¿Cuál es el motor de la inseguridad en México?

Por: Leticia Ramírez de Alba Leal, Coordinadora del Programa de Seguridad Pública de México Evalúa

¿Quiénes son los principales beneficiarios del crimen y la inseguridad en México? La respuesta a esta pregunta es la clave para acabar con el gran problema de inseguridad y violencia que nuestro país ha enfrentado en el último lustro. Si sabemos quiénes son los criminales que están ganando más con el homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia y otros delitos graves, podremos idear mejores estrategias para incidir en su comportamiento.

¿Cómo saber quiénes son los criminales que más se benefician del sufrimiento de otras personas? ¿Son los capos de las mafias, los funcionarios corruptos, las empresas que lavan dinero? No encuentro una respuesta concreta a esta pregunta, pero sí alcanzo a dibujar una respuesta a por qué existen grandes beneficiarios del crimen: porque hay grandes ganancias por cometer ciertos delitos y los costos en términos de sanciones son prácticamente nulos. La impunidad es la norma en nuestro país y para el homicidio, el más grave de todos, no es la excepción. De acuerdo con datos de México Evalúa, la impunidad promedio para el delito de homicidio intencional en el país fue de 70 por ciento entre 2007 y 2008. Para 2009, esta cifra aumentó a 73 por ciento y para 2010, a 80 por ciento. Lo anterior significa que el año pasado, 8 de cada 10 homicidios quedaron impunes.

El que tantos delitos graves queden sin castigo encuentra su explicación en la ineficiencia y corrupción de nuestro sistema de justicia. Pero, ¿qué parte del sistema no está funcionando? ¿La policía preventiva, el ministerio público, los jueces? Parece que es necesario revisar cada una de sus partes. Lo que es evidente es que pocos son los delincuentes que son atrapados por la policía y la mayoría son detenidos en flagrancia. Y el que la inteligencia policial en México rinda muy pocos frutos, significa que los criminales más organizados, los que trabajan en redes de corrupción, están blindados.

Estas redes incluyen a personas que trabajan en las instituciones que participan en el sistema de justicia, por lo que cada vez que se inician acciones para combatir al crimen, los delincuentes son informados por los infiltrados. De este modo, pueden modificar sus conductas a tiempo y evitar ser capturados.

¿Qué podemos hacer ante este escenario? Lo ideal sería reducir la impunidad, es decir, imponer costos a los beneficiarios. Detectar a los criminales, investigarlos y detenerlos. Dado que el aparato de justicia no está funcionando adecuadamente por los factores mencionados en el párrafo anterior, hay que buscar opciones. La primera, por supuesto, es mejorar nuestro sistema de justicia. Sin embargo, otra alternativa es evidenciar las formas en las que nuestras acciones se convierten en causa de la inseguridad. Por ejemplo, al comprar mercancía de procedencia ilícita, alimentamos de cierta forma a las redes de crimen y corrupción;  al consumir drogas prohibidas distribuidas por dealers, generamos  ganancias al narcotráfico e, indirectamente, promovemos otros delitos como el homicidio. Cuando admiramos a los capos de las mafias, provocamos que nuestros jóvenes deseen unirse al crimen organizado; y si nos callamos cuando tenemos conocimiento de prácticas ilícitas y dañinas, estamos votando por el crimen.

Todas estas son prácticas diarias de muchos ciudadanos que no se sienten parte del problema. No obstante, lo son. Si los ciudadanos dejamos de llevarlas a cabo, seguramente afectaremos las ganancias de los principales beneficiarios. Por lo tanto, aunque no los detectemos, sí podemos incidir en sus incentivos para llevar a cabo actos criminales.