Cuarenta y seis años de impunidad

Este 25 de agosto se cumplen cuarenta y seis años de la detención ilegal y desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco a manos del Ejército Mexicano, cuarenta y seis años de sufrimiento para su familia por la ausencia y la incertidumbre de un cuerpo que no ha sido encontrado, velado… honrado.

La familia Radilla Martínez es una de cientos de familias en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y de las miles de familias en este país que tienen una herida abierta por las voces acalladas de quienes aman, pero también por la injusticia que abona al dolor y al sentimiento de desamparo de la ley y ante la ley.  Sabemos que el Ejército Mexicano fue el responsable de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, pero en su conjunto, el Estado Mexicano ha sido responsable de la impunidad sistémica. Como gesta la canción, los desaparecidos desaparecen porque no todos somos iguales, a pesar de lo que diga el Artículo 1o Constitucional, la igualdad jurídica y la igualdad sustantiva parecen estar enemistadas ante en un sistema que, en muchos casos, en lugar de procurar justicia por igual, encubre a los perpetradores.

Rosendo Radilla Pacheco es un ciudadano al que se le violaron sus derechos. Aunque para gran parte del imaginario colectivo resulta fácil tachar de “maleantes” a las personas desaparecidas, se ignora que hablamos de personas, a quienes incluso se les negó la humanidad para describirlos como “paquetes”, tal es el caso de los desaparecidos de la Guerra Sucia.

A las víctimas, el Estado Mexicano les ha mostrado que, cuando la represión es aliada a larga data de la impunidad no hay Constitución Mexicana ni Convención Interamericana que los proteja. A cuarenta y seis años de la desaparición del señor Radilla, quienes han ostentado el poder han obstaculizado la justicia encubriendo a los responsables, quienes gozan de la impunidad y del silencio de un sistema corrupto.

En 2001, Vicente Fox emitió el decreto presidencial por el cual fue creada de la Fiscalía Especial para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales, Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que operó de 2001 a 2007 dentro de la estructura de la Procuraduría General de la República (PGR) , la cual tenía como objetivo la verdad y la justicia para los crímenes del pasado; sin embargo, la realidad es que la FEMOSPP protegió los intereses de las cúpulas políticas y militares. Es relevante mencionar que la entonces PGR estaba dirigida por el Rafael Macedo de la Concha, que ostentaba también el rango de General de Brigada, donde se vislumbraba un marcado conflicto de intereses.

En 2005 la familia Radilla Martínez con apoyo de la AFADEM y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos (CMDPDH) encontró una opción ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para buscar la justicia que el Estado Mexicano les había negado.

Mientras el caso era sustanciado en el Sistema Interamericano, en el 2007 el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa reutilizó la estrategia de recurrir al ejército para tareas de seguridad pública. En coherencia, Mario Arturo Acosta Chaparro Escapité, el único responsable vivo imputado por las desapariciones, fue exonerado de todos los cargos de narcotráfico, secuestro y asesinato de personas en y también fue condecorado, al igual que Francisco Quiroz Hermosillo, quien ya muerto obtuvo exoneración y condecoraciones póstumas.  No es realista la versión que solo estos dos hombres llevaron a cabo las desapariciones y ejecuciones, pero sí se tiene fundamentado que eran parte de éstas y que debían ser juzgados y condenados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el 23 de noviembre de 2009 la sentencia Rosendo Radilla Pacheco Vs.  México, la cual responsabiliza al Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla. El gobierno mexicano trató de negar el carácter vinculante de la sentencia defendiendo el fuero de guerra, además de asegurar que los hechos ocurridos en agravio de Rosendo Radilla habrían prescrito y que se trataban de un hecho aislado ¿Cómo habría aceptar Calderón acusaciones contra quienes él había posicionado como los pilares de su guerra?

Finalmente, el Estado tuvo que aceptar su responsabilidad y modificar las leyes para que los militares pudieran ser juzgados en tribunales civiles, pero no ha existido imparcialidad ni han sido juzgados por el caso Radilla.

En 2012 llegó a la presidencia Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido político autor intelectual y material de los crímenes en la Guerra Sucia, y continúo la simulación y a obstaculización. En lugar de encontrar reparaciones y garantías de no repetición, las víctimas, sus familiares y el pueblo de México sufrieron más violaciones a sus derechos humanos más poder y protección a las instituciones castrenses y policiales, es decir, mayor impunidad.

A casi dos años del inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es relativamente pronto para evaluar en su totalidad el trabajo que se ha hecho por el acceso a la justicia en el caso Rosendo Radilla Pacheco y para las miles de víctimas de desaparición forzada en México. Sin embargo, sí podemos cuestionar, qué tan promisorio puede ser el camino, cuando se le ha dado marco constitucional a las fuerzas armadas para operaciones en tareas de seguridad pública bajo un discurso en que, si el presidente es bueno, las instituciones castrenses lo serán.

No es 25 de agosto de 1974, ni estamos en Cacalutla, pero sabemos que el dolor y los gritos de justicia de la familia Radilla, y de miles, han sentado precedente en las normas de justicia de este país y en la lucha por la defensa de los derechos humanos y la igualdad.

Rosendo Radilla Pacheco ¡vivo se lo llevaron, justicia queremos!

@CMDPDH