¡Cuidado con los peligrosos defensores de derechos humanos!

En días pasados, se publicó en Reporte Índigo que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), considera que el abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, y el antropólogo defensor de derechos humanos, Abel Barrera, “forman parte de los elementos considerados peligrosos para la gobernabilidad”. Ambos son integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Entre las actividades que realiza el peligroso abogado Rosales, se menciona que asesora a indígenas defraudados por instituciones bancarias, que apoyó a los damnificados por la tormenta Manuel (que devastó la región de la Montaña de Guerrero el año pasado), y que ha acudido a instancias internacionales de derechos humanos, por ejemplo, para denunciar el caso de dos mujeres indígenas que fueron violadas por elementos del ejército mexicano.

[contextly_sidebar id=”XBR8DDXBhg5vFkMli8ucCpMVFl8T5uJY”]Por éstas y otras perniciosas tareas similares que realizan Rosales y Barrera dentro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se les considera subversivos, a ellos y a su organización. Además de las amenazadoras acciones mencionadas por el Cisen, yo sé que el equipo de Tlachinollan ha realizado muchas otras, como mediar entre comunidades en conflicto, ayudar a los pueblos de la Montaña a gestionar servicios (tan nocivos como la atención de la salud, la educación y el agua potable), brindar auxilio psicológico a víctimas de violencia y apoyar a los jornaleros migrantes. En cuanto al mencionado apoyo que brindaron a los damnificados por la tormenta “Manuel”, llegaron al extremo de caminar horas, durante varios días, ¡para llevar alimentos a las comunidades que quedaron aisladas! Sin duda todo lo anterior demuestra su peligrosidad.

También sé que gobiernos ultra radicales como el de Noruega, y la mismísima Comunidad Europea, les han financiado actividades, y que instituciones rebeldes como el centro Robert F. Kennedy, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) y Amnistía Internacional, les han otorgado reconocimientos.

Dejando el sarcasmo, me parece increíble e indignante que, a estas alturas del siglo XXI, se encuentre uno con ese tipo de acusaciones de “subversión”, al estilo de las dictaduras sudamericanas de los años 70. Lo preocupante es que esas afirmaciones no hacen sino poner en peligro la integridad y la vida de estos defensores de los derechos humanos, de estas personas que han dedicado su vida a servir a los pueblos más marginados del país.

Las voces de apoyo a Tlachinollan y sus integrantes no tardaron en manifestarse. 19 organizaciones de derechos humanos emitieron un comunicado sobre el caso, en el que afirman, entre otras cosas, que “es indignante que los recursos públicos se utilicen para debilitar al movimiento de derechos humanos, en lugar de utilizar las capacidades de inteligencia para combatir la infiltración y corrupción de los narcogobiernos y lograr que las graves violaciones a derechos humanos no queden en la impunidad”. Probablemente todas esas organizaciones y sus integrantes también están “fichadas” por el Cisen, pues se dedican igualmente a actividades tan sediciosas como defender los derechos de las personas.

Por otro lado, un grupo de ciudadanos manifestó su apoyo a Barrera y Rosales en la sección Correo Ilustrado de la Jornada, y seguramente también ya los ficharon por hacerlo, al igual que a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, que publicó ayer un comunicado exigiendo garantías de seguridad para Abel Barrera y Vidulfo Rosales.

Además de todo lo anterior, hace un mes (aquí la nota), el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, culpó a Tlachinollan de impedir el diálogo con los padres de los normalistas desaparecidos y vinculó a la organización con ciertos actos vandálicos que se dieron en algunas manifestaciones. Inmediatamente Abel Barrera respondió, entre otras cosas, que con esas afirmaciones se ponía en riesgo a los defensores de derechos humanos. Días después, el mismo gobernador le ofreció a Barrera el cargo de Secretario de Desarrollo Social del estado, mismo que por supuesto no aceptó. Muy coherente el señor gobernador… ¿qué pretende?

Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan este tipo de ataques no son nuevos, pero de verdad es preocupante que, en las condiciones en que se encuentra en este momento el estado de Guerrero, las autoridades federales y estatales les hagan esa clase de acusaciones.

Yo conozco a Abel Barrera desde hace 20 años y es de las pocas personas que verdaderamente admiro, porque he sido testigo de su honestidad, su calidad humana y su entrega a las comunidades indígenas guerrerenses, por decir lo menos. Si eso me hace “subversiva”, me siento orgullosa de serlo.

 

P. D. Terminando de escribir, me encontré esta nota en La Jornada, donde Vidulfo Rosales y Abel Barrera hacen declaraciones sobre el tema.

 

@yotlacuila