La cotorra serrana no espera: exigimos presupuesto para la nueva ley ambiental
Joel Aguirre · 8 de septiembre de 2026
Por Gina Ileana Chacón*
La cotorra serrana está en peligro de extinción. Su labor, silenciosa pero irreemplazable, es dispersar semillas en la Sierra Madre Occidental de Chihuahua. Además, sus movimientos y presencia son un indicador que mide la salud de todo el ecosistema. Por eso es vital que el Estado cuide su hogar en el Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca, donde también comunidades han hecho de su conservación una convicción colectiva.
Pero enfrentar incendios, tala y degradación depende de un presupuesto federal que cada año se vuelve más escaso.
Esta no es una excepción, es la norma en las 232 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de México, pulmones indispensables para la captura de carbono, el ciclo del agua y la biodiversidad.
Hoy, todas navegan en vulnerabilidad extrema, una realidad detrás de la discusión de la reforma a la iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), que el Congreso discutirá en las próximas semanas.
La iniciativa promete un cambio de paradigma: eleva los principios precautorio y pro natura, incorpora la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como instrumento de planeación, crea el Registro Nacional de Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (OMEC) y reconoce el vínculo entre medio ambiente y salud pública¹.
Pero lo que omite es cómo financiarlo. El artículo transitorio décimo segundo prohíbe recursos adicionales al presupuesto autorizado. Es decir, la ley se propone sin garantía de fondos para operar nuevos registros, nuevos instrumentos, nuevas obligaciones… todo sin dinero para hacerlos realidad.
Esto no es un error técnico. Es una decisión política.
Dos décadas de recortes
El problema no es nuevo, sino la continuación de recortes progresivos al sector ambiental en las últimas dos décadas.
En 2026, el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fue de 45,564 millones de pesos, que representa el 0.6 % del gasto federal total. Para dimensionarlo, en el periodo de 2006 a 2026 el presupuesto anual promedio de la Semarnat disminuyó alrededor de 47 % en términos reales.
Mientras la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado que se requiere destinar el 3.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) cada año a la acción climática y a la protección del ambiente², México invierte apenas el 0.1 % de su PIB. Eso es 37 veces menos de lo mínimo indispensable.
La conservación no ocurre en el vacío, ocurre en el territorio, con personas que necesitan herramientas y condiciones para cuidar lo que importa.
En 2026, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) recibió 1,502 millones de pesos. Esto equivale a destinar 15.33 pesos anuales por hectárea protegida. Menos de lo que cuesta un café.
Esto se refleja en que hay un solo guardaparque para vigilar más de 714,000 hectáreas en la Reserva de la Biósfera El Pinacate o en la Reserva de Tehuacán-Cuicatlán, donde apenas 10 personas resguardan 500,000 hectáreas sin equipo.
Exigimos una previsión presupuestal progresiva
La nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente no contempla más recursos para cuidar mejor.
Estamos en una coyuntura decisiva: el Congreso discutirá esta ley y, al mismo tiempo, el presupuesto federal para 2027.
Es el momento de impulsar la exigencia para que la asignación de recursos públicos sea suficiente y así las políticas y las leyes generen cambios reales en la vida de las personas y en la conservación de nuestro ambiente.
No se puede ignorar la relación entre presupuesto e implementación, menos en crisis climática. La nueva LGEEPA es una oportunidad histórica para actualizar el marco ambiental del país, pero necesita ajustes de fondo.
Por eso, diversas organizaciones civiles y especialistas exigimos que incluya una previsión presupuestal progresiva, que se definan con claridad los alcances de los principios jurídicos, que la Evaluación Ambiental Estratégica recupere su enfoque en la planeación, y que se incorporen los mecanismos de participación ciudadana que exige el Acuerdo de Escazú: consulta pública, recurso de revisión y denuncia de delitos ambientales³.
Antes de dictaminar, hacemos un llamado a un proceso amplio de Parlamento Abierto. Una ley de esta trascendencia no puede discutirse a puerta cerrada; la sociedad debe participar en la discusión para que sea una herramienta viva que proteja nuestro presente y futuro.
Desde NOSSA, presentaremos el informe anual Cuidar lo que Importa, donde mostraremos cuánto dinero se asignará al sector ambiental para el próximo año.
En Tutuaca, la cotorra serrana y las comunidades no esperan. Ellas ya están eligiendo la vida en su día a día. Ahora nos toca a nosotros estar a la altura de ese cuidado.♦
*Gina Ileana Chacón es directora de Política Pública del Programa México de Wildlands Network y miembro de la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA).
Referencias:
¹ De la Maza Hernández, R., Sánchez Juárez H., C. P., y Bueno Rocha, I. (2026). Documento con los hallazgos de la revisión y análisis de la iniciativa de la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Wildlands Network Programa México.
² Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2023). Necesidades de financiamiento y objetivos climáticos en América Latina y el Caribe.
³ De la Maza Hernández, R., Sánchez Juárez H., C. P., y Bueno Rocha, I. (2026). Documento con los hallazgos de la revisión y análisis de la iniciativa de la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Wildlands Network Programa México.