Designaciones en el INAI, ¿cuál será el desenlace?

En los próximos días, el Senado de la República definirá a las dos personas que serán comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por un periodo de siete años, ante la conclusión del periodo de los comisionados Óscar Mauricio Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

Una decisión sumamente relevante para la garantía de nuestros derechos de acceso a la información y protección de datos personales, en el marco de una administración que ha mostrado menosprecio por este órgano. Como ejemplo de lo anterior, vale recordar la propuesta del titular del poder Ejecutivo Federal primero, de proponer su desaparición y, posteriormente, de integrar el INAI a la Secretaría de la Función Pública (SFP); o el significativo aumento de temas que se han clasificado como reservados, ¹ aduciendo que su difusión pudiera dañar negociaciones, comprometer la seguridad y/o afectar investigaciones en curso, vedando así que la sociedad acceda a su derecho a saber.

Actualmente, las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Justicia de la Cámara de Senadores preparan el dictamen que deberán enviar a la Junta de Coordinación Política el próximo primero de abril, con base en el Acuerdo por el que se emite la convocatoria pública y se establece el procedimiento para la selección de comisionadas y comisionados del INAI; este dictamen tendrá que incluir un listado con las diez evaluaciones más destacadas –cinco hombres y cinco mujeres–a partir del análisis documental ² y las entrevistas ³ realizadas entre el 22 y 25 de marzo pasados, a las 48 personas inscritas en este proceso. Cabe resaltar que para “abrir el proceso de evaluación a la participación ciudadana” se aprobó un Consejo de Evaluación –integrado por representantes de la sociedad civil e instituciones académicas, aunque sin carácter vinculante. ⁴

Esta última fase del proceso es crucial, pues de ella derivará un dictamen que refleje qué tanto las y los legisladores hicieron -o no- un análisis objetivo, riguroso y exhaustivo de los 48 perfiles; qué tanto consideraron las opiniones enviadas por la sociedad y las evaluaciones ciudadanas; qué tanto su decisión está influida por los vínculos o relaciones de algunas y algunos aspirantes; ⁵ qué tanto la decisión final estará soportada por las evaluaciones más destacadas, y qué tanto los perfiles designados son los más idóneos para asumir la alta responsabilidad que significa ser comisionada o comisionado del INAI.

La idoneidad implica que no solo hayan sido bien evaluadas en la fase documental, sino que además hayan demostrado en sus entrevistas los conocimientos técnicos y capacidades requeridas, y que no haya duda de su independencia política y partidaria, toda vez que serán parte de un órgano constitucionalmente autónomo. Es decir, aquellos perfiles que tengan la combinación de habilidades, atributos y formas de comportamiento que les permitan ejercer de la mejor forma posible con dicha responsabilidad pública. ⁶

En los dos procesos de designación (en 2019 y 2020) que han realizado las comisiones de Anticorrupción y de Justicia para comisionadas y comisionados del INAI, ha faltado la publicación de las evaluaciones. Así, una manera de mejorar sustantivamente lo hecho antes será garantizar la máxima transparencia en esta última fase de dictaminación y deliberación, y tomar una decisión que asegure los dos mejores perfiles. La encomienda que tiene el Senado no es menor, pues con esta determinación se pone en juego el fortalecimiento de un órgano fundamental y la protección de un derecho humano llave para las personas. ¡Esperamos una designación a la altura de esta responsabilidad!

#SinCuotasNiCuates

#PerfilesIdóneosYa

* Claudia Carrasco es investigadora del Observatorio de Designaciones Públicas. Itzel Checa es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones).

 

 

 

¹ De acuerdo con una investigación publicada en Animal Político, diversas instituciones y secretarías han clasificado documentos sobre el Tren Maya, los contratos para la compra de vacunas contra la COVID-19, las muertes ocurridas en México por coronavirus, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y los gastos realizados para la celebración del evento correspondiente al informe presidencial de 2019. La investigación puede consultarse aquí.

² Los expedientes de las 48 personas inscritas pueden consultarse en esta dirección electrónica.

³ La Fundación para el Debido Proceso (DPFL)  enfatiza que la fase de entrevistas es clave, pues constituyen un instrumento fundamental para abundar en información adicional más allá de la documentación entregada por dichas personas, corroborar sus conocimientos en ciertas materias y explicar situaciones o vínculos que puedan afectar o poner en duda su independencia. Ver aquí.

⁴ El Consejo de Evaluación (ciudadano) estuvo integrado por la Universidad Iberoamericana; el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; la Universidad de Guadalajara; el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto, conformado por: Artículo 19; Causa Natura; Contraloría Ciudadana; Equis Justicia para las mujeres; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; GESOC;  Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Instituto Mexicano para la Competitividad; México Evalúa; Observatorio Nacional Ciudadano; Social TIC y Transparencia Mexicana. Este mecanismo se ha establecido en los procesos correspondientes a los años 2014 y 2017, ejercicios en los que el Consejo también participó en la revisión de expedientes y programas de trabajo de las personas aspirantes, de acuerdo con lo que establece el artículo 20 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

⁵ Por ejemplo, Leticia Robles de la Rosa dio a conocer -mediante una columna- los apoyos políticos que han recibido algunas personas aspirantes a comisionadas. Ver aquí.

⁶ La Organización de las Naciones Unidas (ONU) apunta que las competencias para el futuro pueden dividirse en valores centrales como el profesionalismo, la integridad y el respeto por la diversidad; y en competencias gerenciales como liderazgo, confianza, capacidad de juicio y decisión. Ver aquí.