Criminalización de los saberes ancestrales, un obstáculo para el principio de legalidad

El pasado 26 de enero se llevó a cabo el primer juicio de ayahuasca en México, un hecho sin precedentes que derivó en la detención de José Campos, curandero peruano y habitante de la región amazónica de Uyacali. El etnobotánico, que ingresó al país con cuatro kilos de este brebaje ancestral en forma de pasta, fue detenido el 9 de marzo de 2022 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mismo que se encuentra custodiado por la Secretaría de Marina desde principios de ese mismo año.

Al igual que Campos, otras siete personas están en prisión preventiva oficiosa por portar ayahuasca u otras plantas sagradas, medida cautelar que, además de considerarse desproporcionada por diversos organismos internacionales, contradice directamente el Convenio 169 de la OIT, donde se especifica la necesidad de respetar los usos y costumbres de los pueblos originarios, incluyendo su medicina tradicional.

Lauro Hinostroza, curandero del pueblo quechua-asháninka en Perú, pero que reside en México desde hace más de 30 años, también fue detenido en el mismo aeropuerto el 26 de septiembre de 2022, acusado de llevar consigo N,N-dimetiltriptamina (DMT). A la lista se suman Claudino Pérez, de la tribu murui-huitoto en Colombia; Erick de la comunidad noke-koi, en Brasil, y Gabriela, Elizabeth, Alain y Saúl, de México.

Estatus legal

De acuerdo con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas, la ayahuasca no está catalogada como potencialmente peligrosa ni se encuentra bajo controles estrictos, sin embargo la DMT, uno de sus alcaloides psicoactivos, sí se encuentra fiscalizada tanto en la Lista I de la Convención de Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, como en la Ley General de Salud. No obstante, según la Fundación ICEERS, el sistema internacional de control de drogas no contempla el origen vegetal de esta sustancia dentro de la fiscalización, lo cual revela una falta de armonización entre la ley y la evidencia científica.

¿Reclasificar o regular?

En respuesta al vacío legal que mantiene a ocho personas privadas de su libertad, y en el marco del juicio histórico sobre ayahuasca, se organizó el ‘Foro intercultural de medicina enteógena’, el cual tuvo lugar en el Senado de la República durante el 24 y 25 de enero. Este espacio, impulsado por la senadora Alejandra Lagunes, convocó a distintas voces expertas en el tema, como son las de líderes comunitarios, legisladores, abogados, activistas, médicos tradicionales, neurólogos, psiquiatras, especialistas en políticas de drogas, entre otros.

En el Foro se mencionó que, durante los últimos años, se han realizado distintas investigaciones que apuntan hacia un “renacimiento de los psicodélicos”, categoría que también abarca a los enteógenos y empatógenos. Según estudios de la Universidad Johns Hopkins, su correcta dosificación puede generar plasticidad cerebral, incrementar la sinapsis neuronal, disminuir las defensas del inconsciente, y en general mejorar el funcionamiento del sistema nervioso. Esta información no solo abre nuevos caminos para atender la salud mental, sino que revaloriza el acervo espiritual de los pueblos originarios. Sin embargo, también despliega nuevas interrogantes sobre quiénes pueden guiar o formar parte de estos procedimientos.

Como bien apuntó Natalia Rebollo, abogada de la Fundación ICEERS, asistente del Foro y perito en el juicio, “hablar de plantas trasciende hablar de moléculas o propiedades farmacológicas, ya que estamos tratando con el recuerdo y la memoria de un pueblo”. Sin la ancestralidad, las personas no indígenas estamos perdidas ante las propiedades curativas de la medicina enteógena, y si no se llevan a cabo los cuidados rituales específicos, sus efectos pueden ser contraproducentes. Sobre esa misma línea, es importante recalcar la naturaleza milenaria del conocimiento de los pueblos, y que al anteceder la construcción del Estado-nación, no puede limitarse a biopolíticas construidas desde una mirada colonizante.

Esto no quiere decir que los enteógenos estén peleados con la tecnología o la medicina moderna, pero sí es importante encontrar formas de retribuir y honrar a las comunidades.

Una regulación debe contemplar la preservación de sus usos como patrimonio biocultural, garantizar condiciones de seguridad a sus usuarios, velar por la conservación de la biodiversidad, así como crear modelos para la reproducción de ciertas especies como la ayahuasca y el peyote, las cuales se encuentran en peligro constante por el auge del turismo amazónico.

Por otro lado, es necesaria la activación de los centros ceremoniales indígenas que ya existen y no pueden operar debido a trabas gubernamentales. Asimismo, y en palabras de Alejandrina Pedro, médica tradicional mazateca, escritora, poeta y ponente del Foro, “se deben introducir las enseñanzas tradicionales en el sistema de salud, así como facilitar y brindar los recursos para la creación de escuelas, consejos y equipos multidisciplinarios que resguarden estos saberes”.

Los pueblos originarios llevan miles de años organizándose y aguardianando la flora y fauna psicoactiva de nuestro país, y por ello es necesaria una estrategia culturalmente apropiada que no se torne en simple extracción y explotación de conocimientos.

México tiene la oportunidad de ser un ejemplo internacional de innovación legislativa y crear una ley que se apegue a nuestro contexto y pluralidad. Es necesario regular los enteógenos como una ofrenda que reconozca y honre la autonomía y libre determinación de los pueblos, y no como medio para seguir perpetuando su mala praxis con fines lucrativos. Basta ya de criminalizar los saberes ancestrales, ¡justicia y libertad para José, Lauro, Claudino, Erick, Gabriela, Elizabeth, Alain y Saúl!

* Romina Vázquez estudió Derechos Humanos y Gestión de Paz en el Claustro de Sor Juana. Es coordinadora en el Instituto RIA e investiga sobre política de drogas.