Cuarto aniversario de Cerocahui: una pregunta para el país

Cuatro años después, Cerocahui sigue siendo una pregunta para el país. Hacer memoria no consiste únicamente en volver la mirada hacia lo ocurrido, implica preguntarnos qué estamos haciendo para evitar que otras personas y comunidades enfrenten las mismas condiciones de violencia, desaparición, exclusión y falta de acceso a la justicia que hicieron posible Cerocahui.

Cerocahui no es solamente una tragedia que debe recordarse, es una advertencia sobre las condiciones que siguen haciendo posible la violencia en muchas regiones del país.

Por eso, hoy, al cumplirse cuatro años de los asesinatos de los jesuitas Javier Campos, S. J. y Joaquín Mora, S. J., así como de los laicos Pedro Palma y Paul Berrelleza, la pregunta central es qué nos reveló ese acontecimiento sobre el país que habitamos.

Lo ocurrido en Cerocahui trascendió las fronteras de la Sierra Tarahumara. Generó impacto nacional e internacional y colocó la mirada pública sobre una región que desde hace décadas enfrenta condiciones complejas de violencia, exclusión y abandono. También abrió una conversación urgente sobre la justicia, la seguridad y la construcción de la paz en México. Sin embargo, Cerocahui no comenzó aquel día, ni tampoco terminó entonces.

La desaparición de tres de los cuerpos durante 72 horas y su posterior localización, resultado de una búsqueda coordinada por los tres niveles de gobierno, puso sobre la mesa preguntas incómodas sobre el acceso a la justicia en México. En aquel momento, el país ya había superado la cifra de 100,000 personas desaparecidas. Si bien la búsqueda de las víctimas movilizó capacidades institucionales extraordinarias, también evidenció una realidad que miles de familias enfrentan diariamente: la mayoría busca a sus seres queridos sin la atención pública, los recursos ni el acompañamiento que un caso de esta magnitud logró convocar.

En México hay muchos Cerocahui

La posterior muerte del presunto responsable de los asesinatos dejó sin respuesta preguntas fundamentales para comprender plenamente lo ocurrido. Más allá de un caso específico, Cerocahui evidenció los desafíos que persisten en el acceso a la verdad y la justicia para miles de víctimas en México.

Cuatro años después, la cifra de personas desaparecidas supera los 130,000. Lejos de tratarse de una realidad superada, la desaparición sigue siendo una de las expresiones más dolorosas de la crisis que atraviesa el país aunada a la disputa criminal por los territorios, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de jóvenes, la extorsión, la exclusión histórica de pueblos indígenas y la fragilidad de las instituciones que forman parte de un entramado que afecta a miles de comunidades.

Por eso hay muchos otros Cerocahui en México. Están en las montañas de Guerrero y en las comunidades indígenas de Chiapas, donde cientos de personas siguen siendo desplazadas violentamente de sus hogares y territorios. Están en los pueblos de Michoacán, que viven bajo el control de grupos armados, y en las regiones serranas de Chihuahua, donde el crimen organizado sigue disputando territorios, economías y formas de vida.

También están en las familias que buscan a sus desaparecidos, en las comunidades que han pedido auxilio sin encontrar respuestas suficientes, y en los sacerdotes, líderes comunitarios, periodistas y personas defensoras asesinadas por acompañar a sus pueblos o resistir dinámicas de violencia y control territorial.

Los que cambian son los territorios, lo que permanece es el sufrimiento de comunidades enteras que con frecuencia enfrentan la violencia sin la atención mediática, la solidaridad nacional y el acceso a la justicia. 

Tener paz no significa contener la violencia

La experiencia de la Sierra Tarahumara muestra que la violencia no puede atenderse únicamente desde una lógica de seguridad ni resolverse solo con el despliegue de cuerpos castrenses. Cerocahui no ocurrió en un vacío: durante décadas, sus comunidades han enfrentado pobreza, desplazamiento, despojo territorial, falta de servicios básicos y una débil presencia institucional. La violencia encuentra terreno fértil allí donde se debilita el tejido comunitario y persisten condiciones de exclusión y abandono.

Por ello, hablar de paz exige mucho más que contener la violencia, implica fortalecer comunidades, garantizar derechos para todas las personas, generar oportunidades acordes con las necesidades de las juventudes y reconstruir la confianza en las instituciones.

Ese ha sido uno de los principales aprendizajes que dejó Cerocahui: la paz no llegará únicamente desde las estructuras gubernamentales ni desde acciones aisladas, sino de la participación de comunidades, escuelas, universidades, organizaciones sociales, iglesias, colectivos de víctimas y ciudadanía organizada. En ese horizonte se inscribe el Diálogo Nacional por la Paz, una apuesta de largo plazo para reconstruir el tejido social desde los territorios y reconocer que la paz es una responsabilidad compartida.

Cuatro años después, hacer memoria de Cerocahui sigue siendo una tarea pendiente. No solo para recordar a Javier Campos, Joaquín Mora, Pedro Palma y Paul Berrelleza, sino para asumir la responsabilidad colectiva de transformar las condiciones que siguen haciendo posible otros Cerocahui en México.

Porque ninguna persona ni comunidad debería enfrentar sola el peso de la violencia y porque la paz solo será posible cuando nadie quede fuera del horizonte de la justicia y la dignidad. ♦