Verde es el nuevo oro: México tiene que rediseñar su futuro climático

En un mundo cada vez más amenazado por el cambio climático, las políticas ambientales y el financiamiento climático emergen como fundamentos críticos para el futuro sostenible de nuestra sociedad. México está en un punto crucial debido a su posición en una región altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Esta vulnerabilidad se debe a una combinación de factores geográficos, socioeconómicos, y una capacidad limitada para manejar y mitigar los impactos de estos cambios ambientales. En este escenario, el papel del gobierno federal es clave, no solo para dar forma al entorno ambiental de México, sino también para contribuir de manera significativa a la solución de esta crisis global.

El principal instrumento de política pública con el que cuenta el gobierno para reflejar su estrategia ambiental es el Programa Especial de Cambio Climático (PECC). Los programas especiales deben corroborar las prioridades del desarrollo integral del país que se hayan fijado en el Plan Nacional de Desarrollo o se refieran a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector.1 Sin embargo, este tipo de programas no cuentan con presupuesto asignado, sino que se apoyan en los programas presupuestarios de diversas dependencias que sí cuentan con presupuesto asignado. Así, el PECC 2021-2024 aborda de manera integral la sostenibilidad y eficacia de las políticas ambientales de México, enfocándose en áreas críticas como la energía renovable, la conservación de la biodiversidad y la gestión de recursos naturales. Cuenta con 4 objetivos prioritarios:

1. Aumentar adaptación y resiliencia climática en poblaciones y ecosistemas.
2. Reducir emisiones para un desarrollo social sostenible y bajo en carbono.
3. Promover políticas que integren mitigación y adaptación, generando múltiples beneficios.
4. Mejorar coordinación y financiamiento para políticas climáticas inclusivas y efectivas.

El PECC 2021-2024 establece metas y estrategias en sectores clave como energía, transporte, industria, agricultura y gestión de residuos, entre otros. También enfatiza la importancia de la conservación de ecosistemas y la biodiversidad como elementos fundamentales en la lucha contra el cambio climático. El programa subraya la necesidad de un enfoque multidisciplinario que involucre a diversos actores, incluyendo el sector privado, la sociedad civil y las comunidades indígenas, para lograr una transición justa hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima.

Para apoyar en la implementación del PECC, además de los programas presupuestarios, el gobierno federal cuenta con anexos transversales en el Presupuesto de Egresos de la Federación, esto es, recursos etiquetados específicamente para el propósito que determina cada anexo. Para el caso de las políticas ambientales podríamos hablar de dos anexos transversales:

• Anexo 15. Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios
• Anexo 16. Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático

En los últimos años, el presupuesto de estos anexos transversales ha evolucionado de la siguiente manera:

Recursos de los Anexos Transversales (15 y 16)

(millones de pesos de 2023)

El presupuesto es el mejor lugar para observar las prioridades de un gobierno. Sin embargo, en el caso de México, si bien se observa un incremento considerable en estos anexos con respecto al 2022, estos cambios se deben observar con reservas, ya que este par de anexos solo representan el 2.7 % del presupuesto total. Por ejemplo, un análisis del CIEP concluye que para el 2023 solo el 30.1 % del presupuesto asignado en los anexos transversales contribuye a enfrentar la crisis climática. Para 2024, se consideran 125,937 millones de pesos en el anexo del cambio climático que están asignados al ramo Defensa Nacional para la ejecución del Tren Maya, el cual carece de manifestaciones de impacto ambiental en algunos tramos, ya que organizaciones de la sociedad civil reportan la destrucción perpetrada en el gran acuífero maya, cenotes y la selva maya.

Mientras que hay un compromiso declarado hacia la sostenibilidad y el combate al cambio climático, reflejado en parte del presupuesto, existe una preocupación sobre la asignación limitada y posiblemente insuficiente de recursos para sectores clave del medio ambiente y recursos naturales. Esto podría impactar la eficacia de las políticas ambientales y los esfuerzos de sostenibilidad en México.

