Crisis de derechos humanos en México: la gran deuda
Redacción Animal Político · 25 de febrero de 2024
Las más de 300 recomendaciones realizadas recientemente al Estado Mexicano, como resultado del Examen Público Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, documentan nuevamente la magnitud de la grave crisis de derechos humanos que desde hace años se vive en México.
Aunque la actual administración federal prometió hacer de los derechos humanos una política de Estado, la realidad de inseguridad, impunidad y vulnerabilidad que enfrentan miles de personas en nuestro país evidencian la profunda divergencia con el discurso y la acción gubernamental.
El más reciente EPU muestra, a partir del análisis de informes presentados por las propias autoridades y por organizaciones de sociedad civil, una realidad adversa que amenaza la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas en México. Desapariciones forzadas, desplazamiento forzado interno, desprotección de personas migrantes y con necesidades de protección internacional, asesinato y amenazas a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, son sólo algunas de las graves violaciones a derechos humanos que sistemáticamente quedan en la impunidad.
Pese a esta realidad crítica, el gobierno federal, lejos de fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos nacionales, regionales e internacionales, actúa en su contra.
El desmantelamiento de facto de instituciones clave, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); la vulneración a la autonomía de organismos constitucionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); la descalificación a la labor de organismos regionales e internacionales y de organizaciones de la sociedad civil en México, así como la falta de respuesta y voluntad política para atender las distintas recomendaciones, como las del EPU de 2018, muestran, en los hechos, que una política efectiva de protección de los derechos humanos sigue siendo una deuda del Estado mexicano.
El empecinamiento por militarizar la seguridad y la gestión migratoria; la concesión de mayor poder a las fuerzas armadas, así como la obstrucción de facto para realizar investigaciones independientes que permitan el acceso a la verdad, la justicia, la reparación del daño y la no repetición de violaciones graves a los derechos humanos agravan la situación, favorecen la impunidad e invisibilizan a las víctimas sobrevivientes.
El Estado mexicano no ha podido, no ha querido y/o ha claudicado a su obligación de tomar medidas adecuadas, suficientes y eficaces para enfrentar la grave situación de los derechos humanos en nuestro país. Como sociedad, debemos cuestionarnos, de cara a las próximas elecciones, cuál es el papel qué nos corresponde como ciudadanía para, en el ejercicio libre y consciente de nuestro derecho a decidir, asegurar el no retroceso en materia de protección a los derechos humanos y elevar nuestra exigencia para que las autoridades, independientemente de su origen partidista, garanticen condiciones para que cumplan con sus obligaciones internacionales en la materia.
Los derechos humanos no son una concesión graciosa del poder. Son el resultado de luchas sociales históricas para proteger la dignidad humana frente a los abusos de poder tanto de actores estatales como no estatales. Son una construcción y acuerdo básico de exigencias éticas para garantizar el desarrollo integral de todos los seres humanos, sin discriminación alguna.
Hoy más que nunca tenemos que recuperar y reforzar nuestra capacidad de indignación y de agencia para generar contrapesos al abuso de poder. Porque el acuerdo básico de respeto a la dignidad y derechos de todas, todos y todes son la base de nuestro proyecto y futuro como humanidad. Para que nadie se quede atrás.