blogeditor · 11 de noviembre de 2022
Nos encontramos ante el porcentaje de gasto programable (el que se destina a bienes y servicios) para la niñez y la adolescencia más bajo de los últimos 10 años. A pesar de que ellas y ellos representan un tercio de la población del país, en 2023 se destina solamente el 15.1% de este gasto.
Como cada año, la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) atrae la atención de quienes quieren saber cómo se plantea repartir el gasto público entre las dependencias, órganos autónomos, programas sociales, proyectos de inversión y otros, siendo de mayor interés en la actual administración, los recursos que se destinarán a proyectos emblemáticos de infraestructura o a becas y apoyos económicos de todo tipo.
Sin embargo, durante esta discusión, se ha perdido de vista la inversión que se destina a la niñez y la adolescencia, a pesar de que esta influye directamente en el desarrollo presente y futuro del país. Se ha observado que una inversión adecuada en estas etapas favorece no solo el bienestar inmediato de las familias, sino también la cohesión, la productividad y el desempeño económico futuros de una sociedad. En otras palabras, una inversión adecuada y estratégica en favor de niñas, niños y adolescentes constituye la base para que los países avancen en su desarrollo social, inclusivo, sostenible, y puedan reducir la pobreza.
En este sentido, los esfuerzos realizados por el Estado mexicano hasta ahora han sido insuficientes para garantizar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes en México. Prueba de ello es el 49.6% que se encuentra en condición de pobreza (19.5 millones), el 14.3% que carece de servicios de salud y el 61.1% que adolece de acceso a la seguridad social. Esto, pese a que una de las mayores responsabilidades que tiene el Estado es garantizar que vivan en entornos protectores y de cuidado, que fomenten su desarrollo a través de políticas públicas que promuevan que todas y todos tengan las mismas oportunidades.
Uno de los más grandes fallos de la forma en la que se invierte en la niñez y adolescencia es que los recursos destinados se encuentran concentrados en el Anexo 18 “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes”, el cual mantiene en 2023 la tendencia de muy bajo crecimiento experimentada durante la última década. A ello hay que sumarle las reducciones presupuestarias en 2022 a programas clave para hacer frente a la agudización de las problemáticas que enfrentan, especialmente a partir de la pandemia, como el incremento de la violencia en casa, el rezago educativo, la deserción escolar, la falta de prevención y atención médica para enfermedades distintas al COVID-19.
En este contexto y como ejemplo, programas como el de Atención a la Salud y el de Medicamentos Gratuitos para la Población Sin Seguridad Social Laboral sufrieron recortes importantes de 2021 a 2022 (-43% y -31% respectivamente), incluso se han registrado subejercicios importantes, como los de los programas La Escuela es Nuestra, Becas Benito Juárez para Educación Básica y el Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, que durante el primer semestre de 2022 en conjunto sub ejercieron $24 mil 927 millones de pesos .
Para 2023, la inversión pública en niñez y adolescencia está sumida en claroscuros, ya que el Ejecutivo Federal propuso un incremento de $67 mil 718 millones de pesos, que representa un aumento del .4% en términos reales, y contrasta con el gasto que se destina a otros grupos poblacionales. Mientras que para la población de 0 a 4 años se plantean recursos equivalentes al 0.5% del PIB, para la población de 65 años o más se contempla destinar el 4.5%.
Esto llama la atención, pues el Gobierno de México ha reconocido en múltiples ocasiones la importancia de los primeros años de vida en el desarrollo de una persona e incluso puso en marcha intervenciones concretas como la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, la cual no puede desplegarse en su totalidad si los recursos con que cuenta son insuficientes para consolidar todas las acciones que contempla.
Por su parte, el dictamen del PPEF 2023, que actualmente discuten las y los diputados propone, propone un exiguo aumento de 74 millones de pesos al Anexo 18, pasando de $899 mil 447 millones a $899 mil 521, es decir un aumento del 0.008%.
Dicha suma debe garantizar los derechos de los más de 39 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en el país, esto quiere decir que se plantea invertir un promedio de $23 mil pesos por cada niña, niño y adolescente para la operación de políticas, programas, bienes y servicios de salud, educación, alimentación, vivienda, protección social, protección especial ante diversas vulnerabilidades y violencias, juego y esparcimiento, participación, acceso a la justicia y restitución de derechos, entre muchos otros.
Ante este panorama, el papel de las y los legisladores durante la discusión de las reservas al dictamen del PPEF 2023 es crucial, pues son quienes tienen la facultad de redirigir los recursos allá donde son más necesarios, está en sus manos materializar una inversión pública que permita avanzar con contundencia en la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia.
Por esto, desde Save the Children presentamos propuestas de incremento al presupuesto, asignando recursos adicionales a programas estratégicos para el bienestar de niñas, niños y adolescentes, particularmente en áreas como salud, educación, trabajo infantil y niñez en movilidad, con el fin de que las y los diputados etiqueten mayores recursos a acciones que permitan ampliar la cobertura y capacidad de estos programas.
Asimismo, hacemos un llamado a las y los legisladores para dar seguimiento puntual al ejercicio de los recursos que se aprueben para 2023, con el fin de evitar la presencia de subejercicios o prácticas que vulneren los derechos de la niñez y la adolescencia, permitiendo ejercer un presupuesto suficiente, eficiente y transparente, que garantice las mejores condiciones para la niñez y adolescencia en México.
* Save the Children (@SaveChildrenMx) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
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