Joel Aguirre · 31 de julio de 2026
Recientemente presenciamos una nueva crisis humanitaria en Ceuta, donde cientos de migrantes intentaron llegar a este enclave español situado en la costa norte de Marruecos. Junto con Melilla, Ceuta constituye una de las dos ciudades autónomas españolas enclavadas en la costa norafricana y son frecuentemente punto de entrada para migrantes que buscan llegar a territorio europeo. En este contexto, Marruecos desempeña un papel como zona de contención para frenar el tránsito migratorio hacia Europa. Sin embargo, consciente de la presión política, social y humanitaria que la migración genera en los gobiernos europeos, Rabat ha convertido la gestión de los flujos migratorios en un instrumento de presión diplomática, especialmente cuando la política exterior de Madrid entra en conflicto con los intereses marroquíes.
Como tal, la migración en el Mediterráneo occidental no puede entenderse sin considerar la relación entre España y Marruecos, donde Marruecos funciona como una barrera para evitar que los flujos migratorios lleguen a territorio europeo. Esta dinámica ha sido ampliamente respaldada por la Unión Europea mediante programas de cooperación, financiamiento por cientos de millones de euros para el fortalecimiento de capacidades policiales y asistencia técnica destinada al control fronterizo.
Sin embargo, Marruecos comprende que la migración constituye uno de los temas políticamente más sensibles para los gobiernos europeos. El incremento repentino de llegadas puede generar crisis humanitarias, alimentar las tensiones políticas y sociales y provocar fuertes costos políticos para los gobiernos en turno. En consecuencia, Rabat ha desarrollado una estrategia consistente en utilizar la gestión migratoria como un recurso de presión diplomática como lo hizo en el 2021.
Cuando las relaciones bilaterales atraviesan momentos de tensión, la vigilancia fronteriza suele relajarse temporalmente, permitiendo el incremento de los cruces irregulares. Es así como el control de los flujos migratorios se ha convertido en un instrumento de negociación política en donde Rabat utiliza su posición estratégica como principal país de tránsito hacia Europa para aumentar su capacidad de influencia y presión sobre Madrid y, por extensión, sobre la Unión Europea.
La crisis actual parece inscribirse dentro de esta lógica. Si bien en el último año la relación entre España y Marruecos parecía haber mejorado, durante los últimos meses las relaciones entre Madrid y Rabat han experimentado un deterioro derivado de dos cuestiones particularmente sensibles para Marruecos. La primera corresponde al fortalecimiento de los vínculos políticos y energéticos entre España y Argelia, principal rival estratégico de Marruecos en el Magreb. Tras la creciente incertidumbre en los mercados energéticos internacionales y la necesidad europea de diversificar sus fuentes de suministro, Argelia ha recuperado relevancia como proveedor de gas natural para España y Europa. Este acercamiento ha sido observado con recelo desde Rabat, donde existe una rivalidad con Argel por el liderazgo regional y por la influencia en el norte de África.
La segunda fuente de fricción gira en torno al conflicto del Sahara Occidental. Aunque el gobierno español había modificado su postura en años recientes al respaldar el plan marroquí de autonomía para el territorio, diversos sectores políticos en España han expresado su malestar frente a la postura del gobierno español con respecto al Sahara Occidental y el pueblo saharaui. Para Marruecos, cualquier señal de distanciamiento respecto a su posición constituye una cuestión de seguridad nacional, ya que considera el Sahara Occidental como un elemento central de su integridad territorial.
De esta forma la propuesta de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el territorio era colonia española y a sus descendientes es un elemento de tensión entre Marruecos y España. Pues esto se puede entender como un gesto que fortalece la identidad política diferenciada del pueblo saharaui, el cual Marruecos considera como parte de su población y que, indirectamente, cuestiona su soberanía sobre el Sahara Occidental. Por lo que, para Rabat, cualquier decisión española sobre el pueblo saharaui puede interpretarse como un respaldo implícito a sus reivindicaciones nacionales y al derecho de autodeterminación defendido por el Frente Polisario.
Desde la perspectiva marroquí, la combinación de un acercamiento español hacia Argelia y una mayor sensibilidad política respecto a la causa saharaui representa un escenario que amenaza sus intereses estratégicos. En este contexto, la migración hacia Ceuta emerge como uno de los pocos instrumentos de presión inmediata con los que cuenta Rabat para modificar los cálculos políticos de Madrid.
A este escenario debe añadirse la evolución de las relaciones entre Madrid y Rabat con Washington. En los últimos años, Marruecos ha consolidado una posición privilegiada con la Casa Blanca gracias a su papel como uno de los principales aliados estadounidenses en el norte de África y al fortalecimiento de su cooperación estratégica con Israel tras la normalización de relaciones diplomáticas iniciada con los Acuerdos de Abraham. La cooperación en materia de inteligencia, defensa y seguridad regional ha convertido a Rabat en un socio de creciente importancia para Estados Unidos.
Esta cercanía otorga a Marruecos un mayor margen de maniobra diplomático para presionar a España, especialmente en momentos en que las relaciones entre Madrid y Washington atraviesan tensiones derivadas de la negativa del gobierno español a permitir el uso de sus bases militares y de su espacio aéreo durante la guerra contra Irán, de su rechazo a incrementar el gasto en defensa conforme a los objetivos de la OTAN y de sus diferencias con la política estadounidense respecto al conflicto palestino-israelí. En este contexto, Rabat percibe que cuenta con un importante respaldo político de Estados Unidos, lo que fortalece su posición y le permite actuar con mayor confianza frente a España.
De esta forma, España enfrenta una situación particularmente compleja. Por un lado, necesita mantener una relación funcional con Marruecos debido a la cooperación en materia migratoria, antiterrorista, comercial y de seguridad en el estrecho de Gibraltar. Por otro, tampoco puede permitir que cuestiones fundamentales de su política exterior queden condicionadas por la amenaza recurrente de una crisis migratoria.
Es en este contexto en donde se inserta la actual crisis migratoria y humanitaria en Ceuta. La respuesta del gobierno español ha estado marcada por el difícil equilibrio entre atender una emergencia humanitaria, preservar el control de la frontera y responder a las presiones de sus socios europeos. La preocupación por un posible desplazamiento de los flujos migratorios hacia el resto del continente llevó incluso a Italia a proponer la suspensión temporal de la libre circulación con España dentro del espacio Schengen para contener la expansión de la crisis.
Ante esta situación, Madrid desplegó al Ejército en Ceuta y reforzó la presencia de las fuerzas de seguridad para contener los cruces y restablecer el orden, mientras negociaba con Marruecos el retorno de los migrantes. Sin embargo, la magnitud de la emergencia, reflejada en el elevado número de personas atrapadas en la frontera y arriesgando la vida en el mar, los fallecidos durante los intentos de cruce y la presión sobre los servicios de emergencia, convirtieron rápidamente el episodio en una crisis humanitaria.
A pesar de las posibles objeciones por parte del Tribunal Supremo de España, Madrid y Rabat acordaron el retorno de los migrantes que lograron ingresar a Ceuta como parte de los esfuerzos para contener la crisis. En última instancia, este episodio demuestra, una vez más, que la migración se ha convertido en uno de los principales instrumentos de presión en la relación entre España y Marruecos.
Las tensiones en torno al Sahara Occidental, la competencia regional con Argelia, la dinámica de las relaciones de ambos países con Washington y la dependencia europea de la cooperación marroquí para el control de las fronteras evidencian que la gestión de los flujos migratorios ha trascendido el ámbito humanitario para consolidarse como una herramienta de presión geopolítica con profundas consecuencias políticas y humanitarias.♦