Desafíos postelectorales: armonizar el crecimiento urbano con la conservación ambiental

El ambiente postelectoral en México nos ofrece una oportunidad invaluable para enfocarnos en las regiones frecuentemente relegadas. Más allá de los cambios políticos centrales, es esencial abordar y discutir los problemas locales que dan forma a nuestras comunidades. Este momento crítico demanda no solo atención a los nombramientos en el gabinete y en el Congreso, sino también a las realidades únicas que enfrentan nuestras diversas poblaciones a lo largo y ancho del país.

La necesidad de un desarrollo regenerativo y sostenible para México se hace evidente al considerar contextos como el de Baja California Sur, donde la presión inmobiliaria y turística ha comenzado a afectar negativamente el ciclo hidrológico y el estado de las fuentes de abastecimiento, especialmente las aguas subterráneas.

La región alberga ecosistemas únicos y una biodiversidad significativa que requieren protección, pero la deforestación y la impermeabilización del suelo en el noroeste del país, respaldadas por normativas locales obsoletas e ineficaces, han facilitado un modelo de urbanización que propicia la pérdida de hábitats naturales y la fragmentación del paisaje, aumentando la vulnerabilidad de especies nativas y contribuyendo a la pérdida de biodiversidad.

Ante el crecimiento urbano que antepone el desarrollo económico, las administraciones locales promueven acciones centradas en la gestión de la oferta de agua, como la construcción de presas y proyectos de distribución de agua, exacerbando los desafíos ambientales y los desequilibrios en el ciclo del agua.

México se encuentra en una encrucijada crucial para reformar nuestras prácticas de gestión del agua en los próximos años. Más allá de los cambios normativos, el verdadero desafío reside en armonizar el crecimiento urbano con la conservación ambiental.

En el marco de las políticas ambientales de AÚNA, el Plan Nacional de Descarbonización y Resiliencia Climática de la Coalición México Resiliente y de su capítulo BCS, se presentan cuatro textos de análisis que buscan no solo informar, sino también inspirar a la acción.

Resulta fundamental aprovechar el impulso de políticas nacionales como el Plan Hídrico Nacional y la Ley Nacional de Aguas para adoptar una visión hidrogeológica integral, rompiendo con la inercia de enfoques centralizados y promoviendo una gestión integral del agua inclusiva y eficaz para todas las regiones del país.

En este primer análisis, que inicia en el siguiente párrafo, Alberto Rojas Rueda, especialista en gobernanza del agua, nos comparte un análisis de la situación actual de La Paz, B.C.S. respecto a la gestión del agua y los lineamientos que plantea el actual Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP), que aunque tiene seis años de publicado, ya no responde a la emergencia climática actual.

Agua que no se ve, agua que no se tiene

En los últimos días ha estado en boga escuchar sobre el estrés hídrico en ciudades como Monterrey y Ciudad de México. La Paz, Baja California Sur, no es la excepción. En primer lugar, esto es el resultado de una gestión centrada en garantizar la oferta de agua, sin pensar en controlar la demanda, y también porque se toman decisiones ignorando información fundamental como el balance hídrico o el estado de las fuentes de abastecimiento, principalmente aquellas que no se ven: las aguas subterráneas.

Compartimos algunos datos para conocer la situación que prevalece en la zona urbana del municipio de La Paz.

El PDUCP publicado por su Ayuntamiento en 2018, reconoce que:

“La recarga del acuífero de La Paz es de 27.8 mm³/año y su nivel de extracción es de 30.5 mm³/año, por lo que la condición geohidrogeológica indica que se encuentra sobreexplotado, existiendo un déficit de -2.7 mm³/año”.

Si bien el PDUCP se alineó al Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático para Baja California Sur, 2012, en los hechos no consideró los siguientes escenarios de cambio climático:

• Se proyectan fenómenos hidrometeorológicos más intensos con duraciones más cortas, por lo que la retención de agua será menor, dada la fuerza de escurrimiento que se espera, sin considerar que las zonas que quedan impermeabilizadas por cemento u otra cobertura dejan de infiltrar agua.
• Los periodos de sequía serán mayores y las temperaturas se incrementarán, junto con la evapotranspiración y las necesidades de agua de la naturaleza y de hidratación de las personas.
• Al subir los niveles del mar, la presión del agua salina será mayor y la intrusión salina se agravará en los sistemas subterráneos. El actual PDUCP reconoce que existe una “intrusión salina por ser un acuífero costero y que el avance tierra adentro de ésta será de 240 metros lineales por año y actualmente están entrando al acuífero más de 8 millones de m³ de agua de mar al acuífero”. Ninguno de los objetivos del PDUCP se centra en garantizar el abasto presente y futuro del agua a los habitantes de La Paz. Únicamente dos metas de medio ambiente abordan el tema hídrico. La primera se refiere a “Establecer un mejoramiento de las condiciones ambientales del espacio urbano y su contexto”, y habla de un “Plan de fomento de superficies permeable”, y la segunda a “Establecer una cultura integral de manejo de residuos y de generación de energía” para lo que requiere una “inmersión (sic) de agua pluvial y gris tratada para alimentar cuerpos de agua y riego del espacio público”.

