Joel Aguirre · 28 de julio de 2026
Hay cifras que, por sí solas, revelan una prioridad política. Durante el primer trimestre del año, la Secretaría de Salud federal dejó sin ejercer 2,660.2 millones de pesos. La cantidad no solo representa el mayor subejercicio proporcional entre las dependencias federales; también equivale a más que todo el presupuesto anual del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Mientras miles de pacientes esperaban consultas, cirugías, vacunas o medicamentos, el dinero permaneció inmóvil.
El dato resulta todavía más preocupante cuando se pone en contexto. La Secretaría de Salud registró un subejercicio de 21.8 %, más del doble del promedio de toda la administración pública federal (10.5 %). No ocurrió lo mismo en otras instituciones del sector: IMSS-Bienestar prácticamente ejerció la totalidad de su presupuesto, mientras que la Secretaría de Bienestar reportó apenas un 6 % de recursos sin utilizar. No se trata, por tanto, de un problema generalizado del gobierno, sino de uno concentrado en la autoridad sanitaria.
Conviene hacer una precisión. Un subejercicio no significa necesariamente que el dinero se haya perdido, sino que no completó el ciclo presupuestario esperado: del presupuesto modificado a la emisión de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), al gasto comprometido y, finalmente, al gasto efectivamente ejercido. Pero cuando esa demora ocurre en el sector salud, el tiempo también tiene consecuencias. Una vacuna que no llega a tiempo, una campaña preventiva que se pospone o un equipo médico cuya compra se retrasa no son simples movimientos contables.
También es importante entender qué hace hoy la Secretaría de Salud. Desde la creación del OPD IMSS-Bienestar, en 2023, dejó de operar directamente la prestación de los servicios de salud. Su papel principal es otro: conducir la política sanitaria nacional, coordinar el sistema y financiar funciones estratégicas de prevención, vigilancia e investigación.
Ahí radica la mayor preocupación. El Ramo 12 financia programas presupuestarios que sostienen funciones esenciales para evitar que las personas enfermen antes de llegar a un hospital. Entre ellos se encuentra el Programa Nacional de Vacunación, así como las acciones de prevención y control de enfermedades, incluida la vigilancia epidemiológica y las estrategias frente a obesidad, diabetes y enfermedades crónicas.
También se incluyen las políticas de salud materna, sexual y reproductiva, la atención a la salud mental y adicciones, la rectoría del Sistema Nacional de Salud, el fortalecimiento de los servicios estatales de salud, así como la formación de especialistas y la investigación médica. Si el retraso presupuestario se concentró en estos programas, el daño potencial trasciende el corto plazo.
La dimensión del subejercicio se entiende mejor al ponerlo en perspectiva. Los 2,660 millones de pesos superan el presupuesto anual del Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Infantil de México Federico Gómez y el Instituto Nacional de Cardiología. Incluso significa casi 26 veces el presupuesto del Instituto Nacional de Geriatría, el único dedicado a la atención de adultos mayores en un país que envejece rápido. En tres meses quedó sin ejercerse una cantidad equivalente al presupuesto anual de algunos de los principales institutos nacionales de alta especialidad.
Por ello, la discusión no debería limitarse a celebrar que el dinero “sigue disponible”. La pregunta relevante es otra: ¿en qué áreas del gasto del Ramo 12 ocurrió realmente el subejercicio? La transparencia exige conocer el avance financiero, al menos, en programas de vacunación, prevención de enfermedades, salud materna, sexual y reproductiva, y contrastarlo con los servicios de atención a la salud.
Solo así podremos saber si el retraso afectó principalmente funciones preventivas o la atención hospitalaria directa. Porque, en salud, no ejercer el presupuesto a tiempo tiene un costo que trasciende lo financiero; en ocasiones, ese costo se mide en vidas.♦