Corresponsabilidad contra la corrupción: Sector público y empresarial en México

 

Si bien es cierto que las convenciones e instrumentos legales internacionales son adoptadas por las naciones en el ámbito del derecho internacional, también es cierto que los acuerdos emanados de ellos tienen cada vez más impacto y más razón de ser en la vida diaria de los ciudadanos.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), creada y abierta para su firma en la Ciudad de Mérida en el año 2003, hoy en día cuenta con 159 países signatarios. Este es el primer instrumento global encargado de prevenir y penalizar los actos de corrupción, así como de promover la cooperación internacional entre los Estados Parte y la recuperación de activos. México es uno de los países latinoamericanos que han ratificado las tres convenciones en la materia: además de la UNCAC, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

Dentro de los conceptos más relevantes  e innovadores de estos instrumentos se encuentra la corresponsabilidad, cuyo fundamento recae en la noción de democracia participativa: los ciudadanos, hombres y mujeres ya  no solamente exigen al Estado el cumplimiento de sus obligaciones frente a sus derechos, sino que también participan en deberes respecto a la gestión de lo público. Ya que lo público es un campo compartido, la responsabilidad por su gestión deja de ser exclusiva del Estado, dando paso a la corresponsabilidad. Este término involucra a la sociedad, empezando por el ciudadano común, dentro de la espiral positiva de lucha contra la corrupción.

Es debido al reconocimiento de la corresponsabilidad del sector empresarial en el artículo 2 de la UNCAC que la prevención de la corrupción se enfoca, por primera vez en la historia tanto en el sector público como en el privado, partiendo de que la mejor arma para prevenir y combatir la corrupción es construir una sociedad informada, participativa y dispuesta a avanzar hacia la integridad.

Ciudadanos íntegros y empresarios íntegros hacen servidores públicos y una administración federal, estatal y municipal menos proclive a la corrupción. La transparencia en el gobierno depende del acceso a la información, la rendición de cuentas y, sobre todo, de la participación ciudadana. La Convención establece que la cultura de integridad  y la prevención de la corrupción  son responsabilidades compartidas por todos los sectores de la sociedad: la comunidad corporativa, la sociedad civil, los medios de información, así como la academia y las personas en cargos públicos.

Los seis pilares del esfuerzo de las naciones contra la corrupción incluyen la creación y fortalecimiento de las instituciones; énfasis en la prevención; creación de conciencia entre la ciudadanía; prevención social del delito; aplicación efectiva de la ley; evaluación y monitoreo, e incluso la cooperación legal internacional, dando importancia a que las naciones promuevan y compartan las mejores prácticas aplicadas contra la corrupción.

Un ejemplo de cómo se conjugan los esfuerzos internacionales, se materializa en la asociación entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el sector privado a nivel internacional a través de dos proyectos de integridad pública y corporativa. En el marco de estos proyectos en México se trabajará durante los próximos dos años con la Secretaria de la Función Pública, el estado de Puebla y el Distrito Federal con la intención de capitalizar la conciencia de corresponsabilidad en las empresas.

Bajo esta iniciativa de integridad, se busca desarrollar un sistema de contratación pública que sea sano, dinámico y competitivo, y en el cual los contratos públicos se adjudiquen con base en criterios objetivos, tales como calidad, oportunidad, eficacia y capacidad para ofrecer los servicios. La participación del sector privado se refuerza mediante la creación de un régimen de incentivos para promover la denuncia de incidentes de corrupción. De esta manera, se cristaliza lo enunciado en la UNCAC, pues se logra la participación directa del sector empresarial junto con el sector público a nivel federal y estatal en México.

Son directamente los ciudadanos comprometidos con una vida democrática e íntegra quienes, a través de compañías y empresas privadas aceptan formar parte de la solución a la corrupción, sumándose al compromiso que conlleva la UNCAC en acciones y actividades concretas llevadas a cabo por UNODC. Este esfuerzo sería en vano si los diferentes sectores de la sociedad, desde sus distintos ámbitos no se hacen también corresponsables de las acciones, que por mínimas que sean, pueden significar un acto de corrupción. Para lograr un México más íntegro, una sociedad menos corrupta, una vida democrática más justa, es necesario que los ciudadanos en su individualidad y a través de la sociedad civil, el servicio público y el sector privado comiencen a practicar la integridad y a sentirse partícipes de la solución con su propio ejemplo cotidiano.

 

*Antonio Mazzitelli es Representante de UNODC para México, Centroamérica y el Caribe. Lorena de la Barrera y Carlos Hernández son Consultores Nacionales de UNODC.