Centro de Análisis de Políticas Públicas · 28 de junio de 2011
Por: Leticia Ramírez de Alba, Coordinadora del Programa de Seguridad Pública de México Evalúa.
El discurso presidencial en torno al combate al crimen se ha enfocado en defender una estrategia que más que abatir las conductas delictivas las agravan. La posición del Presidente durante su encuentro con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad es preocupante. A pesar de las alarmantes cifras de aumento en la incidencia de delitos graves como homicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia, y de las reiteradas demandas ciudadanas para que el gobierno actúe en consecuencia, una vez más, el titular del Ejecutivo Federal mostró poca voluntad para revisar el método para abatir los niveles delictivos. Parece que para él no existen alternativas. Pedir disculpas y seguir haciendo lo que hasta ahora se ha hecho no se traducirá en menos delitos, sino en más víctimas y más violencia.
Persistir en acciones que no han dado los resultados deseados podría agravar aún más la situación dado que el negocio de las drogas es cada vez más rentable. El consumo de drogas a nivel mundial sigue aumentando. El Informe Mundial sobre las Drogas 2011 presentado el pasado jueves 23 de junio por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) lo confirma. En este reporte se señala que, a nivel mundial, durante 2009 entre 149 y 272 millones de personas cuyas edades van de los 15 a los 64 años de edad, utilizaron sustancias ilícitas al menos una vez durante el año previo, lo cual representa entre el 3.3 y 6.1 por ciento de la población (en 2008 el rango de consumo se encontraba entre 3.5 y 5.7 por ciento de la población). El aumento en el consumo de drogas a nivel mundial es muy relevante para México ya que, además de ser la puerta de entrada a Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, es un importante productor de mariguana, amapola y metanfetaminas. Por tanto, cualquier aumento en la rentabilidad tenderá a aumentar la producción y tráfico de drogas en México, así como otras actividades delictivas relacionadas con éstas.
Lo anterior sumado a la multiplicación de cárteles dificultará cada vez más el combate al crimen. De acuerdo con Eduardo Guerrero el número de cárteles pasó de 6 en 2006 a 12 en 2010, y el número de organizaciones locales pasó de 11 en 2007 a 114 en 2010. El gobierno federal argumenta que con la fragmentación la delincuencia pasó de ser un problema de seguridad nacional a uno de seguridad pública. Lo que parece haber olvidado es que lo que nos importa a los ciudadanos es no ser víctimas del delito. Además, la fragmentación ha provocado la dispersión y expansión geográfica de la violencia, lo cual significa nuevos retos para su combate.
Además de las condiciones que propician la comisión de actos delictivos graves como el aumento en el consumo de drogas y la multiplicación de cárteles tenemos que las instituciones del Estado mexicano enfrentan problemas de coordinación, eficiencia y transparencia. Hoy, 28 de junio, México Evalúa presentó un reporte en el que se resumen las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación hizo con respecto del gasto en seguridad durante 2009. En este documento se enfatizan diez recomendaciones que requieren de atención inmediata:
(1) Las acciones realizadas por la SSP no han sido suficientes para alcanzar el punto de inflexión que permita revertir la incidencia de delitos. Y tampoco ha mostrado claras metas u objetivos a cumplir en plazos específicos.
(2) La eficacia en el desempeño de la Policía Federal (PF) aún no es evidente.
(3) El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) debe desarrollar sus bases de datos y publicación oportuna de información.
(4) La Plataforma México ha sido operada con poco apego a la normatividad en adquisiciones.
(5) Los fondos y subsidios destinados a la seguridad no están teniendo un efecto medible.
(6) La PGR tiene un avance mínimo en sus tareas de profesionalización y modernización de ministerios públicos.
(7) Los sentenciados del fuero federal cumplen, en su mayoría, sanciones en libertad y sólo se vigila el 3% de ellos.
(8) La tarea de prevención y readaptación social no está funcionando.
(9) La Secretaría de la Defensa Nacional carece de controles para validar la integridad de los indicadores del desempeño institucional en el marco del Programa Nacional de Seguridad.
(10) Los estados no tienen insumos para desarrollar inteligencia policial.
Dadas las condiciones de un aumento en la demanda de drogas, la multiplicación de cárteles y las áreas de oportunidad en las instituciones del Estado mexicano, ¿Cómo convencer al Presidente de modificar su estrategia? Creo que la mejor forma de hacerlo es presentándole un diagnóstico basado en datos duros y proponiéndole una alternativa. Pero, ya se han señalado los ejes de una posible alternativa. Precisamente, en su último artículo publicado en la revista Nexos, Guerrero da cuenta de cómo la estrategia empleada ha dispersado geográficamente la violencia y ha incrementado la incidencia delictiva, y propone una estrategia disuasiva para combatir al crimen organizado. Esta estrategia no prevé el establecimiento de pactos ni detener el combate al crimen, sino que propone la implementación de mecanismos que ya han sido probados en otras latitudes. ¿Podremos convencer al Presidente del explorar una opción como ésta? ¿Por qué no empezar implementando en distintos puntos del país programas piloto de carácter disuasivo para evaluar sus resultados y mejorar los programas gradualmente?