La crisis venezolana: implicaciones para América del Norte

El arranque del 2026 ha sorprendido al mundo. La captura de Nicolás Maduro, después de una estratégica operación militar estadounidense que apenas tomó unas cuantas horas, es clara evidencia que la política de poder sigue siendo la guía que orienta las relaciones internacionales en asuntos clave.

Algunas voces condenan esta acción argumentando que viola los principios de solución pacífica y el de la proscripción al uso o amenaza de la fuerza, y consistentemente se señala la violación del artículo dos de la Carta de Naciones Unidas y demandan el irrestricto respeto al derecho internacional. Sin embargo, estas nociones sólo son el reflejo de una visión basada en el deber ser de las relaciones internacionales, en la que prevalece un espíritu institucionalista y normativo. Es claro que, en muchos conflictos mundiales, estas premisas han sido ignoradas, tal es el caso de Palestina, Yemen, Ucrania, por sólo referir algunos.

Las acciones llevadas a cabo por el recién renombrado Departamento de Guerra de la administración de Donald Trump, conocida como “Operación Resolución Absoluta”, nos recuerda esa frase atribuida a Madeleine Albright en la década de los 90, cuando afirmaba que Estados Unidos actuaría multilateralmente siempre que fuese posible o unilateralmente cuando fuese necesario.

Es evidente que la administración Trump tiene un proyecto definido de su misión en el mundo, particularmente en el hemisferio occidental, en el que el continente americano destaca por su importancia geoestratégica. La nueva doctrina Monroe con el corolario Trump ha quedado claramente evidenciada y se alinea a la recientemente publicada Nueva Estrategia de Seguridad Nacional, del pasado 4 de diciembre, la cual guía la política exterior, la defensa y seguridad interna, reorientando su enfoque de lo que por décadas fue la “competencia entre grandes potencias” hacia amenazas percibidas en el hemisferio occidental, entre las que destacan migración, crimen organizado y drogas.

Uno de sus ejes sustantivos es migración y frontera al elevar la migración, incluida parte de la legal, como principal reto de seguridad, por lo que busca el control total de fronteras y de redes de transporte, al tiempo que plantea el posible uso de fuerza militar contra cárteles en la región. En este sentido México es punto focal en esta nueva estrategia.

Hoy Trump está más preocupado por la defensa de la seguridad nacional y la promoción de los intereses nacionales norteamericanos para “hacer América grande nuevamente (MAGA)”, por encima de contar con legitimidad internacional o por su rol en organismos internacionales, ya que estos son aspectos marginales para Washington.

La crisis venezolana reconfigura el tablero geopolítico y económico de América del Norte al tensionar simultáneamente las agendas de migración, seguridad, energía y combate al crimen organizado y bandas delincuenciales que han sido definidas como terroristas. Sin duda la captura de Nicolás Maduro y toda la narrativa de combate al narcoterrorismo conlleva efectos sistémicos en la región, ya que justifica la ampliación de competencias de seguridad extraterritorial, lo que inevitablemente vulnera la tradicional soberanía de México y Canadá.

La crisis de Venezuela debe de ser un llamado urgente para el gobierno de Claudia Sheinbaum, ya que las implicaciones pueden ser sumamente costosas para el país en un año en el que se redefinirán los términos del T-MEC. En un escenario en el que se proyecta un nuevo ciclo de hegemonía norteamericana particularmente en el continente, son claras las asimetrías estructurales entre la gran potencia mundial y sus vecinos, especialmente al sur de su frontera. México no la tiene fácil.

El gobierno canadiense ha sido sumamente cauteloso en sus declaraciones respecto a la crisis venezolana y ha refrendado su posición de no reconocer el gobierno de Maduro, tal y como lo hizo desde el 2019 que llevó al retiro de su embajada en Caracas. Por su parte, el gobierno de la autodenominada 4T se ha pronunciado con una lógica juridicista y normativa; sin embargo, las afinidades ideológicas, los posicionamientos y acciones claramente a favor de los gobiernos de izquierda como el de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Colombia pueden tener altos costos para México con su principal socio comercial.  Las declaraciones del recién reaparecido Andrés Manuel López Obrador no hacen sino enturbiar aún más el ambiente político.

Para México y Canadá el manejo de esta crisis es una clara prueba de lealtad y al mismo tiempo de autonomía, pues deberán equilibrar la defensa del derecho internacional y la labor de la ONU, al tiempo que deben proteger su posición de acceso privilegiado al mercado estadounidense.

* Luz Araceli González Uresti (@laguresti) es profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey (@CSocialesTec).