COVID-19 evidencia precariedad de familiares de personas desaparecidas

Con el fin de conocer los efectos inmediatos de la crisis sanitaria sobre los familiares de personas desaparecidas y/o localizadas sin vida, IDHEAS desarrolló una encuesta en línea a través de SurveyMonkey, la cual fue completada entre el 20 y el 24 de mayo por un total de 674 familiares de 19 entidades federativas del país, con una destacada participación de familiares de Guerrero (23.89%), Veracruz (21.36%) y de Nayarit (13.50%).

El estudio revela la existencia de problemáticas preexistentes a la crisis sanitaria por COVID-19, derivadas de las propias brechas sociales que imperan en México y de la grave crisis en materia de atención a víctimas, las cuales se ven agudizadas en el contexto de la pandemia, afectando de forma desproporcionada los derechos de las y los familiares de personas desaparecidas, particularmente sus derechos económicos, sociales y culturales, así como sus derechos a la verdad y a la justicia.

¿Cuáles son los impactos sufridos por las y los familiares de personas desaparecidas?

Por una parte, la encuesta devela una preocupante precariedad laboral y económica de las y los familiares de personas desaparecidas, agudizada en contexto de la pandemia. De acuerdo con los resultados de la encuesta, sólo el 20.92% de las personas encuestadas declaró contar con un empleo formal antes de la crisis por COVID19, mientras que las otras personas señalaron trabajar en la economía informal (40.21%), contar con un empleo temporal (16.02%), no contar con empleo (18.84%), o estar jubilado/a (4.01%). En relación con ingreso familiar total mensual antes de la crisis sanitaria por COVID-19, el 40.80 % reportó que era comprendido entre 0 y 2,699 MXN, el 38.43% de 2,700 y 6,799 MXN, el 14.24% de 6,800 y 11,599 MXN. Sólo el 6.54% de las personas encuestas declararon que su ingreso familiar mensual era superior a 11,600 MXN.

A la pregunta sobre los impactos inmediatos sufridos a raíz de la crisis sanitaria por covid-19, el 72.33% de las personas encuestadas señaló la reducción total o parcial de sus ingresos económicos, probablemente derivado de una agudización de su precariedad laboral. En efecto, la mayoría de las personas encuestadas señalaron haber perdido su empleo como consecuencia de la crisis sanitaria (34.47%) o haber conservado su empleo pero con una reducción parcial o total de su remuneración (25.47%). Sólo un 15.37% reportó haber conversado su empleo y el mismo nivel de ingresos. Entre otros aspectos, la perdida de ingresos económicos de las y los familiares de personas desaparecidas ha tenido como consecuencia una mayor dificultad para comprar alimentos (38.51%), pagar la renta o hipoteca con el banco (28.16%), conseguir medicamentos (19.09%). También señalan haber sufrido una sufrido una restricción de servicios privados como teléfono, internet y/o cable (10.36%) y de servicios públicos como agua, luz y/o gas (9.87%) y/o perdido su vivienda (1.13%). Lo anterior resulta sumamente preocupante considerando que el 72.85% de las personas encuestadas señaló tener a niña(s), niño(s) y/o adolescente(s) a su cargo (hijos, nietos, sobrinos…), una gran mayoría con dos menores de edad a su cargo (28.19%), un menor de edad (24.18%), tres menores de edad (12.17%), cuatro menores de edad (5.19%), cinco menores de edad (2.67%) o más de cinco menores de edad a su cargo (0.45%).

En relación con la situación de salud de las y los familiares de personas desaparecidas, el estudio devela que el 56.08% de las personas encuestadas sufren de una o varias enfermedades crónicas como hipertensión arterial (25.22%), diabetes (16.17%) y obesidad (12.46%), entre otras. Un porcentaje importante de las personas encuestadas declaró sufrir alguna discapacidad, principalmente discapacidad psicosocial (26.56%) pero también sensorial (13.89%), física (9.31%) y/o intelectual (0.31%). Pese a lo anterior, el 40.80% declaró que generalmente no recibe atención médica para la atención de su salud física y/o mental y un 29.67% señaló que no cuenta con seguridad social y tampoco con seguros de gastos mayores y/o menores.

Sólo 6 personas encuestadas señalaron haber estado enfermas de la COVID-19 (0.97%) mientras que otras 72 personas declararon no saber si habían tenido la enfermedad (11.65%). Una gran mayoría de las personas encuestadas señalaron no haber desarrollado síntomas de la enfermedad por COVID-19 (70.23%), mientras que las otras reportaron haber presentado uno o varios de los síntomas como cansancio (18.77%), molestia y dolores (12.94%), dolor de garganta (7.28%), fiebre (6.31%), dolor y presión en el pecho (6.15%), tos seca (4.69%), dificultad para respirar o sensación de falta de aire (4.21%), incapacidad para hablar o moverse (1.29%) y otros síntomas¹ (4.69%). Pese a lo anterior, el 97.57% de las personas encuestadas declaró que no había tenido acceso a una prueba de detección de la COVID-19.

