blogeditor · 18 de marzo de 2013
Por: Guillermo Avila (@guillermoavilar)
Como ya sabemos, el diario Reforma publicó el miércoles 13 de marzo una nota en la que denunció el pago de 115 millones de pesos, por parte de la Cámara de Diputados – mediante la Junta de Coordinación Política y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios – por una app para proveer de información a las y los diputados. El primer cuestionamiento es, por supuesto, el monto de la contratación: de acuerdo con el mismo diario, el desarrollo de una aplicación tiene un costo máximo de 500 mil pesos. De igual forma, se cuestiona su pertinencia: ¿cuál es la necesidad de nuestras y nuestros representantes por la que se debe pagar 115 millones de pesos?
Lo que hay detrás es la ausencia absoluta de transparencia en el gasto de la Cámara de Diputados – tema del que nos ocupamos demasiado frecuentemente. En este caso, además, hablamos de la falta de justificación en la toma de decisiones: si las autoridades de la Cámara identifican necesidades– en el mejor de los casos, de acuerdo con estudios y evaluaciones –, tendrían que hacer público por qué consideran conveniente cubrirlas de manera externa.
A pesar de contar con los recursos para hacerlo, y de ser una obligación legal, la Cámara no publica en tiempo y forma los contratos que establece con proveedores ni, mucho menos, la justificación de los mismos, lo que es indispensable para poder evaluar la pertinencia de sus gastos. En Contratanet, el portal de adquisiciones del Congreso, no hay ninguno de 2013, por lo que consideramos oportuno revisar los de 2012 para poder comparar. Para ese año hay 151 registros: el monto mayor, de 79 millones de pesos, es el del contrato para renovar el sistema de votación en el Pleno. El segundo, de 42.5 millones, es el establecido con Metlife para el pago del seguro de gastos médicos mayores de las y los diputados de las dos legislaturas que coincidieron ese año. Es por ello que pensamos que los montos de los gastos deben ser indicadores de su relevancia.
De acuerdo con la aclaración que hizo Óscar Mendoza, el director de Análisis y Prospectiva de Pulso Legislativo, el pago anual de sus servicios – entre los que están la app famosa – es de algo más que 38 millones de pesos. Dado el monto, e insistiendo en que debe ser un indicador de la relevancia del contrato, habría que conocer cuáles son sus características: qué es exactamente el servicio y, principalmente, los criterios, las evaluaciones y el proceso de asignación.
La Cámara de Diputados cuenta con centros de estudio y otras áreas especializadas en el seguimiento del trabajo legislativo. Es por ello, entonces, que la necesidad del servicio no es evidente: ¿qué tipo de información provee para que la Junta de Coordinación Política la considere tan valiosa? Es cierto que, para hacer su trabajo, las y los congresistas, también consiguen información de fuentes externas a la Cámara de Diputados – expertos de la academia, de la sociedad civil, personas y grupos involucrados directamente en ciertos temas, agencias especializadas, cabilderos, etc. De nuevo: lo que no queda claro es el criterio para pagar tanto por esa información, lo que es indispensable para poder evaluar y argumentar si consideramos que ese gasto es justificado – como seguramente no lo es.
Una app, por sí misma, no es útil ni necesaria. Tal vez esos recursos podrían invertirse en los mismos servicios de información de la página de la Cámara: que sea accesible y “navegable”, que provea información útil y en formatos que faciliten su uso, que se adapte a cualquier formato y dispositivo electrónicos. Y esto nos remite, una vez más, a la evaluación del gasto: a partir la experiencia de Fundar y de muchas otras organizaciones trabajando para desarrollar plataformas y aplicaciones electrónicas tenemos la certeza de que, para su desarrollo, lo primero que se define es su utilidad pública y, principalmente, que los recursos económicos son un componente importante pero no definitorio. No se necesita gastar tanto para obtener estos resultados.
Por todo lo anterior, apoyamos por completo la iniciativa de Codeando México, quienes organizan un concurso que consiste en construir, en el transcurso de una semana, una aplicación de código libre que sustituya el proyecto de los 115 millones de pesos. De igual forma, nos parece que ésta sería una gran oportunidad para que las y los diputados, específicamente los coordinadores parlamentarios, rindan cuentas y atiendan esta inconformidad ciudadana: su involucramiento sería una señal contundente de que entienden y asumen el rol y la obligación que asumieron cuando les elegimos.
* Guillermo Ávila es investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
** Si quieres preguntar a tu representante sobre este asunto, aquí puedes saber quién es y preguntarle.