Cuarto aniversario de la Ley de Migración: ¿y ahora?

El día de hoy se cumplen cuatro años de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Migración. Siendo este tema tan importante para un país con la posición y geopolítica como la de México, y con los retos en materia de derechos humanos que representa frente una política de control detención y deportación, vale la pena analizar qué ha pasado en estos cuatro años. A continuación algunos aportes que desde el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria hemos hecho al debate y que vale la pena considerar.

Cabe decir que el debate sobre una ley en materia de migración con perspectiva de derechos humanos duró años y tomó varias formas hasta que se concretó en la Ley de Migración que hoy tenemos. Muchas cosas se dijeron de la Ley, entre ellas, que era una ley proteccionista y de vanguardia, pero a cuatro años, nos debemos preguntar si realmente las personas que día a día llegan, transitan y viven en el país han gozado de dicha protección y se traduce en eficacia en la garantía de sus derechos.

[contextly_sidebar id=”vFO0ELmggGnQa7RGd2U3RQjmqXwj6eW8″]Tristemente, lo que vemos es que la Ley de Migración poco ha podido impactar en el contexto en el que migran los y las migrantes. Las personas siguen sufriendo de agresiones y delitos de muchos tipos, continúan las violaciones a sus derechos humanos y siguen sin tener acceso a sus derechos consagrados no sólo en la Ley de Migración, sino en otras leyes especiales y en la propia Constitución.

Siete son los temas que desde el análisis técnico y la atención directa a personas migrantes hemos identificado como prioritarios para poder asegurar que México tiene una Ley de Migración que garantiza los derechos de las personas. Temas que no han sido priorizados al azar, sino que están presentes en las diversas recomendaciones hechas a México por organismos internacionales y que están contenidos en la Constitución mexicana y en y diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos de los que México es parte.

1. Acceso a la justicia y el debido proceso

En este tema, hay que asegurar que las personas migrantes puedan acceder a la justicia con independencia de su estatus migratorio en el país y que sea un proceso efectivo en la procuración de justicia, así como en tiempos razonables. Una persona debe tener acceso a los ministerios públicos y al sistema judicial, a un abogado, etc., aún si no tiene un documento migratorio vigente. En resumen, justicia para todos y todas.

2. Las condiciones en las estaciones migratorias y alternativas a la detención

Sobre este tema, hay que asegurar que la privación de la libertad sea una excepción y no la regla; en el caso de la infancia no puede aplicarse bajo ningún concepto. Actualmente, el resultado de no poder comprobar la legal estancia en el país es siempre la privación de la libertad, llamada “alojamiento” en la Ley de Migración. Una Ley de vanguardia debe incluir alternativas a la detención para personas que, por ejemplo, pidan su salida del país, cuenten con boleto de avión de regreso, personas con necesidades de atención especiales, infantes, etc.

3. Asegurar que el procedimiento administrativo cumpla con estándares mínimos de debido proceso

Al inicio del procedimiento deben darse a conocer a las personas sus derechos, que se explique la motivación o razón del procedimiento, etc. Se debe dar certeza jurídica a las personas, que sepan qué proceso enfrentan ante el INM, cuánto durará y los posibles resultados.

4. Proceso de regularización migratoria

Debe ser más flexible, con el objeto de permitir a las personas migrantes a que regularicen su situación migratoria. Si queremos que la gente pueda tener un documento migratorio, se deben establecer perfiles, criterios, requisitos y multas y derechos realistas que sean acordes a su realidad socioeconómica.

5. Fortalecimiento institucional

Este tema va más allá de solamente el Instituto Nacional de Migración (INM). Sin duda se requiere de una reforma estructural del INM, pero mucho más importante es la visión con la que trabajan las autoridades en la materia. Debemos pasar de una visión de seguridad nacional a una de desarrollo y seguridad humana en la que la protección de los derechos de las personas migrantes sea el eje rector y no el control de los flujos migratorios.

6. Participación ciudadana

Ante las frecuentes violaciones de derechos humanos de las personas migrantes, es necesario identificar nuevas formas de ejercicio del poder donde se contemple la interlocución y corresponsabilidad entre el gobierno y los actores sociales para diseñar, implementar, monitorear, y evaluar las políticas de atención a personas migrantes en México, a fin de potenciar su eficiencia. La Ley de Migración debe garantizar la participación democrática real y plural, así como los mecanismos de retroalimentación y toma de decisiones.

7. La infancia migrante

Los niños, niñas y adolescentes migrantes son infantes y como tal deben ser tratados, garantizando sus derechos desde una visión donde su participación en los procesos sea efectiva y no de carácter asistencialista. No deben estar en una estación migratoria por no traer un documento o porque su padre o madre no tiene “permiso” de estar en México. Los niños, niñas y adolescentes deben tener acceso al sistema de protección de la infancia y el INM no debe determinar su interés superior que se reduce a la deportación (retorno) a su país de origen.

En este último tema se reflejan varios de los puntos mencionados con mayor claridad y se pueden identificar los retos de la Ley de Migración: las niñas, niños y adolescentes no tiene acceso a la justicia (no tienen abogado, etc.); son privados de su libertad en estaciones migratorias; durante el procedimiento administrativo migratorio no tienen información; no existe una evaluación de lo que es su interés superior y este se limita a reproducir las políticas de control, detención y deportación, sin ofrecer alternativas de vida a mediano y largo plazo, entre otras cosas.

No podemos dejar de reconocer que ha habido avances, como el que no se pida un documento migratorio vigente para celebrar actos ante el registro civil, el reconocimiento de la unidad familiar y el reconocimiento explícito de varios derechos, entre otros. Sin embargo, hay todavía muchos retos y propuestas en el tintero que se pueden retomar. Sabemos que una Ley no lo es todo y que en la práctica se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos de los y las migrantes, pero mientras más clara la Ley, menos posibilidades de violarla. Es un granito de arena en un frasco que se empieza a llenar, pero vale la pena contribuir.

 

* Karina Arias y Gabriela Morales son integrantes del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (@GTPM_mx) formado por organizaciones, académicos y activistas que promueven marcos normativos con perspectiva de derechos humanos.