¿Está formado el crimen para ocupar el Estado?

Las instituciones públicas en México mantienen, de manera recurrente, conflictos con la legalidad mediante múltiples mecanismos de apropiación de bienes públicos para fines privados. Lo que comúnmente llamamos corrupción debe entenderse en toda su profundidad si realmente se busca impedir que personas vinculadas con la delincuencia organizada lleguen a encabezarlas.

Comencé mi vida profesional en instituciones públicas y, posteriormente, fundé un instituto especializado en estudiar los procesos concretos de trabajo cotidiano en instituciones policiales y de procuración de justicia. También participé en análisis de los procesos de trabajo en poderes judiciales estatales.

Frente a la corrupción, quien responde únicamente cambiando personas, mientras evade la reforma institucional, sabe que no está resolviendo el problema. El tema es árido y no genera rentabilidad electoral. Describir con detalle el funcionamiento de las oficinas públicas resulta cualquier cosa menos atractivo en el debate público y en la competencia por el poder. Durante décadas, los intentos por impulsar una auténtica reforma democrática de los aparatos de seguridad y justicia —centrada precisamente en transformar estructuras y procesos— han enfrentado una resistencia política, social y mediática persistente.

Las instituciones tienen un mandato formal, pero en su interior esconden culturas, rutinas y rituales que guardan poco, mucho o nada de relación con ese mandato. Nuestros estudios cualitativos muestran una radiografía institucional muy distinta a la legal.

En pasillos y escritorios se decide, por ejemplo, el uso de la tortura como herramienta regular de castigo entre policías municipales. Se decide, en procuradurías, que ahí mismo pueden hacerse pagos a cambio de la vida de personas secuestradas. Se decide, en corporaciones estatales, la división territorial donde sus agentes pueden o no realizar detenciones arbitrarias para extorsionar, dependiendo del nivel socioeconómico de las posibles víctimas. “Allá sí se puede dar coscorrones, jefe; aquí no”, dijo alguna vez un policía de la Ciudad de México, refiriéndose a la zona conurbada. Una frase imposible de olvidar.

Todo esto forma parte de la gestión institucional real: la que ocurre en pasillos, escritorios, vehículos, academias y calles. Es en esos procesos micro —esos micropoderes— donde realmente se administran sistemas sobre los que, insisto, prácticamente nadie quiere mirar.

El saldo está frente a nosotros: van y vienen personas que manipulan esas instituciones, con fines delictivos o no, regularmente sin consecuencias. El recambio de individuos, además, construye la imagen y el espectáculo político del supuesto cambio institucional, cuando en realidad las estructuras operan igual o, en contextos de precarización, incluso peor.

Supongamos que, a partir de ahora, líderes criminales comienzan a ser extraditados a Estados Unidos o juzgados en México en proporciones inéditas. Habrá celebración pública. Pero también es perfectamente posible anticipar que no habrá una verdadera reingeniería institucional, o que ésta será cosmética, marginal, incapaz de transformar los sistemas de control interno y externo. Y, por tanto, incapaz de reducir la corrupción.

¿Cambiarían los incentivos para delinquir desde las más altas jerarquías políticas e institucionales a partir de la acción penal? Tal vez parcialmente. Pero mientras subsistan intactos los incentivos para el secuestro institucional, el problema persistirá, nuevamente, sin consecuencias estructurales.

La estabilidad del sistema ha funcionado históricamente de esta manera: se van unas cabezas y llegan otras, exactamente dentro del mismo ecosistema de controles internos débiles y contrapesos institucionales y sociales crónicamente frágiles.

Si esto es así, entonces quienes tienen el proyecto de dominar las instituciones desde actividades criminales no necesitan construirlas desde cero: sólo están formados, esperando su turno.