Entre los impactos inmediatos sufridos desde el inicio de la crisis sanitaria, las personas encuestadas señalaron una afectación a su salud mental (49.19%), un sentimiento de aislamiento (26.05%), mayor dificultad para conseguir citas médicas (24.43%) o medicamentos (19.09%), así como una afectación en su salud física (10.36%).

Finalmente, en relación con el acceso a la justicia, la investigación revela una preocupación palpable de las y los familiares de personas desaparecidas acerca de la falta de acciones de las autoridades para la búsqueda de sus seres queridos y la realización de las investigaciones en el contexto de la pandemia por COVID-19. Al respecto, y como principales impactos inmediatos sufridos desde el inicio de la crisis sanitaria por COVID-19, la mayoría de las personas encuestadas señaló enfrentar mayores dificultadas para recibir información sobre la investigación de su caso (53.72%), realizar acciones o participar en diligencias de búsqueda (50.32%), agendar reuniones con las autoridades para el seguimiento de su caso (49.19%). Sólo el 5.50% de las y los familiares encuestados reportaron haber tenido un contacto personal con una autoridad desde el inicio de la crisis sanitaria, mientras que el 49.19% de las otras personas encuestadas señalaron no haber tenido ningún contacto. Las otras señalaron haber tenido un contacto por teléfono (33.82%) o internet (20.55%).

¿Cuál ha sido la respuesta del Estado mexicano?

El estudio devela que pese su acercamiento con las instituciones públicas, el 72.03% de las y los encuestados no ha recibido apoyo desde el inicio de la crisis sanitaria por COVID-19. Una gran mayoría considera que el apoyo brindado por las autoridades hasta el momento ha sido muy deficiente o deficiente, siendo las peor calificadas las autoridades municipales (74.72%), seguidas de las autoridades federales (68.01%) y estatales (63.79%).

Las personas encuestadas señalaron haber solicitado algún tipo de apoyo pero sin éxito con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (19.54%), la Secretaría de Gobierno (18.39%), el ayuntamiento (17.82%), la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (16.67%), la Secretaría de Bienestar federal o local (16.09%), la fiscalía general de justicia o fiscalía local (14.94%), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia federal o local (14.37%), la Comisión Nacional de Derechos Humanos o local (12.84%). Pese a la política de la CEAV de adelantar tres meses la entrega de recursos para apoyo alimentario y alojamiento para enfrentar de la mejor manera posible la contingencia provocada por el coronavirus2, el 29.29% de las personas encuestadas señaló el retraso de la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV o CEEAVI) en el otorgamiento de las medidas de apoyo como uno de los impactos inmediatos sufridos.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, los ayuntamientos, las secretarias de bienestar y las secretarias de gobierno son las instituciones que menos apoyo han brindado a las familias de personas desaparecidas y/o localizadas sin vida desde el inicio de la crisis sanitaria.

Denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Con base en los resultados de esta encuesta y a la luz de estándares internacionales en la materia, IDHEAS elaboró un informe dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de denunciar las omisiones de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención a Víctimas en adoptar medidas urgentes y con la debida diligencia para proteger los derechos de las y los familiares de personas desaparecidas y/o localizadas sin vida.

En su informe, IDHEAS recuerda al Estado mexicano que la Ley General de Víctimas, en vigor desde el año 2013, obliga a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal) a proporcionar, en el ámbito de sus competencias, ayuda, asistencia o reparación integral, por ejemplo con el otorgamiento de medidas de ayuda para vivienda, alimentación, educación o salud, con una obligación reforzada de proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas en el contexto de la pandemia.

En este sentido, IDHEAS lamenta que la CEAV y sus análogos en las entidades federativas, hasta el momento, no han realizado esfuerzos para analizar los impactos negativos directos e indirectos que la pandemia está generando para las víctimas y tampoco han diseño un plan para su atención integral en el contexto de la crisis sanitaria que contemple los mecanismos de articulación y coordinación entre las diferentes autoridades obligadas.

IDHEAS concluye su informe subrayando que la atención a las víctimas debe erigirse como una verdadera política de Estado ante la crisis humanitaria que se vive en el país y hace un llamado al Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, a cumplir con sus obligaciones reforzadas de promover respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de los familiares de personas desaparecidas y/o localizadas sin vida en el contexto de la pandemia.

* Jérémy Renaux (@jeremy_renaux) es subdirector de IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C (@idheasdh) y coordinador del Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas (@OVictimas).

 

 

¹ Diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, perdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o perdida del color en los dedos de las manos o de los pies.

2 Ante COVID-19, CEAV adelanta pago de ayuda alimentaria y alojamiento.