¿Cuánto cuesta expulsar a los migrantes?

Por: Diego de la Mora, investigador en el área de Presupuestos y Políticas Públicas.

El modelo que ha implementado el gobierno federal mexicano para atender a las personas que quieren cruzar nuestro país para llegar a Estados Unidos es defectuoso y obsoleto. No destina suficientes recursos para garantizar los derechos humanos de los cientos de miles de personas en tránsito cada año y básicamente consiste en detenerlas y expulsarlas.

El Instituto Nacional de Migración (INM) es la instancia encargada de gestionar este fenómeno. Aunque tiene cinco objetivos estratégicos, la mayoría de sus recursos presupuestarios se utilizan en regular, controlar y verificar a las personas que se internan en nuestro país. El proceso para controlar la migración empieza con la detención de una persona en tránsito, a la cual se le priva de la libertad (se le “asegura” o “aloja” según la terminología del INM) en una estación migratoria y termina cuando esa persona es deportada o expulsada de México (“devuelta a su país”) o decide repatriarse voluntariamente.

En 2007, según una auditoría de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, fueron repatriados o detenidos en estaciones migratorias 128,298 indocumentados. El presupuesto del INM para ese año fue de $1,466 mil millones de pesos y el que se destinó a los Grupos Beta, el único programa de dicho instituto dirigido a proteger a las personas migrantes, fue de $95.9 millones de pesos.

Si dividimos ambos presupuestos entre el número de personas migrantes detenidas y expulsadas, tenemos que el INM se gastó un promedio de $ 6,430 pesos por cada persona que detuvo o expulsó del país y únicamente $748 pesos para proteger a cada una. Es decir, unos 65 centavos para garantizar sus derechos humanos por cada diez pesos que destinó a detenerles y expulsarles.

En 2009 las cifras son aún más contundentes: el presupuesto ejercido por el INM fue de $2,451.2 millones de pesos y el de los Grupos Beta disminuyó a 22.6 millones de pesos. Ese año, se detuvieron o repatriaron a 122,166 personas. Por cada diez pesos destinados a detener o repatriar personas migrantes se gastó menos de un centavo en protegerlas.

En México, a las personas migrantes no se les permite ejercer sus derechos humanos más básicos (como el derecho a la salud o a un debido proceso) y siguen siendo tratados como delincuentes aún después de la reforma que despenalizó la migración en 2008. El contraste entre el lenguaje respetuoso de derechos humanos en el discurso y los diversos documentos gubernamentales con la asignación de recursos refleja que las prioridades del gobierno están lejos del respeto a los derechos humanos de los transmigrantes.

Incluso con la iniciativa que se discute en el Senado, que crearía una Ley de Migración y mejoraría sustancialmente el marco normativo actual, la política centrada en repeler a las personas seguirá siendo el eje del gobierno mexicano mientras no cambie la visión cerrada y restrictiva sobre el movimiento global de personas.