Lo que se desmorona en silencio: la crisis del desarrollo policial en México

Las policías estatales del país enfrentan un deterioro profundo. En Causa en Común elaboramos un informe que muestra, con datos oficiales, la magnitud del retroceso: casi la mitad de las corporaciones carece de un sistema de carrera profesional, los procesos de formación son fragmentarios o inexistentes, y buena parte de las academias no dispone del equipamiento mínimo indispensable. Esta precariedad institucional no es un fenómeno nuevo, pero hoy resulta alarmante por su convergencia con la militarización y con la desaparición de los mecanismos de transparencia que durante años permitieron conocer al menos una parte del estado real de nuestras policías.

El Índice de Transparencia del Desarrollo Policial (INTRAPOL) —parte del informe que elaboramos junto con Perteneces e Impunidad Cero— expone que, en los 21 estados que proporcionaron información, el estado de fuerza policial se redujo durante 2024 en más de cuatro por ciento. ¹ En el mismo año se reclutaron 6,757 policías, pero fueron dados de baja 8,408. Esa pérdida neta es un indicio inequívoco del debilitamiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública a nivel estatal: no logran retener ni reemplazar al personal que pierden.

Aún más grave es que el marco normativo para la carrera policial existe, pero no se cumple. En teoría, todas las policías estatales deberían contar con los cinco instrumentos del servicio profesional de carrera establecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sin embargo, sólo 17 instituciones los han registrado completamente; mientras que en ocho el registro está incompleto y en siete ni siquiera se ha iniciado. Esto significa que en la mitad del país, la carrera policial simplemente no existe.

La promoción de grados, otro componente fundamental de cualquier cuerpo profesional, se lleva a cabo en apenas diez entidades. El resto opera sin mecanismos claros de ascenso, lo que abre la puerta a nombramientos discrecionales y a la corrupción. Lo mismo ocurre con los lineamientos para la entrega de estímulos, que sólo ocho estados regulan adecuadamente. Cuando el mérito no se recompensa y los ascensos dependen de la cercanía con los mandos, la vocación de servicio se convierte en frustración y en estancamiento laboral para el personal policial, cuyas condiciones laborales son, de por sí, bastante precarias.

A la falta de carrera se suma la precariedad en las condiciones de retiro. En trece entidades, los policías deben esperar hasta los 65 años para retirarse, sin considerar los efectos físicos y psicológicos del trabajo operativo, extenso y riesgoso, que caracteriza a la función policial. Apenas nueve estados regulan un retiro digno y anticipado según el grado o función desempeñada. En conjunto, todo esto configura un sistema que no garantiza estabilidad ni desarrollo, sino desgaste y abandono.

En materia de profesionalización, los hallazgos son igualmente preocupantes. Varias academias carecen de stands de tiro, pistas de manejo o casas tácticas, instalaciones básicas para formar policías competentes. En algunos casos, ni siquiera existen servicios médicos para los cadetes. Sólo tres instituciones (Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala) realizaron diagnósticos de necesidades de capacitación y apenas siete (Baja California, Guanajuato, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala) elaboraron un plan de formación anual. La falta de planeación impide que la capacitación responda a las debilidades reales del personal y se limita a cursos aislados sin seguimiento.

En Causa en Común encontramos, además, que la información sobre el desarrollo policial es contradictoria e incluso absurda. Hay corporaciones, como la Baja California Sur, que reportan tener una escala jerárquica de un solo grado; otras, como Michoacán, que aseguran no tener obligación legal de contar con herramientas básicas de control, y academias que informan más egresos que ingresos. Al respecto, por ejemplo, la Ciudad de México reportó haber egresado a 1,460 cadetes de su academia policial, cuando sólo 929 se habían inscrito. A su vez, Tlaxcala informó que no se ejerció presupuesto alguno para formación de personal policial en 2024, pero al mismo tiempo registró más de cien policías egresados de su academia. Todo ello refleja el desorden administrativo y la falta de controles elementales dentro de las instituciones.

A estas irregularidades se suma un patrón de opacidad cada vez más extendido. La información que debería ser pública —como el número de policías certificados, las bajas por no acreditar los exámenes de confianza o los resultados de uso de la fuerza— se clasifica como reservada o simplemente no se responde. Algunas corporaciones negaron información con argumentos absurdos: que la ley no indica en qué sitio publicar los informes o que no se requiere difundir el código de ética porque “ya fue publicado una vez en el diario oficial de la entidad”. El resultado es que las policías operan como cajas negras: instituciones cerradas, sin rendición de cuentas y con cifras internas que nadie puede verificar.

El problema es estructural. Dieciséis años después de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las policías estatales siguen sin operar en un sistema coherente, adecuadamente financiado y en apego a los mínimos legales establecidos. Los mecanismos creados para homologar su desarrollo se han convertido en simples trámites burocráticos, ajenos incluso a quienes deberían gestionarlos. No hay continuidad entre administraciones, ni evaluación efectiva, ni sanciones ante el incumplimiento. Cada estado improvisa sobre sus propios vacíos legales, y el SESNSP mantiene registros que, en muchos casos, contradicen lo que reportan las propias policías.

El deterioro de las instituciones policiales no puede separarse de un contexto político que premia la opacidad y desplaza la responsabilidad de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Mientras los presupuestos militares crecen, los fondos destinados a fortalecer a las policías civiles se reducen. La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y del Sistema Nacional de Transparencia en su conjunto, agrava la situación: ahora ni siquiera hay mecanismos para obligar a las instituciones a informar lo que hacen o dejan de hacer.

La consecuencia de todo esto es un círculo vicioso: sin información no hay diagnóstico, sin diagnóstico no hay política pública, y sin política pública no hay desarrollo institucional posible. Las policías se debilitan, los gobiernos ocultan los datos y la militarización avanza sobre el vacío que deja la falta de desarrollo policial. Lo que muestran los informes de Causa en Común es, en el fondo, la evidencia de un Estado que deja caer deliberadamente a sus policías, mientras se aferra a la dependencia por una fuerza armada que sirve para mucho, excepto para construir seguridad y legalidad.

¹ El informe detallado puede encontrarse en el documento: “Una aproximación al estado que guardan las policías, fiscalías y penales estatales”; mismo que incluye enlaces que redireccionan a los diferentes informes estatales y a un informe nacional que concentran los principales resultados de la investigación. Véase aquí.