El cuidado: la política pública que todos necesitaremos

Por Marco Cancino*

Doña María tiene 78 años. Hace unos meses sufrió una caída en el baño de su casa. La fractura de cadera fue dolorosa, pero lo más complicado vino después. Su hija tuvo que pedir permisos constantes en el trabajo para acompañarla a consultas médicas; una nieta reorganizó sus horarios universitarios para quedarse con ella algunas tardes; una vecina comenzó a visitarla todos los días para ayudarle a preparar alimentos y asegurarse de que tomara sus medicamentos. Lo que parecía un accidente doméstico terminó convirtiéndose en una compleja red de apoyo improvisada.

La historia de María no es excepcional. Es, en realidad, la historia cotidiana de millones de familias que enfrentan una realidad para la cual México todavía no tiene una respuesta institucional suficiente: la necesidad de cuidar.

Todos necesitamos cuidados en algún momento de nuestra vida. Los requerimos cuando nacemos, cuando enfermamos, cuando vivimos con una discapacidad temporal o permanente y, con frecuencia, cuando llegamos a la vejez. Sin embargo, durante décadas hemos tratado el cuidado como un asunto privado, familiar y predominantemente femenino. Lo hemos asumido como una responsabilidad individual cuando, en realidad, constituye uno de los mayores desafíos colectivos del siglo XXI.

La pregunta es tan sencilla como inquietante: ¿quién cuidará a quienes necesiten cuidados en una sociedad que envejece aceleradamente? La respuesta adquiere una dimensión particularmente relevante en México. De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), hacia 2050 aproximadamente una de cada cuatro personas en México, tendrá 60 años o más. Se trata de una transformación demográfica profunda que implicará una demanda creciente de apoyos para la vida diaria, atención de largo plazo, servicios de salud y acompañamiento para millones de personas.

El envejecimiento poblacional es una buena noticia porque refleja avances en salud y esperanza de vida. El problema es que el país no ha construido todavía las instituciones necesarias para enfrentar sus consecuencias. Hoy, buena parte de esa responsabilidad continúa recayendo en las familias y, dentro de ellas, principalmente en las mujeres. Los datos del INEGI muestran que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa alrededor de una cuarta parte del Producto Interno Bruto nacional. Si ese trabajo tuviera un valor de mercado sería una de las actividades económicas más importantes del país. Sin embargo, permanece prácticamente invisible en las cuentas públicas y escasamente reconocido por las políticas gubernamentales.

¿Existen caminos posibles?

Las consecuencias son evidentes. Millones de mujeres reducen su participación laboral, interrumpen trayectorias profesionales o enfrentan menores ingresos debido a responsabilidades de cuidado. Lo que parece un problema doméstico termina convirtiéndose en un problema económico, social y de derechos humanos. Por ello, organismos como la Organización Internacional del Trabajo, ONU Mujeres y la CEPAL han colocado a la llamada economía del cuidado en el centro de las discusiones sobre desarrollo sostenible, igualdad de género y bienestar social.

La experiencia internacional demuestra que existen caminos posibles. Uruguay se convirtió en un referente regional al crear en 2015 su Sistema Nacional Integrado de Cuidados, basado en el reconocimiento del cuidado como un derecho y una responsabilidad compartida entre Estado, familias, comunidad y sector privado.

España desarrolló un sistema nacional de atención a la dependencia que garantiza servicios y apoyos para quienes requieren asistencia permanente.

Los países nórdicos, por su parte, han construido durante décadas redes públicas de atención infantil, licencias parentales corresponsables y servicios para personas mayores que reducen la carga sobre las familias y favorecen la igualdad entre mujeres y hombres.

Aunque los modelos son distintos, las experiencias exitosas comparten elementos comunes. Reconocen jurídicamente el derecho al cuidado; cuentan con financiamiento estable y de largo plazo; disponen de una institución rectora que coordina esfuerzos; profesionalizan a las personas cuidadoras; promueven la corresponsabilidad social y de género; y generan información confiable para evaluar resultados y corregir deficiencias. Ningún sistema sólido se ha construido sin estos componentes.

¿Cuáles son las exigencias de este desafío?

México ha comenzado a avanzar, pero todavía se encuentra muy lejos de consolidar una política de Estado en la materia. Existen iniciativas legislativas, programas sociales relacionados con el cuidado y esfuerzos recientes para incorporar esta perspectiva en la planeación presupuestaria. Sin embargo, en México aún no contamos con una Ley General del Sistema Nacional de Cuidados plenamente consolidada, ni con una autoridad nacional encargada de coordinar los esfuerzos dispersos entre dependencias y órdenes de gobierno. Los servicios siguen fragmentados, la profesionalización de las personas cuidadoras es limitada y gran parte de los recursos identificados como gasto en cuidados corresponde a programas preexistentes más que a una expansión sustantiva de servicios especializados.

El desafío exige una visión mucho más ambiciosa. No se trata únicamente de coordinar instituciones, sino de construir una política pública con lógica sistémica, perspectiva intersectorial, respaldo normativo y financiamiento sostenible. Los cuidados atraviesan los ámbitos de salud, educación, trabajo, seguridad social, desarrollo urbano, género, vivienda, movilidad y desarrollo económico. Por ello, requieren una estrategia de largo plazo capaz de trascender administraciones y ciclos electorales.

La discusión resulta urgente porque el tiempo juega en contra. Cada año aumenta el número de personas mayores, crece la demanda de cuidados y se profundiza la presión sobre millones de hogares que ya enfrentan dificultades para conciliar empleo, ingresos y responsabilidades familiares.

La pregunta ya no es si México necesita un sistema nacional de cuidados, sino cuánto nos costará seguir sin él. Los costos de la inacción son visibles: mujeres que abandonan el mercado laboral, familias que absorben gastos crecientes, personas mayores que enfrentan situaciones de dependencia sin apoyos suficientes y cuidadores informales que trabajan sin reconocimiento ni protección.

Por ello, en Inteligencia Pública consideramos que una agenda nacional de cuidados debería partir de, al menos, diez prioridades: reconocer legalmente el derecho al cuidado; aprobar una Ley General en la materia; crear una autoridad nacional rectora; garantizar financiamiento permanente; construir una red nacional de servicios para infancia, discapacidad y envejecimiento; profesionalizar y certificar a las personas cuidadoras; promover la corresponsabilidad entre Estado, familias, empresas y comunidad; incentivar una mayor participación de los hombres en las labores de cuidado; fortalecer los sistemas de información y evaluación; y diseñar una estrategia de largo plazo que trascienda gobiernos y coyunturas presupuestarias.

La construcción de un sistema nacional de cuidados no es una agenda sectorial ni una demanda exclusiva de las mujeres. Es una política de bienestar, productividad, igualdad y dignidad humana. Al final, la historia de doña María es también la historia de nuestro futuro. Todos hemos necesitado cuidados alguna vez. Muchos los necesitan hoy. Y si tenemos la fortuna de vivir lo suficiente, llegará el día en que también los necesitaremos nosotros. ♦

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*Marco Cancino es director general de Inteligencia Pública. Correo: [email protected] Redes: @marco_cancino y @IntPublica