Cuando la impunidad escribe la historia de la represión estatal

Los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo se autodescribían como gobiernos nacionalistas defensores de la Revolución Mexicana, además de amigos del régimen comunista de Fidel Castro en Cuba, con acciones de gran influencia a nivel regional como la invitación de Echeverría a Salvador Allende en 1972, la ruptura de relaciones en 1974 con el régimen militar chileno como postura ante el golpe de Estado de septiembre de 1973, y los discursos de paz social y la Ley de Amnistía de 1978. A pesar de sus discursos de izquierda, el Estado buscó exterminar al enemigo ante cualquier sospecha de disolución social 1, “alteración del orden”, amenaza de “sedición” o de disidencia comunista, agrarista o acción contraria a los designios del PRI y del presidente en turno. Para estas acciones de represión e impunidad encontramos como actores claves a la Dirección Federal de Seguridad (DFS), al Ejército y a la Presidencia de la República.

Tras la partida de Echeverría, en la época del presidencialismo puro 2, continuó la estrategia sistemática de represión y brutalidad contra el enemigo interno del momento; en particular, contra la Liga Comunista 23 de Septiembre y otros movimientos armados y sociales. La acciones contra la disidencia se caracterizó tanto por la fabricación de delitos, como por detenciones arbitrarias, la tortura y tortura sexual como armas de guerra. Entre algunos de los centros de tortura, detención y ejecución se han documentado las “celdas negras” del Campo Militar 1, la Prisión Militar Adscrita a la Tercera Región Militar en Mazatlán, Sinaloa, o a la Prisión Militar adscrita a la Quinta Región Militar en La Mojonera, Jalisco 3, la Base Aérea de Pie de la Cuesta, la Base Naval de Icacos 4, en Guerrero, así como la Base Aérea Militar de Santa Lucía. También las instalaciones de la DFS 5 en la calle de Morelia en la colonia Roma Norte y en los sótanos de Tlaxcoaque ubicados en la delegación Cuauhtémoc, en la actual Ciudad de México así como la prisión de Lecumberri 6. 

A lo largo de los años, han salido a la luz hechos atroces cometidos contra integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, como son  los caso de violaciones graves a los derechos humanos de Ramón Galaviz Navarro 7, Martha Camacho, Alicia de los Ríos 8, Jesús Piedra Ibarra 9, entre otros. Los mecanismos de represión revelan, de manera incontrovertible, que el Estado buscó exterminar, a toda costa, a una disidencia política que aspiraba a transformar la realidad social a través de ideales revolucionarios. 

La participación del Ejército en la represión y el exterminio de la disidencia se puede observar en el proceso del exsoldado Zacarías Osorio, adscrito al Batallón de Paracaidistas Fusileros y miembro de la Brigada Blanca de 1977-1985 10, al solicitar asilo al gobierno de Canadá. Su proceso legal comienza con las declaraciones cuando asegura que desertó del Ejército porque ya no quería seguir matando civiles, en donde se enfatizó que muchos eran campesinos de Guerrero 11 y jóvenes de la Liga Comunista 23 de Septiembre 12.

También este testimonio confirma que, desde varios puntos del país, el Ejército llevó un sinnúmero de detenidos al Campo Militar 1, en la Ciudad de México, en donde les torturaban en celdas subterráneas asignadas para los civiles dentro de la prisión militar.  El exsoldado declaró también que de esas celdas sacaban a los detenidos para trasladarlos vía terrestre a San Miguel de los Jagüeyes o a San Juan Teotihuacán, en el Estado de México, que corresponden a campos de tiro del Ejército adscritos al Campo Militar 37 en el Estado de México. Una vez estando ahí, los detenidos fueron rafagueados con morteros, ametralladoras, y por armas de calibre 7.62 y los “magazines de 20 tiros” quedando sus cuerpos destrozados. Osorio aclaró que él solo recibía órdenes que venían de la Brigada Blanca, pero que estas acciones eran instruidas por los altos mandos del Ejército y la Fuerza Aérea. 

A prácticamente 50 años de los hechos, la impunidad ha escrito la historia. Hoy, gracias al incansable esfuerzo de las familiares de las víctimas, tenemos nombres de responsables directos y ejecutores, como Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo, Gutiérrez Barrios, Nassar Haro, García Paniagua, Luis de la Barrera o Arturo Durazo; sin embargo, la justicia parece nunca haber logrado alcanzar a la historia. 

Aun cuando han transcurrido cerca de 50 años ninguna persona ha sido efectivamente juzgada y sancionada por los crímenes atroces perpetrados contra los militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Durante este tiempo, víctimas y perpetradores han sucumbido ante el paso del tiempo. El Estado le ha apostado al desgaste y al olvido, a que el tiempo borre las huellas de la represión, sin que la justicia alcance a aquellos que no han dejado de buscarla ni un solo día.