De acuerdo con la Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero de La Paz, Estado de Baja California Sur, publicado este 2024 por la Gerencia de Aguas Subterráneas de la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua, la recarga total media anual que recibe el acuífero de La Paz es de 21.0 millones de m³/año, mientras que el volumen de extracción de aguas subterráneas es de 34.488 millones de m³/año (no contabiliza las extracciones de pozos ilegales), lo que nos da un déficit actual de 13.488 millones de m³/año o sea 10 millones de metros cúbicos más que lo reportado en el estudio de referencia en el PDUCP de 2018. Esto da cuenta del estado de los sistemas subterráneos que abastecen a la ciudad.

Es buen momento para repensar el PDUCP y modificar los límites de la zona de la ciudad para adaptarla mejor a las necesidades de la población que la habita y a la capacidad real de abasto de agua en la ciudad; así como establecer zonas protegidas para recarga (retomando el decreto de 1938 que declara Zona Protectora Forestal Vedada a los terrenos que rodean la ciudad y puerto de La Paz, que no ha sido actualizado) y frenar los proyectos turísticos e inmobiliarios que incrementan la población flotante y con ello la extracción de agua.

Lo correcto sería lograr primero el equilibrio hidrogeológico (entradas y salidas de agua) que abastece a la ciudad, garantizar el derecho humano al agua en La Paz, y ya garantizado, entonces sí deliberar sobre la ampliación de iniciativas de turismo y vivienda bajo escenarios de cambio climático.

Sin embargo el PDUCP, que efectivamente reconoce la falta de disponibilidad del vital líquido y la fuerte presión sobre los acuíferos, propone lo contrario.

El problema no se origina en este instrumento normativo. Al revisar la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur no tiene como objetivo el manejo integral y sustentable del agua. Si bien reconoce que el Plan Estatal Hídrico considere obras que permitan la recarga y el aprovechamiento del agua de lluvia, en el PDUCP y otros marcos normativos relacionados al tema, su aplicación es limitada. Aunado a que la ley estatal tampoco reconoce el derecho humano al agua.

Por su parte, la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur no incorpora entre sus objetivos el de garantizar la armonización del desarrollo urbano con las obligaciones del Estado en materia de derecho humano al agua (accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y seguridad).

El Reglamento de Fraccionamientos del Estado de Baja California Sur reconoce la necesidad de realizar estudios de factibilidad de los servicios de agua potable, los cuales se limitan a verificar si existe la infraestructura suficiente para dotar de agua, pero no estudian o determinan si hay agua suficiente para todos. No existe un mecanismo jurídico municipal, estatal o federal, que condicione el desarrollo urbano a la disponibilidad hídrica.

A pesar del rápido crecimiento de la zona urbana de La Paz, la fuente de agua sigue siendo la misma, el subsuelo. Agua que no se ve y que no se tiene.

Ante este escenario, ¿qué podemos hacer como sociedad?

Más allá de los cambios legales y normativos que permitan modificar de fondo el paradigma dominante de la gestión de la oferta de agua (ya rebasada), debemos promover otras formas de entender el espacio público. La infraestructura azul y verde, también conocida como soluciones basadas en naturaleza (SBN), puede ser parte de este cambio. Desde humedales artificiales para tratar las aguas, a reforestaciones urbanas con especies nativas resistentes a las condiciones climáticas locales, que también sirven de hábitat en corredores urbanos. Cada SBN debe tomar en cuenta las características particulares y necesidades de cada localidad, adaptándose al entorno urbano. En La Paz, debemos pensar en aquellas que promueven la infiltración.

Para La Paz, que depende enteramente de las aguas subterráneas, es fundamental mantener la permeabilidad de zonas que las nutren, contener la expansión urbana y replantearse la forma de hacer ciudad mediante un urbanismo participativo que exija incorporar SBN, a la par que demande armonización de los marcos normativos con los derechos humanos consagrados en la constitución.

* Mariana Orozco Camacho, especialista en políticas públicas y gestión integral de la ciudad. Alberto Rojas Rueda es especialista en gobernanza del agua y derechos humanos.