¿Cuál soberanía?

La nación sitiada desde dentro

La soberanía suele invocarse como un escudo retórico. Se pronuncia con solemnidad en discursos oficiales, se agita como bandera frente a presiones externas y se utiliza, muchas veces, para justificar decisiones de poder. Pero pocas palabras han sido tan vaciadas de contenido como esa. Porque la soberanía no es propaganda. Es capacidad real del Estado para garantizar orden, justicia y autodeterminación.

Y hoy, la pregunta incómoda para México no es si existen amenazas externas a la soberanía nacional. La pregunta verdadera es otra: ¿qué ocurre cuando la soberanía comienza a desmoronarse desde dentro?

La teoría política clásica entendía con claridad el problema. Jean Bodin, uno de los primeros grandes pensadores del Estado moderno, definió la soberanía como el “poder absoluto y perpetuo de la República”. Absoluto no en el sentido arbitrario, sino en cuanto a supremacía: ningún otro poder debía competir con el Estado dentro de su territorio. La soberanía implicaba unidad de mando, permanencia institucional y capacidad efectiva para imponer el orden jurídico.

Ese elemento sigue siendo central. No existe soberanía cuando el Estado deja de ser el poder predominante en partes de su propio territorio.

Cuando organizaciones criminales controlan regiones completas; cuando cobran “derecho de piso”; cuando desplazan comunidades; cuando deciden quién puede hacer campaña, quién puede gobernar y quién puede vivir, la soberanía deja de ser una realidad y se convierte en una ficción administrativa.

La democracia constitucional depende precisamente de lo contrario: de que exista una autoridad legítima capaz de garantizar que la vida pública se rija por las leyes y no por la fuerza. El Estado no monopoliza el poder por capricho; lo hace para impedir que la sociedad caiga en la lógica de la selva, donde prevalece el más violento.

Por eso, la soberanía no puede reducirse a una consigna nacionalista ni a un conflicto diplomático. Tiene una dimensión interna profundamente democrática.

Un Estado soberano no es únicamente aquel que resiste presiones extranjeras. Es aquel que puede proteger a sus ciudadanos, garantizar derechos y evitar que poderes paralelos sustituyan sus funciones esenciales.

Y ahí aparece la fractura mexicana.

Porque el problema ya no es solamente la existencia de grupos criminales poderosos. El problema es la creciente sospecha de que partes del Estado conviven, toleran o incluso se benefician de esas estructuras.

Existen dos escenarios posibles, y ambos son devastadores.

El primero: la captura institucional. Las organizaciones criminales absorben capacidades estatales, intimidan autoridades locales y neutralizan al gobierno mediante violencia. Aquí el Estado pierde soberanía porque ya no posee fuerza suficiente para imponer el orden jurídico.

El segundo es aún más perturbador: la asociación funcional entre poder político y criminalidad. En este caso, las instituciones sí tienen capacidad para actuar, pero deciden administrar la ilegalidad en lugar de combatirla. La tolerancia se vuelve estrategia. La omisión se convierte en mecanismo de gobierno.

La diferencia es importante. En el primer caso, el Estado es derrotado. En el segundo, se degrada moralmente.

Y quizá el mayor riesgo contemporáneo para las democracias latinoamericanas no sea la caída abrupta de las instituciones, sino esa degradación lenta donde el crimen deja de ser enemigo del poder y comienza a convertirse en parte de su ecosistema.

Porque cuando eso ocurre, la soberanía ya no pertenece a la nación. Pertenece a redes de intereses compartidos entre política, economía criminal e impunidad.

Los síntomas son visibles.

Territorios donde la autoridad formal existe, pero no gobierna. Elecciones condicionadas por violencia. Candidaturas vinculadas a estructuras criminales. Extorsión sistemática incapaz de ser contenida. Desapariciones masivas sin respuesta institucional proporcional. Gobiernos que minimizan o politizan la tragedia.

En esos contextos, la pregunta sobre soberanía deja de ser abstracta.

¿Quién manda realmente? ¿El Estado constitucional o los poderes fácticos?

Y más importante aún: ¿qué ocurre cuando ambas fronteras comienzan a confundirse?

La soberanía no se pierde únicamente cuando un ejército extranjero invade un país. También se erosiona cuando el gobierno renuncia gradualmente a ejercer el monopolio legítimo de la fuerza o cuando utiliza las instituciones para proteger redes ilegales en lugar de desmontarlas.

Por eso resulta problemático invocar la soberanía nacional mientras vastas regiones viven bajo esquemas de control criminal que el Estado no combate eficazmente o combate selectivamente.

La soberanía no se defiende con discursos. Se defiende garantizando justicia. Protegiendo derechos, no criminales. Imponiendo la ley sobre cualquier poder paralelo.

Porque una nación donde el crimen decide candidaturas, controla territorios y condiciona la vida pública no es plenamente soberana, aunque conserve himno, bandera y ceremonias republicanas.

La soberanía auténtica exige algo más profundo: que ninguna organización, ningún grupo armado y ningún interés clandestino tenga más capacidad de decisión que el Estado democrático.

Y ahí radica la gran discusión mexicana de nuestro tiempo.

No solamente si el crimen organizado amenaza al Estado. Sino si partes del Estado han comenzado a convivir demasiado cómodamente con el crimen organizado. Porque cuando eso ocurre, la soberanía deja de ser un principio constitucional.

En este punto conviene formular la siguiente pregunta ¿Las instituciones en México, estan contribuyendo a sostener la soberanía nacional o por el contrario, la socavan desde dentro por sus nexos con el crimen organizado?