Esto es particularmente preocupante pues, como sostiene Martha Minow, “(e)n ausencia de respuestas colectivas frente a las atrocidades masivas, a las víctimas no se les ofrece siquiera el reconocimiento mínimo (…) En ausencia de una respuesta colectiva, la deshumanización que precede y acompaña a la violencia queda impune e intacta. En ausencia de respuestas colectivas, los individuos quedan, como algunos lo describen, o bien con demasiada memoria, o bien con demasiado olvido” 13.

La persecución hacia la Liga Comunista 23 de Septiembre nos deja entrever que el aparato estatal puede ser muy fuerte para reprimir y exterminar y, al mismo tiempo, sospechosa y selectivamente débil para perseguir a los responsables de las atrocidades. En un escenario en donde el Estado ha permitido que la impunidad escriba la historia, se realiza un deber ético de memoria. Como sostuvo el juez Antonio Cancado Trindade, “(e)s nuestro deber, de los que aún vivimos, resistir y combatir el olvido, un lugar tan común en estos tiempos efímeros y post-modernos. Los muertos precisan nuestra lealtad, dependen totalmente de ella”; 14 “(c)omo no se puede cambiar el pasado, el cumplimiento del deber de memoria es no solo el rescate de una deuda (individual y social) con las víctimas fatales, sino además una medida de garantía de no repetición de las graves violaciones de los derechos humanos. El deber de memoria es, en realidad, un imperativo de justicia y dignidad” 15.

Por nuestros muertos/as, nuestros desaparecidos/as y torturados/as, ¡ni perdón, ni olvido! ¡Justicia!

@CMDPDH

 

1 Martínez,  Isaac (2020) El delito de disolución social: una arma ad hoc al regimen autoritario mexicano: análisis del Amparo en Revisión 2835/60  Disponible aquí.  Recuperado 20 de julio de 2022.

2 Hay divergencias en las fechas de inicio y término de esta etapa vista como hegemónica en relación al poder que ejercía el Partido Revolucionario Institucional en el control de todas las aristas de poder en México, Algunas autoras y autores consideran su inicio desde 1936 con el cardenismo, y otras figuras de 1917 en el marco de la Constitución, versión a la que nos apegamos ya que marcó el fin del Maximato. El término de esta etapa resulta todavía más difícil, pero coincidimos con la visión de Jorge Carpizo quien consideraba al régimen de López Portillo como “presidencialismo puro” en su artículo de 1978. Carpizo, Jorge (1978)  México Presidencialismo Puro. El Presidencialismo Mexicano. México Siglo XXI. UNAM. disponible aquí. Recuperado 20 de julio de 2022.

3 The National Security Archives (2006) Informe Documenta sobre 18 años de “Guerra Sucia” en México. Disponible aquí. Recuperado 20 de julio de 2022.

4 Gamiño, Rodolfo  (2017)  Fuerzas armadas, contrainsurgencia y desaparición forzada en Guerrero en la década de los sesenta y setenta.  Disponible aquí. Recuperado 20 de julio de 2022.

5 De los Ríos Merino, Alicia (2015)  “Se mataban entre ellos”. El rumor y la desconfianza: dos armas en la contrainsurgencia del México de los años 1970 Revista Tempo e Argumento, vol. 7, núm. 16, pp. 129-153, 2015 Universidade do Estado de Santa Catarina. Disponible aquí.

6 López, Mónica (2018) El archivo de la Dirección Federal de Seguridad una fuente para escribir la historia  de la segunda mitad del siglo XX en México Disponible aquí. Recuperado 20 de julio de 2022.

7 Camilo Vicente Ovalle, “[El tiempo suspendido] Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980, disponible aquí. 

8 CENTRO PRO (2021) Alicia de los  Ríos. Disponible aquí. Recuperado 20 de julio de 2022.

9 (CNDH, 2021) Rosario Ibarra de Piedra pionera de los derechos humanos y la paz. Disponible aquí. Recuperado 20 de julio de 2022.

10 Maza, Enrique, 1993. Obligado a matar. Disponible aquí. Recuperado 20 de julio de 2022

11 Gamiño, Rodolfo  (2017)  Fuerzas armadas, contrainsurgencia y desaparición forzada en Guerrero en la década de los sesenta y setenta. Disponible aquí. Recuperado 20 de julio de 2022.

12 Ibid.

13 Martha Minow, “Memoria y odio: ¿se pueden encontrar lecciones por el mundo?”, en Justicia Transicional, (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, 2011), 85.

14 Corte IDH, Voto Razonado del Juez A.A. Cançado Trindade, Caso Comunidad Moiwana vs. Surinam, párrafo 93.

15 Corte IDH, Voto Razonado del Juez A.A. Cançado Trindade, Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, párrafos 14 y 16.