La crisis del IMSS tiene responsables

Más de 70 millones de personas reportaron estar afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Encuesta Intercensal 2025. Millones de familias dependen de sus consultas, medicamentos y hospitales. Sin embargo, el instituto enfrenta un déficit creciente, menos recursos médicos por derechohabiente y nuevas obligaciones que presionan sus finanzas. Esta crisis no ocurrió de la noche a la mañana: es consecuencia de las decisiones del Gobierno Federal.

En 2024, el Seguro de Enfermedades y Maternidad, que financia consultas, hospitalizaciones y medicamentos, registró un déficit de 110,379 millones de pesos, 88 por ciento mayor en términos reales que en 2018. Los gastos crecen más rápido que los ingresos y el propio IMSS advierte que estos últimos alcanzarían para cubrir sus gastos únicamente hasta 2031.

El deterioro financiero coincide con una menor disponibilidad de recursos médicos. Entre 2012 y 2024, las enfermeras por cada mil derechohabientes disminuyeron 13 por ciento; las camas, 14 por ciento, y los consultorios, 19 por ciento. La presión sobre el Instituto no es solamente presupuestaria: también compromete su capacidad para atender a quienes cotizan.

Pese a esto, el gobierno decidió añadir nuevas responsabilidades sin resolver de manera suficiente cómo financiarlas. El primer paso ocurrió en 2022, cuando colocó al director del IMSS al frente de la Junta de Gobierno del OPD IMSS-Bienestar, con voto de calidad e integrantes del propio Seguro Social. El instituto terminó involucrado en la construcción y conducción de un sistema destinado a atender a la población sin seguridad social, una responsabilidad que correspondía encabezar a la Secretaría de Salud. En abril de 2025, el gobierno retiró esa presidencia al director del IMSS.

El gobierno amplió las responsabilidades del IMSS, pero no resolvió cómo pagarlas

El segundo paso fue más costoso. En 2025, el programa IMSS-Bienestar se quedó sin presupuesto vía el Ramo 19, del que históricamente recibía recursos federales, y sus obligaciones se incorporaron al régimen ordinario del Seguro Social. El decreto del 1 de julio transfirió al IMSS 81 hospitales, más de 2,100 unidades rurales en 19 estados y la atención de más de 10 millones de personas. Para realizar el traspaso, el instituto tuvo que utilizar 20,700 millones de pesos de sus ingresos.

El problema no es ampliar la atención médica a quienes carecen de seguridad social; es hacerlo sin garantizar los recursos para sostenerla. El propio decreto establece que el gobierno reembolsará conforme a la disponibilidad presupuestaria. También deja al IMSS la responsabilidad de concluir obras pendientes con su presupuesto. Incluso contempla cubrir parte de la deuda gubernamental mediante los hospitales transferidos, en lugar de hacerlo íntegramente con recursos líquidos.

Así, las cuotas de trabajadores, patrones y los recursos del régimen ordinario quedan bajo una presión adicional, mientras el financiamiento federal de las nuevas obligaciones no está garantizado. El gobierno amplió las responsabilidades del Instituto, pero no resolvió de manera clara y sostenible cómo pagarlas.

Las protestas de los trabajadores son una señal de alarma, pero el problema va más allá de sus legítimas demandas salariales. El IMSS necesita una reconstrucción para asegurar su viabilidad financiera y fortalecer sus servicios. Para ello, el gobierno debe cumplir sus obligaciones, garantizar el financiamiento de las nuevas responsabilidades y transparentar el costo de sus decisiones. La atención médica no se sostiene con decretos, sino con presupuesto. Y la factura de las decisiones del gobierno no puede seguir pagándose con los recursos destinados a atender a los derechohabientes. Esta crisis tiene responsables.♦ 

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