Cruzar fronteras y conservar la dignidad

En los últimos meses, el debate en torno a la migración ha vuelto a ocupar el centro de la agenda pública en América del Norte. Entre propuestas legislativas restrictivas, operativos policiales en fronteras y discursos electorales cargados de estigmas, pareciera que hemos olvidado una verdad fundamental: migrar no debería significar renunciar a la dignidad. En ese contexto, vale la pena volver a hablar de derechos, de protección social y de cómo la cooperación internacional puede marcar la diferencia en la vida de millones de personas en movilidad.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “de los 281 millones de migrantes a nivel mundial en 2020, América Latina y el Caribe tenía una población migrante de 43 millones de personas, lo que representa alrededor de un 15 % del total”. Las y los migrantes se caracterizan por estar en edad laboral: 7 de cada 10 está entre los 15 y 64 años, según el Anuario Estadístico de Migración y Remesas México 2024. Garantizar su protección social es un desafío en un mundo donde la movilidad está en aumento.

En el recién celebrado Foro Internacional: Movilidad humana y seguridad social, organizado conjuntamente por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se  identificaron cuatro mecanismos para lograr el ejercicio de los derechos a la salud y a la seguridad social: 1) los convenios de conservación y portabilidad de derechos; 2) la formalización laboral; 3) la vinculación como trabajadores independientes, y 4) los programas de protección social. Veamos  cómo estos mecanismos funcionan y su impacto en la vida de las personas en movilidad.

1. Conservación y portabilidad de derechos

Se trata de que los países acoplen sus políticas para que una persona migrante pueda conservar protección ante diferentes contingencias con independencia de su lugar de origen; pueden llevarse a cabo entre dos países (bilaterales) o entre varios países (multilaterales). Los convenios internacionales de conservación y portabilidad de derechos son fundamentales ya que permiten que los derechos adquiridos en un país sean transferibles a otro, evitando la pérdida de prestaciones por pensiones, salud o accidentes. La Organización Internacional del trabajo reportó que en 2022 solo un 23 % de los trabajadores migrantes tenía garantizada la portabilidad de sus derechos a nivel global.

Según datos del Observatorio de la Universalización de la Seguridad Social de la CISS, los seguros de invalidez, sobrevivencia, vejez y accidentes de trabajo son las prestaciones que suelen brindarse con más frecuencia en este tipo de convenios, siendo las prestaciones familiares y de maternidad las que tienen menos cobertura.

El que dos o más países logren establecer mecanismos para que una persona migrante siga cotizando garantiza que, con independencia del lugar de origen o destino, eventualmente se pueda acceder, por ejemplo, a una pensión.

2. Formalización laboral

Hace referencia a tener un contrato laboral, la inscripción a salud y a la seguridad social. Para las personas migrantes, la formalización laboral resulta esencial, ya que se desempeñan en la economía informal y ello limita su acceso a los beneficios de seguridad social. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 47,6 % de los trabajadores en América Latina y el Caribe se encuentran en la informalidad, así que este problema estructural incrementa la vulnerabilidad de personas en condiciones de movilidad.

El trabajo formal implica empleo bien remunerado y seguro. El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de las Naciones Unidas destaca la importancia de crear condiciones para garantizar una contratación equitativa y ética, así como la protección de los derechos laborales.

3. Seguridad social para trabajadores independientes

De no tenerse un contrato, se debe permitir que las personas económicamente activas coticen a pensiones y a salud. El seguro social voluntario es uno de los mecanismo que permite a las y los migrantes cotizar al sistema de seguridad social del país en el que residen, independientemente de su situación laboral.

En este sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un ejemplo positivo en el continente americano, ya que permite a las personas migrantes residentes en México, con estancia legal, obtener su número de seguridad social y acceder a servicios como salud y pensiones.

4. Protección social para migrantes

Estos programas incluyen acceso a subsidios de salud, ayudas de ingreso mínimo, asistencia en situaciones de emergencia y subsidios para la vivienda.

El Pacto Mundial sobre Migración destaca la importancia de estos programas subrayando que de esta forma las y los migrantes tienen derecho al acceso a redes de seguridad social, independientemente de su estatus migratorio.

En tanto que los convenios internacionales no avancen, el trabajo formal no se garantice y la cotización de personas trabajadoras independientes no se logre, las políticas sociales son una alternativa para que las personas migrantes sean protegidas ante las contingencias de enfermedad, desempleo, maternidad, accidentes o la misma muerte.

Los países de origen y destino están obligados a procurar medidas para que cualquier persona conserve su pensión y el acceso a la salud como servicios esenciales para proteger la dignidad humana. Como hemos visto, la perspectiva solidaria de la seguridad social ha propuesto elementos clave para ello: a través de convenios internacionales de seguridad social, políticas de inclusión al trabajo decente, alternativas de cotización independiente o en su caso políticas sociales que garanticen la seguridad social y la salud.

Cruzar fronteras y conservar la dignidad debe ser un principio que guíe las acciones de los países con las personas en condiciones de movilidad, ello permitirá avanzar hacia una integración que reconozca a las personas migrantes como contribuyentes activos a las economías globales y no solo eso, sino que contribuya a paliar el estigma migratorio que se suma como un elemento avasallante para los millones de personas que se ven obligadas a migrar de sus lugares de origen.

* Luz Angela Cardona Acuña (@Bitacoradvuelo) es doctora en investigación en ciencias sociales con mención en sociología. Actualmente trabaja como Coordinadora de Especialistas de las Comisiones Americana de Seguridad Social en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.