Cuando les estudiantes se vuelven defensores

Les estudiantes en México y la región nos han hecho soñar con otros mundos posibles, nos han inspirado para seguir y nos han permitido continuar imaginando un futuro mejor. Los movimientos estudiantiles, históricamente, han abierto espacios para la movilización que tienen el potencial de transformar la realidad e incidir estratégicamente. Asimismo, estos movimientos han formado a generaciones enteras de personas defensoras de derechos humanos, como producto del incansable trabajo de les estudiantes para defender sus derechos frente a la arbitrariedad.

En los últimos días, distintas universidades mexicanas han estado asediadas y amenazadas desde las esferas del poder político y económico; frente a ello, son les estudiantes quienes han puesto el cuerpo y el espíritu en defensa de sus derechos. Las distintas violencias que han vivido en el contexto escolar les han llevado a convertirse en estudiantes que, al mismo tiempo, ejercen activamente una labor de defensa de derechos humanos. Hoy, les estudiantes del CIDE —como también lo han hecho estudiantes del ITAM, la UNAM y muchas otras— han decidido emprender una defensa de su derecho a estudiar en un espacio incluyente, libre de toda forma de violencia y de injerencias indebidas y arbitrarias.

Más allá de la profunda admiración y respeto que sentimos por la lucha estudiantil, consideramos que es fundamental reconocer que sus acciones no solo son válidas y necesarias, sino que el Estado tiene la obligación de protegerlas y respetarlas. Por ello, hoy dedicamos nuestro espacio en Animal Político para solidarizarnos –como organización de derechos humanos que acompaña otros casos de derecho a la protesta social y reducción del espacio cívico– con la comunidad estudiantil que está en la lucha.

En el marco del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, el 29 de noviembre de 2021, la comunidad estudiantil decidió recuperar las instalaciones del CIDE y manifestarse ahí contra la arbitrariedad. Sin embargo, la respuesta del Estado fue cerrar las instalaciones (incluyendo espacios interiores) y, eventualmente, cortarles el internet. Además, se destituyó a personal administrativo que buscó garantizar la seguridad de les estudiantes. Más aún, la persona designada para sustituir a la persona destituida acudió escoltado al CIDE para exigir que se le permitiera la entrada. Ante la negativa de les estudiantes, este funcionario aseguró que tomarán las medidas pertinentes para lograr su acceso a las instalaciones del CIDE, en un acto claramente intimidatorio.

Estos hechos nos muestran que el Estado mexicano no solo es profundamente incongruente con el discurso de respeto a los derechos humanos que aseguran mantener en la política exterior y multilateral, sino que deliberadamente ha optado por incurrir en las mismas prácticas que ya han sido condenadas en el pasado. Por ejemplo, el 24 de febrero de 2021, distintos mandatos temáticos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas transmitieron un llamamiento urgente al Gobierno de México para expresar su más profunda preocupación porque autoridades estatales tomaron la decisión de suspender el servicio de internet, cerrar el acceso a las instalaciones de un inmueble que debería ser de acceso público y cortar servicios públicos, en el contexto de una protesta social contra la violencia de género.

En dicho llamamiento, expertas independientes de Naciones Unidas le recordaron al Estado mexicano que —por el hecho de ser parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— tiene ciertos “deberes positivos” para facilitar las reuniones pacíficas y hacer posible que las manifestantes logren sus objetivos; en ese sentido, señalaron con claridad que el Estado tiene la obligación de promover un entorno propicio para que se pueda ejercer el derecho de reunión pacífica, aun cuando eso implique adoptar medidas específicas al caso concreto.

En el mismo sentido, las expertas independientes señalaron que las resoluciones 68/181 y 72/247 de la Asamblea General de las Naciones Unidas instaron a los Estados a “crear un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos” y, especialmente, “proteger a las defensoras, respetar y apoyar sus actividades, condenar y prevenir las violaciones y abusos de sus derechos humanos, así como la violencia y la discriminación contra ellas”.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha coincidido con lo anterior al señalar que “es deber del Estado no sólo crear las condiciones legales y formales, sino también garantizar las condiciones fácticas en las cuales los defensores de derechos humanos puedan desarrollar libremente su función”. Asimismo, la Corte IDH señala que estas medidas incluyen “facilitar los medios necesarios para que las defensoras y los defensores que denuncian violaciones de derechos humanos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; generar las condiciones para la erradicación de violaciones por parte de agentes estatales o de particulares; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor”, etc.

En ese sentido, la Corte ha señalado que “la prevalencia de los derechos humanos en un Estado democrático se sustenta, en gran medida, en el respeto y la libertad que se brinda a las personas defensoras de derechos humanos en sus labores”, pues “la defensa de los derechos humanos sólo puede ejercerse libremente cuando las personas que la realizan no son víctimas de amenazas ni de cualquier tipo de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento.”

Este marco normativo nos permite concluir que la forma en que se han conducido las autoridades estatales frente a la protesta estudiantil ya supone, en sí misma, que el Estado mexicano —en su conjunto— ha incurrido en responsabilidad internacional y constitucional por violación a los derechos humanos a la libertad de expresión y manifestación, así como al derecho a defender derechos humanos. Aun frente a este escenario de asedio e indolencia, les estudiantes del CIDE han asumido que —a pesar de la negativa a tener un diálogo franco y constructivo por parte de las autoridades, y aun frente a los actos intimidatorios del personal directivo— cruzar los brazos ante la arbitrariedad significaría, en buena medida, renunciar al futuro.

Con dignidad, inteligencia, resistencia y unidad, les alumnes del CIDE han emprendido la defensa de sus derechos y, con su ejemplo, buscan asegurar un futuro de respeto a las reglas básicas del juego democrático y al marco constitucional. Sin duda, un presente en el que las generaciones en formación deciden no ceder ante el atropello augura un futuro de esperanza. Hoy les estudiantes del CIDE nos dan una lección de resistencia y nos mueven a acompañarles solidariamente; las organizaciones de la sociedad civil tenemos un llamado a no dejarles solxs y a caminar a su lado, respetando siempre su liderazgo y su iniciativa. Desde la Comi, les admiramos y les abrazamos en estos momentos de lucha.

@CMDPDH