¿Cuánto debe costar la extorsión?

 

Por: Lilian Chapa Koloffon, Colaboradora de México Evalúa

 

Un Tribunal de Juicio Oral en Chihuahua sentenció a dos hombres de 25 y 23 años de edad a cadena perpetua la semana pasada por el delito de extorsión con penalidad agravada: la primera en el país por este delito. Ambos, con la complicidad de un taxista que la hacía de su chofer exigían a la dueña de una tienda de abarrotes 300 pesos a la semana a cambio de no matarla a ella y a su familia. Hiram Humberto Castañeda y Erick García Ahumada fueron detenidos en noviembre de 2010 al momento de realizar el cobro de la extorsión. Todavía no llegaban a la mitad de su vida y ya están condenados a pasar el resto de ella privados de su libertad.

La prisión vitalicia para extorsionadores en Chihuahua es producto de la reforma al Código Penal aprobada ese mismo año, el 22 octubre, por iniciativa del entonces gobernador entrante César Duarte Jáquez. De hecho, fue en su discurso de toma de posesión cuando el priísta propuso castigar con cadena perpetua la extorsión, el secuestro y el asesinato a sueldo (para castigar el sicariato).

Días más tarde, al presentar la iniciativa formal al Congreso, el gobernador anunció que la propuesta incluiría también a homicidas de periodistas y de servidores públicos. Los diputados locales aprobaron la propuesta por unanimidad.

La extorsión en Chihuahua ha dejado una estela de víctimas y afectaciones económicas de consideración.

De acuerdo con el Índice de Víctimas Visibles e Invisibles de Delitos Graves (IVVI) que México Evalúa presentó en agosto pasado a partir de la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en todo el sexenio de José Reyes Baeza (2004-2010) el promedio mensual de víctimas de extorsión fue de 16.4, mientras que el de víctimas invisibles o indirectas (familiares directos) fue de 43.16.

En cuanto a los primeros ocho meses de la administración de Duarte (de octubre de 2010 a mayo de 2011), ya con la reforma en vigor, el IVVI reportó un promedio mensual de 30.9 víctimas directas de este delito grave y 80.3 indirectas. En este punto cabe señalar que cerca del 90% de las extorsiones no se denuncia, por lo que están fuera de estos registros.

Después de sufrir una extorsión, la víctima frecuentemente sufre de estrés postraumático y, de acuerdo con un estudio del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), puede seguir siendo acosada por los delincuentes, ocasionándole un miedo permanente que lo orille a cambiar de trabajo, de domicilio o perder su negocio. Es por eso que los programas de atención a víctimas de este delito incluyen el trabajo de psicólogos, médicos, abogados y trabajadores sociales.

Ese año, ni los presidentes municipales se salvaron de ser objeto de este delito. El reportero Humberto Padgett narró en un reportaje en la revista Emeequis:

El teléfono celular en Chihuahua es una cajita de terrores que ya bien conocen los presidentes municipales. Por eso, la voz que escuchó Félix Altamirano, alcalde de Bachiniva, era una descarga eléctrica.

–Me das 30 millones de pesos o te mato. Primero a ti y luego a tu familia –le dijeron hará cosa de dos meses.

–Pues necesito dejarte la presidencia, porque de dónde saco tanto dinero. Si gustan venir por la presidencia, vengan y llévensela. Yo qué les voy a dar –respondió Altamirano.

Por esos mismos días sonó el teléfono del presidente municipal de San Francisco de Conchos.

–¿Armando Hidalgo?

–A sus órdenes.

–Me das 800 mil pesos o te mato, cabrón.

–Pues vénganse para dárselos –contestó con la garganta comprimida.

–Ahorita vamos por ti, vamos ya llegando –le dijeron–. Colgaron.

Armando subió a su esposa e hijo a la camioneta y aceleró a la ciudad de Chihuahua. Regresaría azorado dos o tres días después al pueblo que le tocó gobernar.

 

Las autoridades mencionadas concluyeron su trienio en 2010, pero las declaraciones de Isaías Portillo, entonces Presidente Municipal de Valle de Zaragoza al mismo reportero, daban cuenta de la gravedad de la situación en el estado:

 

“Salimos de casa y no sabemos si tenemos la oportunidad de regresar vivos. La gente demanda paz, pero ni nosotros mismos la tenemos. No sabemos lo que es el día de mañana. (…) No hay seguridad ni para los agentes de seguridad pública, porque a lo largo y ancho de las ciudades matan a los agentes. ¿Qué seguridad puede tener uno si estamos mucho más abajo y somos de municipios mucho muy pequeños? Los municipios chicos contamos con diez o 14 de policías. Nosotros tenemos 12, ¿qué vamos a hacer?”

 

Por el lado de la afectación a la economía local, en el primer cuatrimestre del año el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Ciudad Juárez, Adolfo Hernández Ruiz, reportó que desde 2008, cerca de 5 mil negocios habían cerrado de manera definitiva debido a la violencia y principalmente a causa de este delito. Esto quiere decir que hay que sumar la pérdida de puestos de trabajo al costo que paga la sociedad a consecuencia de la extorsión.

Aunque está claro que Chihuahua no es la única entidad con esta problemática, en este caso, la decisión de castigar a quienes cometan este delito con prisión por lo que les reste de vida es una prerrogativa del Estado en respuesta a la magnitud del daño infringido a la población.

Si por un momento se le considera una medida desproporcionada, como le ocurrió en un inicio a la autora de estas líneas, vale la pena recordar una crítica del sociólogo y filósofo Aurelio Arteta contra posturas encaminadas a desarmar al Estado aunque no logren desarmar a los criminales. Y es que en la situación que atraviesa México, elevar la severidad de las penas es una de las “armas” con las que cuenta el Estado para hacerle frente al crimen.

Sin embargo, no debemos olvidar que la capacidad de disuasión de cualquier pena (severa o no), se diluirá ante las tasas de impunidad* que nos laceran: en 2010, por ejemplo, el 80% de los homicidios dolosos quedó sin castigo. Necesitamos urgentemente un sistema de procuración de justicia mucho más eficaz o no habrá pena que pueda tener efectos en la incidencia delictiva.

Sólo midiendo adecuadamente el fenómeno delictivo será posible contar con una mejor respuesta gubernamental, por lo que en México Evalúa habremos de seguir de cerca la evolución de la extorsión en Chihuahua y en el resto del país.

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*Actualización: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 del INEGI reportó que en el 92% de los delitos cometidos en 2010, no se inició una averiguación previa.