La próxima Conferencia de las Partes (COP28) representa un hito histórico en la lucha global contra el cambio climático. Este evento marcará la conclusión del primer ‘Inventario Global’ de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, una evaluación exhaustiva del progreso colectivo del mundo hacia la mitigación de la crisis climática. Los resultados preliminares de este inventario, revelados en septiembre de 2023, ya indican que estamos significativamente rezagados en nuestro objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados. En este contexto crítico, la COP28 se convierte en un foro decisivo donde líderes de países, corporaciones, ciudades e instituciones financieras deben responder a los hallazgos del Inventario Global. México, con su rica biodiversidad y desafíos en desarrollo económico, social y sostenible, se enfrenta a la urgente necesidad de replantear sus compromisos y acciones en financiamiento climático. La conferencia no solo será un espacio para la reflexión, sino -lo que es más crucial- un escenario para la adopción de acciones decisivas. Durante la COP28, que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 en Dubái, los negociadores climáticos de los países y otros actores discutirán los resultados del Inventario Global y determinarán los pasos a seguir. Para que la COP28 sea un éxito es imperativo que México, junto con los otros países, aborde las brechas en la acción climática con nuevos planes de reducción de emisiones, compromisos de financiamiento climático, objetivos de energía renovable y más. Este es un momento crucial para que México muestre liderazgo y compromiso, alineando sus estrategias nacionales con las necesidades globales y las expectativas de la COP28.

Con esta comprensión de los desafíos que México enfrenta en el panorama internacional, y la inminente COP28 como telón de fondo, la necesidad de pasar de la teoría a la práctica se hace más apremiante. No basta con reconocer los retos; es hora de implementar soluciones tangibles y efectivas. En este sentido, el gobierno de México está llamado a tomar la iniciativa, proponiendo y ejecutando un conjunto de acciones que no solo respondan a los desafíos actuales, sino que también pavimenten el camino hacia un futuro más sostenible y resiliente. Las siguientes propuestas representan pasos concretos en esta dirección, cada uno de ellos centrado en aspectos cruciales de la política ambiental y del financiamiento climático. Estas medidas son vitales para fortalecer la posición de México tanto en el ámbito global como en el desarrollo interno sostenible, asegurando que el país no solo cumpla con sus compromisos internacionales, sino que también lidere con el ejemplo en la lucha contra el cambio climático:

1. Trazabilidad de los Ingresos-Egresos de la Federación: Es crucial fortalecer la transparencia y el monitoreo en la distribución de recursos para políticas ambientales. Implementar un sistema integral de trazabilidad financiera, que rastree específicamente cómo se asignan los ingresos, como aquellos procedentes de los combustibles fósiles, a los programas presupuestarios, es fundamental para asegurar un uso eficaz de los fondos destinados a iniciativas sostenibles. Tal sistema no solo facilitaría un control minucioso de los recursos, sino que también permitiría evaluar con precisión el impacto ambiental de estas inversiones. México, al haber tomado la iniciativa previamente al enlazar sus gastos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ahora se encuentra ante el desafío alentador de avanzar aún más en este camino.

2. Claridad en el etiquetado de los anexos transversales: Es fundamental que se revise y proponga una nueva forma de etiquetar los programas presupuestarios que van asignados a los anexos transversales, en particular a los 2 que se refieren a apoyar las políticas ambientales. Este enfoque separaría las verdaderas acciones sostenibles de las meras apariencias, ayudándonos a identificar las iniciativas genuinas y descartar cualquier intento de greenwashing. Imaginemos un sistema donde cada iniciativa sea claramente definida como beneficiosa (‘verde’) o no (‘marrón’), eliminando zonas grises. Con esta claridad, podríamos no solo seguir la pista del dinero, sino también asegurarnos de que nuestras inversiones se reflejen en acciones reales para un México más verde y sostenible.

