Redacción Animal Político · 14 de noviembre de 2023
Cuando hablamos de la prisión y sus consecuencias vale la pena señalar que, como sociedad, hemos asumido sin cuestionamientos que encarcelando a más personas viviremos con más tranquilidad. Hemos preferido los incrementos de penas y la creación de nuevos tipos penales para ocultar problemas sociales, antes que debatir sobre las desigualdades arraigadas en lo más profundo de nuestro sistema social y cultural; sin poner en la mesa las consecuencias perniciosas y desproporcionadas de las lógicas carcelarias en los grupos de población históricamente vulnerados, como por ejemplo, las mujeres.
La mayoría de las mujeres en prisión en nuestro país tiene entre 30 y 39 años de edad y les siguen las de entre 18 a 29 años. Los datos del INEGI relativos a la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad 2021 señalan que el 6.8 % de las mujeres en prisión son reincidentes. En este sentido, es importante tomar en cuenta que la cifra negra relativa a la reincidencia es muy alta porque la impunidad en México ronda el 95 % según en delito.
No obstante, retomando los datos del INEGI, es de destacar que el 44 % de las mujeres reincidentes sólo estuvo 6 meses o menos en libertad entre la última y la actual reclusión. En otras palabras, su reincidencia fue casi inmediata, siendo la posesión de drogas el delito más común en su primera aprehensión. 1
El 6 % de las mujeres en prisión tiene hijas o hijos menores viviendo con ellas en el centro penitenciario y la gran mayoría nació durante la reclusión. El rango de edad de las infancias en esta situación es de 1 a 3 años. En un número importante de casos las internas ayudan en el cuidado de sus hijas e hijos y un porcentaje menor, las trabajadoras del centro penitenciario también participan de su cuidado.

Además, la mayoría de la población de mujeres en prisión señaló tener hijos e hijas menores de edad dentro y/o fuera de los centros penitenciarios; de estas, más de la mitad manifestó tener de dos a tres y un porcentaje menor de cuatro hasta seis. Un dato relevante es que más de la mitad de las mujeres encuestadas señaló que sus hijas o hijos eran cuidados por sus abuelas o abuelos mientras ellas estaban en prisión, ya que no cuentan con acceso a servicios públicos como escuelas de tiempo completo o guarderías.
En el marco de la primera conmemoración del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo es importante visibilizar que las responsabilidades de cuidados y los trabajos no remunerados son un factor relevante en las vidas de las mujeres, también de aquellas que están privadas de la libertad. Éstas no se terminan al entrar a prisión, por el contrario, muchas veces se complejizan. No se trata de un tema exclusivamente femenino. En general, casi el 80 % de la población privada de la libertad señaló haber tenido dependientes económicos la semana previa a su detención. También lo podemos notar fuera de prisión, pues es en las mujeres familiares en quienes recae la responsabilidad del cuidado de las y los internos y de sus dependientes, aunque paradójicamente muchas veces las mujeres privadas de la libertad son las que reciben un menor número de visitas por parte de familiares y amistades.
Es importante reconocer que la lógica penitenciaria reproduce las desigualdades específicamente de las mujeres, obligándolas a asumir la responsabilidad del sustento de las personas detenidas y sus familiares, sin ningún apoyo del Estado. 2 Desde OCUPA hemos resaltado que para que las personas privadas de la libertad puedan reincorporarse de manera exitosa a la sociedad, en especial las mujeres, son necesarias políticas públicas diferenciadas que respondan a las necesidades específicas de cada persona, centradas en la prevención del delito y la no reincidencia.
Más aún, recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido la Opinión Consultiva OC-29/2022 en materia de Enfoques Diferenciados para personas privadas de su libertad pertenecientes a grupos vulnerables. A través de esta Opinión, la Corte reconoce que las condiciones de sufrimiento provocadas por la reclusión en prisión se intensifican y agudizan para las personas pertenecientes a cinco grupos vulnerables, a saber: mujeres embarazadas, en postparto o lactancia; personas de la diversidad sexo-genérica; personas indígenas; personas adultas mayores e infancias que viven en prisión con su madre. Para estos grupos y en el caso de personas cuidadoras de hijas e hijos y otras personas dependientes recomienda privilegiar la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento. 3
Hasta ahora hemos visto una fórmula mal aplicada: los retos a los que se enfrentan las personas al salir de prisión, en particular las mujeres, son la combinación perfecta para obligarlas a regresar a prisión. La falta de empleos, de salarios justos, la pérdida de habilidades y los estigmas cierran las puertas mucho antes de que se busque abrirlas. En los casos de las personas que tienen hijas , hijas o dependientes el panorama es más complejo al salir de prisión: Mientras el Estado no sea corresponsable en los trabajos de cuidados, será muy difícil que las mujeres y personas cuidadoras se incorporen a empleos formales que les permitan tener acceso a mejores condiciones de vida, movilidad social y autonomía, sobre todo considerando que los delitos en los que se ven involucradas las mujeres tienen mucho que ver con sustento económico y posiciones de subordinación estructural.
En conclusión, sin corresponsabilidad en los cuidados no hay reinserción social ni prevención del delito. La apuesta debe contemplar de manera singular a las personas, sus comunidades y necesidades específicas, en el caso de las mujeres, reconociendo y respetando las diferencias de cada caso, apostando a un modelo centrado en el bienestar de las personas de forma individual y colectiva, que finalmente transforme las desigualdades, reduzca las violencias y garantice una calidad de vida digna para todas y todos.
* Silvana Carranza Navarro (@sil__na) es coordinadora de Desarrollo Institucional de la Organización Comunitaria para la Paz OCUPA (@ocupa_mx). Ilustración: Juan Carlos Boo (IG @juancarlosboo).
1 De acuerdo con la CIDH En América Latina entre 40 % y 75 % de las mujeres privadas de libertad lo están por delitos relacionados con las drogas, una tasa entre dos a tres veces mayor que para los hombres. Ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-19/22, 30 de mayo de 2022. Disponible aquí.
2 Al momento de salir y reinsertarse la gran mayoría de las mujeres privadas de la libertad consideran que el haber estado en un centro penitenciario afectará sus posibilidades de reintegrarse al ámbito laboral y otro gran porcentaje que también les afectará para poder reintegrarse a su familia.
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-19/22, 30 de mayo de 2022. Disponible aquí.