blogeditor · 28 de septiembre de 2022
Desde que se creó el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico para la llamada Guerra Sucia hubo diversas críticas por la temporalidad, la falta de presupuesto y personal, así como un arreglo institucional en el que se daba el poder a funcionarios de gobierno. Una vez más, el gobierno se aferraba a mantener el control político de la verdad (Comisión de la verdad ¿gubernamental?).
Las Comisiones de la Verdad deben ser independientes al poder político. Al Estado le corresponde garantizar el derecho a la Verdad y, con una decidida voluntad política, generar las condiciones para que, lejos de visiones partidistas y de gobierno, un amplio grupo independiente recabe miles de testimonios y analice un enorme caudal de documentos para generar una narrativa que abone a la verdad. La legitimidad de estos complejos procesos depende en buena medida de la sana separación entre política y verdad.
La semana pasada renunció Aleida García a su cargo de comisionada. Los motivos de su salida son sumamente preocupantes. Argumenta que la Secretaría Ejecutiva de la comisión, encabezada por un funcionario público, no tiene la voluntad de articularse con el “ala de la sociedad civil” compuesta por cinco comisionados hasta antes de esta renuncia. Adicionalmente señala la imposición de una agenda política desde la Secretaría Ejecutiva “utilizando todas las vías posibles”. Esto es inevitable si estas comisiones no cuentan con independencia. García renuncia debido a que su pertenencia sería “una contradicción ética, moral y política”.
A partir de esta renuncia, la académica Adela Cedillo publicó su experiencia a partir del seguimiento que ha dado a todo este proceso desde el inicio (La guerra sucia en México: recapitulación y ambivalencia). Señala que “el criterio de invitación a este proceso fue la amistad o afinidad entre el director de enlace y los participantes, algo muy lejano a un criterio institucional o basado en el mérito”. De igual manera “cabe señalar que la selección de colectivos de víctimas a las que se les dio la oportunidad de participar en este proceso fue muy arbitraria… la mayoría de los colectivos invitados habían hecho explícita su simpatía hacia la actual administración”. Varios importantes colectivos de víctimas de Guerra Sucia (Eureka, HIJOS, Comité 68) han mantenido distancia de este proceso. Todo este opaco proceso, lejano a cualquier estándar internacional, fue validado por el subsecretario Alejandro Encinas. Cedillo agrega “cabe preguntar, por qué del mecanismo histórico requirió un proceso de selección y el mecanismo jurídico no”.
Por si fuera poco, la comisión ha recibido diversos golpes que no han generado una respuesta contundente en defensa del mandato asignado. El presidente ha manifestado su intención de exculpar a militares e incluso de promover procesos de reconocimiento a su labor en esos años.
Todo esto no son preocupaciones técnicas ni metodológicas. Se trata de un esfuerzo por encontrar la verdad y la justicia. Procesos que carecen de antecedentes positivos en México, basta recordar la FEMOSPP durante el gobierno de Fox. Parece que hay una aceptación social de que estos procesos no llegarán a buen término o son irrelevantes. No hay otra manera de entender la poca atención que ha merecido el trabajo de la Comisión e incluso la renuncia de una comisionada. En cualquier otro país, sería motivo de discusión pública y mediática acalorada. Se trata de la verdad y la justicia por crímenes atroces del pasado.
Hay elementos suficientes de desaseo desde el inicio de este proceso, muestras claras de la falta de voluntad política al más alto nivel y agravios al mandato por parte del presidente y el secretario de la Defensa como para generar una ruptura en términos éticos, morales y políticos, como lo argumentó Aleida García en su texto de renuncia.
La independencia de los mecanismos extraordinarios de verdad y justicia para crímenes atroces no es un capricho técnico. Mantener a la política al centro supedita a la verdad y la justicia a las tensiones de ser gobierno, las visiones partidistas, las agendas electorales, las presiones del gabinete, la predilección de la coyuntura. Basta ver lo ocurrido en estos días con el caso Ayotzinapa, que también tiene una comisión de la verdad gubernamental. Contaminar la búsqueda de verdad y justicia con el lodazal propio de la política es un gravísimo error. No se puede ser juez y parte, la legitimidad se cae por los suelos.
La legitimidad de estos procesos está en los miembros independientes. Que el resto de comisionados se mantenga en silencio sobre lo fundamental de estas denuncias pone en riesgo no solo a este proceso, sino a futuros posibles mecanismos que irán perdiendo la confianza de la sociedad. No es decisión fácil, pero las lecturas tendrán que ser en los términos que colocó García: éticos, morales y políticos.