federal, como local, no se tengan que hacer responsables de hacer su chamba como deben, porque hay un fondo que compensará a la víctima de todas maneras. Maravilloso, ¿no?

Entonces, si consideramos el nivel de impunidad, el gran número de víctimas de la delincuencia que existen en el país, ¿cuánto nos costaría a los ciudadanos financiar este fondo? ¿No sería más fácil que, en vez de crear un mecanismo paralelo que genera todos los incentivos para que el sistema de justicia de este país siga sin funcionar, se impulse la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal del país? ¿Hasta cuándo dejaremos de crear y crear mecanismos paralelos para que hagan la chamba de las instituciones que ya existen en vez de mejorarlas?

Hay muchos otros temas para discutir en esta ley, como por ejemplo, quiénes serán consideradas víctimas, de qué tipo de delitos (federales o locales), cómo debería darse la coordinación entre autoridades federales y locales, cómo se evitaría la creación de un monstruo burocrático que seguramente será el cuello de botella para la operación de esta ley, cómo se aclarará la diferencia entre compensar y reparar el daño, cómo debe conformarse la autoridad encargada de administrar el fondo, de dónde saldrá el dinero para financiarlo, cómo se evitará o al menos se limitará el surgimiento de una nueva especie de coyotes especializados en cobrar compensaciones de víctimas reales o ficticias coludidas con las distintas autoridades, y otras muchas linduras.

¿Y si mejor hacemos funcionar bien las instituciones con las que ya contamos?