3. Iniciativa de un Pacto Verde Mexicano: Tomando como inspiración el European Green Deal, se propone explorar un Pacto Verde Mexicano con la participación de los sectores público, privado y social, orientado hacia la sostenibilidad y la protección ambiental. Este pacto impulsaría a México hacia una economía moderna y eficiente, con objetivos claros: cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050, crecimiento económico desvinculado del uso excesivo de recursos y apoyo inclusivo a todas las regiones. Esta iniciativa colectiva situaría a México a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y el impulso hacia un desarrollo más sostenible.

4. Acuerdo sobre Financiamiento: Establecer una cifra concreta de financiamiento para las iniciativas ambientales y sostenibles, pero también desarrollar mecanismos para su cumplimiento es crucial. Para lograr esto, se debería convocar a un grupo multidisciplinario, integrado por expertos en sostenibilidad, economía, ciencia ambiental y representantes de las comunidades afectadas por el cambio climático. Este equipo colaborativo tendría la tarea de determinar no solo la cantidad de recursos necesarios, sino también de diseñar estrategias de implementación y seguimiento efectivas. Este enfoque colaborativo y participativo garantizaría que los fondos asignados se utilicen de manera estratégica, apoyando proyectos que aborden de manera integral los retos de la sostenibilidad y el cambio climático en México. Al definir estas cifras y mecanismos con un amplio espectro de perspectivas y conocimientos, se fortalece la probabilidad de éxito en la implementación de políticas ambientales efectivas y de largo alcance.

5. Implementación y Hoja de Ruta: Para avanzar efectivamente en la sostenibilidad y el combate al cambio climático, se propone desarrollar un plan de implementación de las propuestas enlistadas previamente, pero se deben establecer objetivos específicos, plazos y responsabilidades claras. Además, es fundamental incorporar mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir el progreso y hacer ajustes necesarios. Una vez definidas estas estrategias, se pueden integrar y potenciar con herramientas existentes como la taxonomía sostenible de México y la estrategia de movilización de financiamiento sostenible. Estas herramientas proporcionarían una estructura y metodología sólida para la implementación, asegurando que las acciones estén alineadas con los estándares y prácticas más efectivas en materia de sostenibilidad. Así, se lograría una sinergia entre las nuevas iniciativas y los marcos ya establecidos, creando una hoja de ruta integral y coherente que facilite la planeación, ejecución y evaluación continua del avance hacia las metas de sostenibilidad en México.

La conclusión que emerge es clara y convincente: la necesidad de un enfoque integrado y comprometido es más urgente que nunca. En un mundo donde los desafíos del cambio climático se vuelven cada vez más urgentes, México tiene la oportunidad y la responsabilidad de adoptar un liderazgo proactivo en la implementación de políticas ambientales efectivas y en la movilización de recursos financieros hacia la sostenibilidad.

La acción colectiva y el firme compromiso del gobierno, en sinergia con el sector privado, la sociedad civil y las comunidades indígenas, son fundamentales. Es crucial que estas políticas y financiamientos no sean solo declaraciones de intenciones, sino que se traduzcan en acciones concretas, mensurables y eficaces. La lucha contra el cambio climático y la transición hacia la sostenibilidad requieren de una visión a largo plazo, adaptabilidad y una voluntad política inquebrantable. Las decisiones y acciones tomadas hoy determinarán no solo la trayectoria ambiental del país, sino también su viabilidad económica y social en las décadas venideras. La adopción de un enfoque integrado, transparente y estratégicamente enfocado en la política ambiental y el financiamiento climático no es solo deseable, sino esencial para forjar un camino sostenible y resiliente hacia el futuro.

* Brenda Pequeño es parte de la membresía Aúna Ciudad de México, consultora en temas económicos, políticas públicas y de finanzas sostenibles. Ha trabajado en las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social y Economía, además de haber sido profesora en la Universidad Iberoamericana y la Universidad Anáhuac.

 

1 Ley de Planeación, Artículo 26.