Cultura política, reforma Sheinbaum y control de los aparatos de seguridad

Señor secretario, explique por favor cómo funciona su sistema de inteligencia. Si no puede darnos algunos detalles, nos interesa entender cómo controla la integridad de la información. Señora secretaria, explique cuáles son los métodos que ha desarrollado para evaluar las estrategias de prevención. Explique cuáles son los métodos de ponderación que utiliza para saber si cumple sus objetivos. Muestre por favor las evaluaciones de impacto que haya implementado o se proponga implantar para comprobar si su propuesta funciona o no. O bien: señor legislador, justifique con una teoría de cambio basada en evidencia por qué propone o avala esa reforma.

El anterior es un extracto de lo que prácticamente nunca sucede y lo relevante de esto es, precisamente, su casi total irrelevancia. Y aún si esto se queda al margen hoy, mañana y pasado, nunca dejaremos de decirlo: este sistema político no construye regímenes de ninguna orientación dispuestos a sacar esto de la insignificancia. En realidad, cada reforma a nombre de la seguridad es una fotografía aguda de nuestra cultura política hegemónica

Veamos el más reciente ejemplo. ¿Por qué las reformas de la presidenta Sheinbaum en seguridad sí lograrían lo que prometen, cuando las anteriores no lo hicieron? Si algún día tuviéramos un Congreso de la Unión serio, esta sería la primera pregunta que tendría que responder antes de votar a favor o en contra de cualquier reforma. Pero para que eso ocurra, al menos en el terreno de la seguridad, tendría que cambiar de raíz nuestra cultura política.

No se trata de reemplazar a quienes legislan —aunque más de uno lo desearía—, sino de construir una manera completamente distinta de entender la seguridad.

“La cultura política se puede definir como el repertorio de prácticas, lenguajes, valores y discursos mediante los que distintos grupos sociales articulan, negocian y se disputan demandas políticas para solucionar problemas públicos” (Nexos). Este concepto permite ubicar con claridad un vacío: entre esas demandas, el control —formal y práctico— de los aparatos de seguridad simplemente no aparece.

En los debates legislativos sobre el paquete de reformas impulsado por Sheinbaum, incluidas aquellas directa o indirectamente relacionadas con seguridad, no es posible encontrar discusiones rigurosas que examinen la eficacia normativa ni el desempeño institucional desde una perspectiva de control. ¿Y qué entendemos por “control”? Comprobación, inspección, fiscalización, intervención, examen, registro, vigilancia.

Lo más relevante de esta ausencia es, precisamente, que no importa políticamente. No es nuevo: es estructural. Las reformas no están ancladas en la lógica de la comprobación. No se ofrece, no se exige, y su negación se normaliza sin fricción, incluso cuando están en juego leyes que deberían ayudarnos a salir del horror.

¿Se debe crear una Secretaría de Seguridad Pública federal? Va. ¿Se prefiere dejarla en Gobernación? También va. ¿Se decide crear o desmontar sistemas de información, vigilancia o inteligencia? Todo va… sin comprobación. ¿Aburrido? Tal vez, sobre todo en tiempos en que el argumento es cada vez más innecesario en el ejercicio del poder, y donde la conversación pública gira en torno a la popularidad.

Nuestra cultura política en materia de seguridad ha alineado la demanda social con el endurecimiento: más recursos, más penas, más prisiones, más de todo… porque no hay un filtro racional llamado evidencia.

Así, cuando el diseño institucional, los operadores, el lenguaje, las imágenes y los recursos se alinean con una lógica de militarización de la seguridad pública, la Jefa de Estado puede decir que no es militarización… aunque lo sea. Puede afirmar que apuesta por la disciplina militar en las tareas policiales, pero no por la militarización, aunque esa disciplina anule precisamente el ethos profesional de la policía civil, aquel que permite ejercer un criterio autónomo, especializado y vinculado con las comunidades.

La idea de fortalecer la seguridad controlando a las instituciones no prende ni un boiler. La cultura política, transversal a partidos y gobiernos, revela una concepción del poder que huye, cada vez más, del control constitucional y legal.

La reforma se defiende hoy de la misma forma en que antes se defendieron otras: sin apelar a la comprobación. Pero lo más preocupante no es que un gobierno se enganche al populismo punitivo; lo grave es que todos lo hacen a la primera oportunidad. ¿Por qué? Porque eludir la evaluación, la comprobación, la fiscalización auténtica no tiene costo político.

Esta noción del poder inescrutable en lo general y en lo particular en seguridad, atraviesa América Latina. Ya lo advertía una investigación reciente sobre políticas de reducción de homicidios: en muchos países de la región, las políticas en la materia han sido evaluadas una vez o ninguna en toda su historia (revisión sistemática, LAV-UERJ).

Lo irrelevante, reitero, es la total irrelevancia de todo esto.

Señor secretario, bienvenida su reforma. ¿Cuál? La que traiga.

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