Crisis humanitaria: salvadoreños podrían perder el estatus de protección temporal en EU
Joel Aguirre · 18 de agosto de 2026
Este 9 de septiembre de 2026, aproximadamente 234,000 salvadoreños podrían perder el estatus de protección temporal (TPS), que les permite permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos; la decisión sobre su extensión depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense
El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intentado eliminar el estatus de protección temporal desde su primer periodo presidencial, y ha continuado esa política bajo la ley conocida como la “One Big Beautiful Bill Act”, un proyecto de ley fiscal que incluye aspectos migratorios; dentro de estos está la limitación a los permisos de trabajo, pues, según su opinión, existe un “creciente costo para el país y la percepción de que el programa no está siendo utilizado de manera efectiva”.
En el pasado reciente, un juez de la Corte Federal del Distrito de Massachusetts, Nathaniel M. Gorton, ratificó el plazo para la vigencia de los permisos de estatus de protección temporal para este 9 de septiembre de 2026, ello a pesar de una demanda colectiva interpuesta por una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y sindicatos.
Si el gobierno de Trump logra terminar con el TPS, más de 610,000 personas de una docena de países quedarán en la ilegalidad. El programa de protección llega a su término para El Salvador el 9 de septiembre, y para Sudán y Ucrania, el 19 de octubre.
La falta de una decisión oficial sobre la prórroga del estatus de protección temporal ha generado incertidumbre entre los beneficiarios. Si no hay una extensión antes de esta fecha, los 234,000 salvadoreños volverán a ser ilegales en un país dónde han vivido por 25 años.
¿Qué es y por qué es tan importante el estatus de protección temporal?
Necesario es poner sobre la mesa que las remesas familiares son uno de los pilares fundamentales de la economía salvadoreña, que recibe sobre todo desde Estados Unidos. En 2025 totalizaron 9.987,91 millones de dólares, con un incremento del 17.7 por ciento en comparación con 2024.
El TPS se concibió como un programa diseñado para proteger a personas que se encontraban de forma irregular en Estados Unidos provenientes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales, epidemias y otras situaciones extraordinarias que impiden su retorno seguro. Por lo que los “tepesianos”, como son conocidos, no pueden ser deportados mientras mantengan este estatus, pero no otorga residencia permanente, ni facilita la ciudadanía en ese país.
El primer permiso especial se concibió gracias a salvadoreños residentes ya en Estados Unidos, que buscaban que otros salvadoreños que huían de la guerra civil que se estaba librando en El Salvador en los años 1970 y 1980 pudieran permanecer legalmente en ese país de acogida.
El primer logro fue la Ley de Asilado de 1980 y, luego, la Ley de Inmigración de 1990, donde apareció por primera vez la figura del TPS, “Temporary Protection Status”, un estado de protección temporal. Puesto en marcha por primera vez por el presidente Bush padre para los salvadoreños en 1991, a raíz de las graves violaciones de derechos humanos que aún se estaban cometiendo en la guerra civil salvadoreña.
Como parte del protocolo del TPS, el gobierno o el presidente del país afectado pueden hacer una petición formal diplomática al gobierno de Estados Unidos para que otorgue tal protección. Pero, para 1991, el presidente salvadoreño Alfredo Cristiani no quiso realizar la petición de la protección para sus ciudadanos, pues significaba aceptar que el país estaba viviendo un grave problema de derechos humanos.
Terremotos enemigos
A pesar de ello, el primer grupo de salvadoreños tepesianos del 91 logró, en su mayoría, la residencia permanente a través de otra ley, la Ley NACARA (Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica) de finales del año 1997.
Luego de un periodo de recuperación de la guerra civil salvadoreña, dos terremotos arrasaron el país el 13 enero y 12 febrero de 2001 de magnitudes 7.7. y 6.6. Por lo que nuevamente organizaciones de salvadoreños lucharon para instaurar un TPS para los salvadoreños indocumentados que ya se encontraban en Estados Unidos para ese momento.
Como diáspora presentaron la iniciativa a los diferentes diputados de varios partidos y se formuló una propuesta y la plataforma que fueron presentados al entonces presidente, Francisco Flores, para que solicitara el estatus especial. Y es que los dos terremotos reunían las condiciones para declarar al país en crisis y por lo tanto, otorgar un TPS.
Así, el 9 de marzo de 2001 se otorgó el estatus de protección temporal, el cual se ha ido extendiendo hasta en 14 ocasiones, pues según estudios previos se ha demostrado que El Salvador no posee las condiciones para el regreso seguro de los salvadoreños a su territorio. Esto tras evaluar las condiciones de vida de El Salvador, los desastres naturales, eventos climáticos y de violencia social. Así han pasado 25 años.
A pesar de ello, según las nuevas perspectivas el gobierno salvadoreño se vende como “el más seguro del mundo y un paraíso de prosperidad”, pero no existe debido a que El Salvador no tiene condiciones para recibir a 234,000 tepesianos.
El silencio del gobierno de Bukele
Organizaciones de la diáspora han mencionado en múltiples ocasiones el silencio del gobierno del presidente Bukele ante el inminente cierre del TPS. Ello a pesar de que el presidente salvadoreño presume una buena relación con su homólogo, sobre todo luego de una reunión a “puerta cerrada”, en julio del 2026, cuyos resultados no se saben, ni si se tocó o no el tema de TPS.
Personas de la Alianza Nacional del TPS se concentraron frente a la Casa Blanca para esperar resultados, pero el presidente Bukele solo las saludó gentilmente. Por otro lado, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, se ha limitado a mencionar que la extensión del estatus de protección temporal es una “decisión soberana de Estados Unidos”.
Mientras tanto, desde 2023 las organizaciones de salvadoreños y de derechos humanos luchan en las calles, en las Cortes, y realizan cabildeos en el Congreso para mantener el TPS. Aunque saben que al llegar a la Corte Suprema de Justicia, que tiene una correlación de seis magistrados ultraconservadores pro-Trump, podrían perder.
En EU hay unas 157,000 personas hijas de padres salvadoreños
Por ello instan a buscar a través de las vías diplomáticas y con las oficinas lobby, en las cuales el actual gobierno salvadoreño gasta millones en Estados Unidos para limpiar su imagen pública, en buscar una alternativas para los tepesianos.
Un ejemplo son las propuestas de congresistas del estado de Nueva York, que han mencionado una opción de condición humanitaria especial que permita a los salvadoreños un permiso de dos años para darles tiempo suficiente para buscar alternativas legales. En un estudio de 2019 se menciona que han nacido alrededor de 157,000 hijos de padres salvadoreños, muchos de los cuales aún no llegan a los 21 años de edad, por lo que aún no pueden realizar una solicitud formal para sus padres, los cuales ingresaron al país de forma ilegal.
Por el momento, siguen viviendo en la incertidumbre de volver a convertirse en sombras en un país por el que han trabajado 25 años, a merced de la cacería migratoria de ICE (el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) que solo en el mes de julio rompió récord en las capturas con un promedio diario de 1,545 personas al día.♦
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