Cuando (no) cuidar se paga con la cárcel

Cuando Manuel*, de 61 años, fue dado de alta del hospital tras una cirugía, el personal médico llamó a sus hermanas, Teresa* y Ana*. Ellas no pudieron acudir: ambas tenían hijos pequeños, trabajos que no podían abandonar y ningún servicio de apoyo público para cuidar a un adulto mayor convaleciente. Aun así, fueron acusadas y sentenciadas por omisión de cuidado.

Esta historia revela algo que rara vez se discute en el debate público: la carga desproporcionada del cuidado también se puede convertir en una herramienta de criminalización de las mujeres.

Esta semana, la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer se celebra en la Ciudad de México para hablar de “la sociedad del cuidado y la igualdad de género”. El concepto apunta a reorganizar la economía, la política y la vida social para poner en el centro la sostenibilidad de la vida. Sin embargo, en esas discusiones casi nunca aparecen las mujeres en prisión.

Cuando se las menciona, suele ser sólo para lamentar que su encarcelamiento obstaculiza sus labores de cuidado. El sistema penal, de hecho, sólo reconoce este rol en casos muy específicos: el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales exceptúa de prisión preventiva a mujeres embarazadas o lactantes, y el artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla medidas para proteger a hijos e hijas menores de 12 años o con discapacidad cuando su cuidadora principal es encarcelada.

Sin embargo, pocas veces se reconoce que la ausencia de servicios públicos de cuidado, y los prejuicios sobre quién debe cuidar y cómo, son factores que también las empujan hacia la cárcel.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Población Privada de la Libertad (ENPOL, 2021), antes de entrar a prisión, 3 de cada 10 mujeres tenían dependientes económicos, frente a 2 de cada 10 hombres. Entre quienes no trabajaron la semana previa a su detención, 1 de cada 3 mujeres lo hizo porque se dedicaba al hogar y 1 de cada 5 no podía pagar atención médica o medicamentos para alguien de su familia.

Este fue el caso de Fátima*: su pareja la abandonó junto con sus tres hijos. Los trabajos que encontraba apenas pagaban alrededor de 60 pesos al día. Un día, alguien le ofreció 3,000 pesos por realizar un solo viaje para transportar droga. La idea de ganar en un día lo que de otra forma le tomaría mes y medio de trabajo la emocionó; terminó en prisión.

Pero el sistema de justicia no solo ignora estos contextos de desigualdad, también sanciona a las mujeres que no cumplen el mandato social de ser “buenas cuidadoras”. El caso de Teresa* y Ana* no es aislado. El mes pasado por ejemplo, Marcos y Josefina, una pareja tzeltal migrante, acude a un hospital de Quintana Roo con su bebé de cuatro meses en estado crítico. El hospital los denunció ante el Ministerio Público por violencia familiar, delito contra la filiación y el estado civil y delito de peligro para la vida y la salud de las personas. Todo esto,  supuestamente, por haberlo llevado demasiado tarde.

La reciente Opinión Consultiva 31-2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llama a los Estados a priorizar el interés superior de niñas y niños, adoptando medidas alternativas a la prisión para mujeres cuidadoras y apoyos específicos para quienes asumen estas tareas fuera de la cárcel.

En México, cuando un hombre es encarcelado, en 9 de cada 10 casos es la madre quien se hace cargo de los hijos; cuando se trata de una mujer, solo 3 de cada 10 padres asume esa responsabilidad. Así, el cuidado recae nuevamente en otras mujeres: abuelas, tías, o hermanas.

Esta situación tiene consecuencias profundas. La ruptura del vínculo con hijas e hijos es, para muchas mujeres, la herida más dolorosa de la prisión. Viridiana lo vivió en carne propia: fue detenida junto a su hija y sus gemelos de 11 meses por un delito cometido por su pareja. Pasaron años antes de que pudiera recibir la visita de su madre, quien quedó a cargo de sus hijos. Cuando finalmente se reencontraron, su hija la abrazó y le dijo “mamá”; los gemelos, sin embargo, no la reconocieron.

Si queremos construir una verdadera sociedad del cuidado, debemos imaginar los cuidados más allá de las cárceles: un mundo donde ninguna mujer sea criminalizada por no cuidar o por cuidar “mal”; donde cometer un delito no sea la única vía para obtener recursos para cuidar, y donde las mujeres puedan cumplir sus sentencias fuera de prisión.

*Maïssa Hubert (@MaissaHC) es subdirectora ejecutiva de EQUIS: Justicia para las Mujeres A. C. (@EquisJusticia).

Nota: Los nombres marcados con asterisco han sido modificados para proteger la identidad de las personas.