Cuando la lucha por la verdad, justicia y reparación necesitan escolta

México es un país de claroscuros en lo que al derecho a defender derechos humanos se refiere; por un lado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobaba el pasado 9 de julio, con 29 votos a favor, la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, que incorpora un enfoque orientado a garantizar a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas que se encuentran fuera de su lugar de origen a consecuencia de la violencia de la que fueron o podrían ser potenciales víctimas, condiciones de vida digna para continuar ejerciendo su labor en el Distrito Federal.

De esta manera, la Ley reconoce al Distrito Federal como ciudad receptora de personas defensoras y periodistas en riesgo y toma medidas ante esta realidad que ha rebasado a las diferentes administraciones en los últimos años y dejado en la indefensión a las poblaciones desplazadas por el ejercicio legitimo de su lucha por la verdad, justicia y reparación.

[contextly_sidebar id=”AHaDPqXoIWGDZZfNIIMMJYSAho85RUSo”]Por otro lado, en días recientes, funcionarios de alto nivel esgrimían justificaciones que podrían causar confusión respecto a que los derechos humanos suelen ser un obstáculo en la implementación de políticas de seguridad. Sin pensarlo, estas expresiones –desafortunadas-, colocaban en riesgo, sin retorno, vidas de personas defensoras de derechos humanos, exponiéndolas a sufrir amenazas e incluso a que una acción “quizás” inocente, pueda costar el desplazamiento de su región de origen o incluso la vida a quienes realizan una labor imprescindible para la democracia y justicia social.

Según diversos expertos en protección, cada declaración pública contraria a los derechos humanos aumenta el riesgo a un ataque y cuanto más alto es el grado del funcionario o funcionaria que las realiza mayor es el peligro que enfrentan.

México necesita una estrategia de seguridad que ponga en el centro la defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente, el reconocimiento de la labor que realizan defensoras y defensores. Se ha impulsado mucho para que el Mecanismo de Protección federal incorpore el reconocimiento público de la labor como medida de protección y sólo hemos visto algunas buenas experiencias frente a un gran listado de malas prácticas.

El reconocimiento al más alto nivel de la labor de las y los defensores busca aumentar las capacidades al interior de sus comunidades y disminuir la criminalización de la que son objeto cada vez que su labor se pone en entredicho.

* Amnistía Internacional (@AIMexico) es un movimiento global de más de 7 millones de simpatizantes, miembros y activistas en más de 150 países y territorios que hacen campaña para poner fin a los graves abusos que se cometen contra los derechos humanos.