Laboratorio Electoral · 19 de noviembre de 2026
La crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) por las presuntas irregularidades en contrataciones y los acontecimientos que derivaron en la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo, vuelve a poner sobre la mesa la importancia de contar con autoridades electorales fuertes, independientes y capaces de actuar con imparcialidad y autonomía. La confianza en las elecciones no depende únicamente de las reglas que las rigen, sino también de la solidez de las instituciones encargadas de aplicarlas. Por ello, lo que ocurre actualmente en el INE trasciende a sus integrantes y a su estructura administrativa.
Frente a este escenario, resulta indispensable esclarecer los hechos, deslindar las responsabilidades correspondientes y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables. Para ello, las investigaciones a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como las del Órgano Interno de Control, deben conducirse con imparcialidad, autonomía y rigor. En este contexto, y ante los señalamientos y la narrativa que se ha construido alrededor del Instituto, resulta cuestionable la intención de involucrar a otras administraciones y solicitar una auditoría que amplíe indiscriminadamente su alcance a distintos periodos y asuntos —teniendo en cuenta que las administraciones anteriores ya habían sido auditadas—, sin una ruta de investigación claramente definida, pues ello corre el riesgo de dispersar recursos y esfuerzos innecesariamente, así como de diluir el foco de las indagatorias.
En ese sentido, las investigaciones sobre los actos de corrupción públicamente conocidos no deberían quedarse en la superficie, sino en la búsqueda de irregularidades internas dentro del INE y en las relaciones entre funcionarios, proveedores, intermediarios y empresas. No basta una renuncia ni la renovación de un cargo, ni tampoco es suficiente con la filtración de posible material incriminatorio. Ante este panorama, resulta indispensable reconstruir la red de actores que participaron y se beneficiaron de las posibles irregularidades, tanto dentro como fuera del INE, a fin de identificar cómo se articularon las relaciones y responsabilidades que hicieron posible que estos hechos ocurrieran.
Todo esto sucede en medio de un momento delicado para la autoridad electoral. Apenas en septiembre inició el Proceso Electoral Federal 2027 en el que se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos locales, regidurías, presidencias municipales y sindicaturas en 31 estados. Por lo que el INE tiene frente a sí una tarea titánica: organizar una de las elecciones más grandes de la historia y, aunado a eso, recuperar la confianza pública. No se trata de responsabilidades que puedan atenderse una después de otra. La organización de las elecciones no puede detenerse, pero tampoco puede convertirse en una justificación para posponer el esclarecimiento de las irregularidades.
Más allá de los cambios en los cargos directivos y de quien pueda llegar a ocupar el lugar al centro de la herradura de la democracia, es importante observar y exigir que la operatividad del Instituto siga en curso y bajo los estándares de integridad electoral. El INE cuenta con una estructura técnica y profesional cuya experiencia —demostrada elección tras elección— resulta indispensable para organizar elecciones, coordinarse con los organismos públicos locales electorales y cumplir con los calendarios establecidos, como lo ha hecho en los últimos años.
Al mismo tiempo, por encima de la operatividad del Instituto con un faltante en la mesa y la integridad cuestionada, el INE también se enfrenta a uno de los mayores retos: recuperar la confianza de quienes participan y viven en democracia. Apenas el año pasado, el 53 por ciento de las y los ciudadanos en México manifestó tener “mucha” o “algo” de confianza en su institución electoral, de acuerdo con el Latinobarómetro 2026. Sin embargo, en estos días una encuesta de Enkoll encontró que el 62 % de las personas no confía en el INE; y el 80 % percibe corrupción generalizada al interior del Instituto, lo que hace parecer que el golpe en la confianza está dado.
Adicional a este entramado, está en el tintero el próximo proceso de designación de la presidencia del INE que será determinante para el futuro inmediato del organismo. La Cámara de Diputados tiene ante sí la responsabilidad de conducir un procedimiento transparente, público y consensuado por todas las fuerzas políticas. La designación no debe convertirse en una negociación de cuotas partidistas ni en una oportunidad para colocar a una persona afín al régimen o a intereses políticos de cualquier índole. Se requiere un perfil técnico-académico que no responda a partidos y que contribuya a recuperar la colegialidad, la imparcialidad y la autonomía del Instituto. Para así volver a retomar la confianza y que la ciudadanía siga confiando en el INE.♦