Crisis forense: retos presupuestarios para el 2022

El impulso de decenas de colectivos de familiares de personas desaparecidas logró que el Estado creara uno de los instrumentos más valiosos para hacer frente a una crisis forense de más de 52 mil cuerpos sin identificar en un país con más de 90 mil personas desaparecidas: el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). Ahora creado y comenzando a operar, el carácter “extraordinario” del MEIF necesita y posibilita que los servicios forenses “ordinarios” –en fiscalías, servicios forenses y comisiones de búsqueda estatales y federales– trabajen de manera adecuada. Pero para que esto suceda, ¿tenemos los recursos suficientes para que operen? La respuesta fácil es “aún no”. Para tener claridad sobre cómo sí podrían tener los recursos debemos que ir por un camino más largo y mapear la arquitectura política y presupuestaria de los servicios forenses.

Comencemos por lo extraordinario. Desde que el MEIF se aprobó a finales de 2019, uno de los principales mensajes políticos es que no habría techo presupuestario para dicho mecanismo, “esta tarea (de identificación forense) se continuará sin límite de presupuesto”, fueron las palabras de la entonces Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuando se publicó el decreto que creaba el MEIF. El problema es que no sabemos bien a bien dónde está el límite, porque las modificaciones necesarias para etiquetar los recursos del MEIF no han ocurrido. Sabemos que, dado que el MEIF se crea por Acuerdo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (SNB) coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), los recursos para este bajan a través de la CNB. También sabemos que el apoyo internacional es clave para la operación del MEIF y que el Fondo de Naciones Unidades para la Población (UNFPA) juega un rol importante en la aportación y gestión de recursos.

Todos estos son buenos signos, pero trazar el flujo de los recursos se vuelve complicado después de ese nivel, pues la información disponible es a partir de declaraciones oficiales y no por instrumentos presupuestarios definidos. Por ejemplo, por declaraciones sabemos que en 2021 se destinaron 40 millones de pesos al MEIF, y que esos recursos están dentro de la partida para transferencias hacia Comisiones Locales de Búsqueda (CLBs). Dado lo anterior, suponemos que, dado el ligero aumento presupuestario en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PPEF) a la partida correspondiente, el MEIF también tendrá un ligero aumento el próximo año. El problema es que no hay forma de comprobarlo ni de darle seguimiento al flujo de recursos. Esto dificulta el escrutinio público de miles de familiares y colectivos, así como de organizaciones y medios preocupados porque el MEIF tenga todas las condiciones para desarrollar su mandato.

Con el nivel ordinario tenemos un panorama complejo. A nivel federal la aportación de recursos es solo 0.5% mayor que en 2021, con los servicios periciales de la Fiscalía General de la República teniendo 1 mil 149 millones de pesos 1 según el PPEF2022. A nivel local –donde está el grueso de los casos de desaparición y de los cuerpos sin identificar– tenemos servicios forenses adscritos a fiscalías o a poderes judiciales locales, así como comisiones de búsqueda locales que apoyan labores de identificación. Aunque la fuente de financiamiento de estos recursos tendría que ser un complemento entre recursos locales de los estados y aportaciones federales, la baja recaudación estatal hace que la principal fuente de financiamiento sean recursos federales, particularmente el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Estatal (FASP), y este ha tenido un descenso del 3.36% de 2018 a 2022; un descenso de 277 millones de pesos.

Aunque existe una disputa entre responsabilidades entre la federación y los estados respecto de la responsabilidad presupuestaria, las acciones tendrían que ser simultáneas: los estados deben de recaudar más para contar con mayores recursos para sus servicios forenses, pero la federación no debe disminuir la transferencia de recursos a los estados, así como debe de destinar más presupuesto a servicios periciales a nivel federal. Un aumento a lo destinado al FASP y una mayor disponibilidad de recursos locales para los servicios forenses son pasos necesarios si queremos ver algún día el final de la crisis.

Para asegurar los compromisos y materializar la voluntad política frente a la crisis forense, es necesario en lo inmediato una mayor dotación presupuestaria a la Comisión Nacional de Búsqueda y al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, así como generar la arquitectura institucional para la operación adecuada del MEIF, mediante los ajustes programáticos en la CNB. Esto no exime a fiscalías, servicios médicos forenses y comisiones locales de búsqueda de la responsabilidad que tienen, cuyo rol es clave para prevenir que la crisis se agrave atendiendo lo que les toca: identificar de manera digna y diligente a las personas que nos faltan.

* Ángel Ruiz (@ruizangelt) es investigador en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

1 Todas las cifras mencionadas están en precios constantes de 2022.