¿Cuánto cuesta la aprobación presidencial?

Por: Eduardo Reyes (@eduardoreyesc)

Tan sólo 20 % de los ciudadanos de este país aprueba la gestión del presidente Enrique Peña Nieto de acuerdo con la última encuesta de Reforma. Si bien es un dato que no debería enorgullecer a nadie en este gobierno, de enero a julio ese porcentaje creció 8 %, lo que seguro levanta un poco el ánimo y alienta a presumir más activamente los innumerables logros de la administración. Así que prepárese para una tormenta de propaganda y autoelogio en las siguientes semanas. Entre el informe de gobierno y las giras de los integrantes del gabinete que aspiran a la candidatura presidencial, escuchará usted toda clase de buenas noticias sobre un país que apenas reconocerá. Al respecto me surge una pregunta un tanto obvia, ¿cuánto cuesta incrementar en unos puntos la aprobación del Presidente? Le adelanto la conclusión a la que he llegado, al gobierno le cuesta poco y a usted le cuesta el doble de mucho. Ahora me explico.

Detrás de este esfuerzo de comunicación gubernamental está, antes que nada, el instinto de supervivencia política de un Presidente que en el quinto año de su gestión se cobijará en el discurso de que el origen del entorno de indignación, y de la desaprobación de su gobierno, reside en un problema de comunicación: no se ha llevado a la ciudadanía los mensajes de los beneficios que este ejemplar gobierno ha propiciado. Y ciertamente talento en comunicación no les ha sobrado, inolvidables episodios dan cuenta de ello, desde el “ya me cansé“ del entonces procurador Murillo Karam, hasta el más reciente “indemnización por el mal rato” del todavía secretario Ruiz Esparza. Sin embargo, asumir que el problema es de comunicación es simplemente buscar legitimidad en el lugar equivocado. Cinco años de ausencia de gobierno y de agravios a la sociedad en diversos frentes son el verdadero problema. Difícil pensar que la aprobación del Presidente pudiera crecer de manera significativa en este contexto.

Lo cierto es que el Gobierno de la República cuenta con herramientas para intentar posicionarse ante la ciudadanía. Tan sólo en sus primeros cuatro años este gobierno habría gastado 34 mil millones de pesos de acuerdo con las cifras de Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública reportadas recientemente por Artículo 19. Ante estos números es natural intuir que no hay presupuesto de comunicación social que salve a un gobierno de su mal desempeño -por lo menos a mí me gustaría pensar eso. Sin embargo, sería ingenuo asumir que tal cantidad de recursos no tienen un impacto en la opinión de la población. La tiene, si bien en algún punto su impacto sea marginal o, incluso, contraproducente considerando elementos de saturación y credibilidad.

Por otro lado, a cualquiera que resulte el candidato del PRI le vendría bien no cargar con un Presidente tan impopular, ni haber sido parte de una administración tan cuestionada (no es de gratis que el 80% de los mexicanos quiera un cambio en el partido de gobierno, de acuerdo con la encuesta de Reforma). Por lo que aun cuando el techo de aprobación del Presidente fuera cercano al 20% que hoy posee y aun cuando no esté clara la utilidad de los recursos destinados a su promoción, se puede esperar naturalmente que ésta sea la prioridad de la administración en las siguientes semanas y meses.

Regresando a la pregunta inicial, ¿cuánto cuesta incrementar en unos puntos la aprobación del Presidente? Eso es algo que quizá sólo a mí y a usted que me lee nos preocupe, porque le aseguro que nadie en el gobierno le quita el sueño, ¿por qué? Porque lo que sea es poco para el gobierno. Es poco porque no hay consecuencia alguna por despilfarrar recursos públicos en mejorar la imagen de un gobierno tan legítimamente mal calificado (cosa que el presidente Peña había prometido regular hace cinco años cuando la publicidad oficial estaba en su agenda, pero lo luego olvidó convenientemente). Y es poco porque no estar en el poder puede tener todo tipo de consecuencias indeseables, desde pagar casa a precios de mercado hasta aguantar el clamor porque se regrese lo robado como se ha visto en algunos estados. La cosa es no perder pues, y para lograrlo, se vale todo, así sea cobrarle doble al ciudadano desde el gobierno, primero por su mal desempeño y luego para mejorar su imagen… Un trabajo difícil que todo gobierno en México está dispuesto a hacer.

* Eduardo Reyes es consultor en comunicación estratégica y asuntos públicos.