Redacción Animal Político · 25 de septiembre de 2024
México atraviesa uno de sus periodos más críticos de violencia y crimen desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006. El país ocupa hoy la tercera posición de los lugares con mayor criminalidad en el mundo, con una tasa de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes. El impacto en la vida y dignidad de las personas es desolador, con más de 100 mil desaparecidos, territorios bajo extorsión y desplazamientos forzados. ¿Cómo la sociedad ha respondido frente a este flagelo? En este texto analizo esta interrogante.
Reducir las violencias y la impunidad es uno de los mayores retos de nuestro país. Hasta ahora el Estado mexicano ha priorizado medidas reactivas y el despliegue de las fuerzas armadas en áreas de mayor conflicto. Sin embargo, en algunos territorios su autoridad ha sido cuestionada, dejando a la población sin garantías de seguridad ni acceso a sus derechos básicos. Este panorama ha dejado a una ciudadanía en un constante estado de desconfianza institucional y temor. Contrario a ser pasiva, la sociedad civil ha respondido con lo que se conoce como acciones colectivas para hacer frente al horror.
Más allá de enunciar algunas de las acciones colectivas que la sociedad ha generado frente a los mecanismos que facilitan estos procesos violentos, aquí me baso en la evidencia y en cómo estas medidas a nivel micro pueden impactar en lo individual y comunitario. Se trata de tres experiencias que ofrecen resistencias al modelo tradicional de seguridad que ha privilegiado un enfoque punitivo y de criminalización de usuarios de drogas.
Primero, siguiendo el trabajo académico de Janice Gallagher, la movilización continua ha sido una herramienta crucial para la transformación de las personas. Tras una década de investigación etnográfica, Gallagher señala que la movilización sostenida de familiares de desaparecidos víctimas de la guerra contra las drogas transforma su conciencia legal y potencializa sus capacidades y confianza para romper la impunidad. Según Gallagher, estos colectivos de familiares han pasado de simplemente reclamar derechos al Estado, a apropiarse de esos derechos, lo que les ha permitido avanzar en la búsqueda de justicia, verdad y no repetición. Es así como la presión colectiva ha generado resultados en casos de desaparición en Chihuahua y Nuevo León, donde víctimas y ONG han conseguido avances judiciales mediante canales informales y directos con las autoridades. Además, las personas adquieren capacidades para navegar estratégicamente las distintas alianzas políticas entre actores estatales y criminales.
Segundo, ante la presencia de grupos criminales contra la población, también han surgido respuestas y resistencias sociales desde la violencia. La investigación académica de Eduardo Moncada examina las distintas estrategias de resistencia de las víctimas a la extorsión criminal y en territorios donde hay un Estado de Derecho débil. Moncada analiza los casos de Tancítaro y La Unión, Michoacán, en donde pequeños comerciantes se encontraban bajo una victimización crónica por parte de los Caballeros Templarios. Estas estrategias colectivas –Moncada las denomina vigilantismo colectivo y coproducción del orden– y sus resultados dependieron de factores como la cooptación de la policía. Así, los productores de aguacates y bayas de esas zonas se movilizaron con varias acciones como la limpieza de la policía local, la formación de alianzas con autoridades locales –aprovechando las oportunidades políticas– y el reclutamiento de autodefensas. Aunque estas prácticas no solucionaron otros problemas de la región, sí lograron expulsar al grupo criminal y parar las extorsiones.
Finalmente, ante las medidas punitivas del Estado contra las drogas y sus usuarios, el movimiento comunitario de reducción de daños ha respondido desde un enfoque de justicia social. Centros comunitarios como Verter y PrevenCasa, ubicados en la frontera de México con los Estados Unidos, implementan programas basados en el respeto de los derechos de los usuarios de drogas, e involucran a la comunidad en la generación de evidencia y la prevención de sobredosis. Un ejemplo es la creación de centros para el consumo seguro de drogas, que atiende a las necesidades de las mujeres usuarias y en donde también son copartícipes de los programas de tratamiento. Esto ha tenido un impacto a nivel individual y comunitario, logrando la confianza, dignificándolos y transformándolos en líderes comunitarios para apoyar a otros usuarios. A pesar de tener algunos avances, pocos centros han sobrevivido ante los recortes federales, el estigma social y los abusos de actores estatales y criminales.
Aquí identifico tres:
1) Diseñar programas de seguridad sensibles a nivel comunitario y que respondan a las realidades locales. Las trayectorias de acción colectiva para resistir e incidir en las violencias no son lineales. Es decir, son movimientos heterogéneos (colectivos, organizaciones sociales, individuos, etc.) que responden conforme a los diferentes contextos, periodos de tiempo y complejidades que los caracterizan.
2) Aprovechar los conocimientos locales. Al politizarse, las personas desarrollan conocimientos e información de sus entornos violentos que muchas veces el gobierno no posee. La sociedad está dispuesta a avanzar las trabas institucionales por vías de comunicación informales y pueden determinar sus acciones dependiendo de las configuraciones políticas entre actores estatales y criminales.
3) Apoyar con recursos gubernamentales a actores sociales. El financiamiento a actores sociales con estricto monitoreo de las partes puede facilitar la coproducción de diagnósticos basados en evidencia. Ello podría visibilizar una mayor noción de abajo hacia arriba para lograr transformaciones significativas en la seguridad y la justicia.
* Yael López Torres (@yanahilop) es Doctora en Ciencia Política por la Universidad de York.
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