¿Qué le espera a Costa Rica con el “modelo Bukele”?

Costa Rica ha sido la perla en Centroamérica. Es el único país en no contar con ejército, algo inédito si tenemos en cuenta que sus vecinos se han debatido entre guerras civiles, como Guatemala y El Salvador, una revolución en Nicaragua y, posteriormente, una guerra con pandillas focalizada en el triángulo norte de la región.

Costa Rica parecía impávida ante la coyuntura de Centroamérica, basando su crecimiento económico en el turismo de sus playas y selvas. Así, logró desde fuera una reducción significativa de la pobreza, con un Estado fuerte e inversión en lo social, educación y salud.

Pero la economía desde hace décadas enfrenta desafíos estructurales que han comenzado a fracturar su gobernanza, como las tensiones políticas, los altos costos de vida y energéticos, así como un rezago en la infraestructura. Lo que ha devenido en constantes tensiones políticas derivadas de la gestión económica y la relación entre los poderes del Estado, especialmente con el Poder Judicial.

La consolidación del conservadurismo costarricense 

A pesar de su marco democrático sólido y un Estado de derecho funcional, Costa Rica ha venido experimentando un aumento de la violencia con 905 casos de homicidios en el 2023, un promedio diario de 2,5. Ha experimentado una baja, según el Organismo de Investigación Judicial, de 1.9 casos por día en 2025.

Pero la percepción ciudadana sobre el aumento de la violencia se hizo palpable con la elección de un partido de ideología conservadora fundado en 2022, el Partido Pueblo Soberano (PPSO), lo que dio como resultado a Laura Fernández Delgado como la nueva presidenta para el periodo 2026-2030.

El PPSO nació del movimiento conocido como “Rodriguista”. Un movimiento que ha procurado alianzas con agrupaciones políticas de derecha con el objetivo de continuar con la agenda del expresidente Rodrigo Chaves Robles (2022-2026), quien actualmente ocupa el cargo de Ministro de Presidencia y Ministro de Hacienda.

En esta posición, el expresidente Rodrigo Chaves participa no solo en la coordinación del Poder Ejecutivo, sino que marca la conducción de la agenda económica y pública de la actual presidenta del gobierno, Laura Fernández.

El CECOT como modelo punitivista de exportación

Antes de finalizar su mandato, el entonces presidente Rodrigo Chaves realizó una gira oficial con el pretexto del combate a la violencia organizada en la región, por lo que visitó las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, el 12 de diciembre de 2025. Durante el recorrido mostró interés en adaptar este modelo a su país. Entre este: el sistema de vigilancia biométrica y los protocolos operativos para endurecer las penas contra los líderes criminales.

Ese mismo día firmó un acuerdo denominado “Alianza Escudo de las Américas” con su homólogo Nayib Bukele en una nueva residencia presidencial dentro de una pequeña isla en el Lago de Coatepeque, en El Salvador. El pacto ofreció experiencia y transferencia de conocimiento en el desmantelamiento de las estructuras criminales, así como “las reformas de ley necesarias para poder erradicar el crimen”, expresó el presidente salvadoreño.

Para ese momento, Rodrigo Chaves planteó que el Ministerio de Justicia de Costa Rica podría construir una nueva cárcel en San Rafael de Alajuela: el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), con un costo aproximado de 33.1 millones de dólares.

Pero esta firma bilateral era algo más. Una iniciativa multinacional de cooperación militar con el mismo nombre: el “Escudo de las Américas”, firmado en una cumbre en Miami por 12 países latinoamericanos con Estados Unidos en marzo de 2026.

El objetivo nuevamente es “combatir los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales transnacionales”, lo que muchos denominan una nueva versión de la Doctrina Monroe, la “Donroe”, como una reinterpretación de la estrategia de seguridad nacional estadounidense para restaurar su presencia en el hemisferio occidental y, de paso, contrarrestar la influencia económica de China en la región.

La tentación de gobernar desde la excepción

Volvemos a la pregunta inicial, ¿qué le espera a Costa Rica si implementa el famoso Modelo Bukele? Para comenzar, hay que mencionar que los contextos de ambos países son diametralmente opuestos en urgencia en materia de seguridad.

En el punto más álgido de violencia, El Salvador experimentaba una tasa de 105 homicidios en 2015 por cada 100,000 habitantes, en una población de aproximadamente 6 millones de personas, es decir: 6,656 homicidios ese año.

Frente al punto más alto de homicidios en Costa Rica, que fue en 2017, con un total de 603 homicidios, lo que representa una tasa de 12.1 por cada 100,000 habitantes.

Pero las muertes violentas venían desacelerándose en El Salvador, con 81 homicidios por cada 100,000 habitantes registrados en 2016; 60 homicidios en 2017. Para 2019, antes de la toma de posesión de Bukele, se tenía un registro de

38.54 homicidios por cada 100,000 habitantes. Mientras que 2025 cerró con 82 homicidios intencionales, es decir, una tasa de 1.3 por cada 100,000 habitantes.

Pero lo que sí puede aportar el modelo Bukele es utilizar esa “amenaza extraordinaria” que representan las pandillas o la violencia del narco para implementar un régimen de excepción. En el caso del pequeño país centroamericano, se prorroga mes con mes desde hace cuatro años.

El Salvador posee un 2.6 % de su población adulta encarcelada

En El Salvador fue un proceso escalonado: primero Bukele ingresó con soldados armados a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020; implantó el estado de excepción en marzo de 2022; el 1 de mayo de 2023, la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas presidido por Bukele, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República. Finalmente, modificó la Constitución para permitirle reelegirse indefinidamente y ampliar el mandato presidencial de cinco a seis años.

Según organismos internacionales, El Salvador posee un 2.6 % de su población adulta encarcelada. Desde que entró en vigor el estado de excepción, en 2022, se han llevado a cabo más de 85,000 detenciones de personas por “sospechas de pertenecer a pandillas”, de las cuales el 90 % están en prisión sin condena, y que al menos 8,000 de los detenidos han sido liberados por ser inocentes debido a la falta de pruebas. Sin embargo, las organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que podría haber hasta 25,000 personas inocentes encarceladas.

Asimismo, se han documentado persecución contra periodistas, ambientalistas y opositores políticos. Lo que era una “excepción” para atrapar pandilleros, se ha convertido en un escudo para perseguir a cualquiera que estorbe al gobierno.

El modelo Bukele nos debe dejar una enseñanza: para la democracia es crucial el debido proceso. Es obligación del Estado seguir reglas, presentar pruebas, permitir una defensa y pasar por un juez imparcial antes de emitir un castigo. Esto no es “proteger” a un criminal o premiar el crimen, es impedir que cualquier gobierno decida sin límites quién es culpable y qué castigo merece. Aceptar que se le niegue a alguien el debido proceso es aceptar que el Estado pueda negárselo a cualquiera.

Así que la tensión entre el gobierno de la presidenta Fernández contra el Poder Judicial el pasado 26 de julio de 2026 no debería tomarse a la ligera. Por un lado, los magistrados denuncian “asfixia de carácter político” mediante recortes hasta el 42 % del gasto operativo. Por el otro, la presidenta les acusa de “golpe de Estado”. Lo único que puede decir una salvadoreña que viene del futuro: que la violencia que se vive hoy no se pague con el estado de derecho mañana.♦