La contribución de los medios en hechos de violencia

En el mundo globalizado los medios de comunicación han sido claves para informarnos sobre temáticas de interés común y registrar los acontecimientos más trascendentales de la historia de la humanidad moderna.

Transmitir información lleva consigo una gran responsabilidad, toda vez que esta tiene la capacidad de incidir en los comportamientos de las masas. Los vacíos en la información y el condicionamiento de la misma por algún tipo de interés económico o político conllevan, en muchos casos, a repercusiones negativas para la opinión pública.

No en vano desde las ciencias de la comunicación, la sociología, la antropología o el derecho existen múltiples reflexiones que han surgido con relación a la contribución a la violencia por parte de los medios de comunicación y, mas recientemente, de las redes sociales como indiscutible canal de comunicación especialmente entre la población joven. Sin embargo, sin importar la edad, cuando no se ejerce un análisis crítico, se es fácilmente influenciable.

Previo a la pandemia, diferentes países venían registrando movimientos de protesta social, que en algunos casos resultaron en estallidos, lo que estaba desencadenando una situación compleja para la seguridad pública en distintas latitudes. Los medios fueron protagonistas. A la prensa se le atribuyó cierta incidencia con los episodios de violencia que todos conocimos, el portal de la Fundación Gabo en una publicación formulaba la pregunta: ¿cómo informar sobre protestas sociales sin estigmatizar a los manifestantes?

El caso de Chile es ilustrativo. Las consignas más repetidas por los manifestantes en pancartas y grafitis hacían alusión al inconformismo de la ciudadanía frente a la información emitida. El sitio web LatAm Journalism Review registró que con escritos en las calles como “¡Apaga la tele!”, “¡Sal a marchar!”, “¡La tele miente!” los protestantes hicieron eco de su creciente desconfianza hacia la prensa.

Por su parte, un estudio de la encuestadora Cadem citado por el medio de comunicación France24 da cuenta de la percepción de la ciudadanía frente a medios de alto impacto, como la televisión. Al respecto, los resultados fueron categóricos: “un 80 % cree que la televisión es quien más se ha centrado en la violencia y los destrozos de las movilizaciones y un 61 % considera que representa más los intereses de la elite. Asimismo, 90 % cree que a los medios de comunicación les importa más mostrar las noticias que convienen para tener más audiencia y mejores resultados económicos”.

En este caso, la credibilidad de los medios se ha puesto en entredicho ante una percepción de magnificación o sesgo informativo por el cubrimiento exagerado de incendios, saqueos o actos de vandalismo en propiedad pública y privada en el marco de las manifestaciones, minimizando e incluso desconociendo la otra cara de la moneda: la protesta pacífica.

Al respecto, el Centro de Investigación Periodística CIPER señaló en una de sus columnas de investigación que los medios, como instituciones sociales que son, imponen una manera de hacer las cosas muy dependientes de las contingencias políticas, culturales y económicas. “En ese contexto, los discursos audiovisuales hipertrofiados de ciudadanos e, incluso, familias hurtando masivamente los supermercados, los incendios, los costos de la reparación de la red de Metro o actores económicos tradicionales dominando el discurso (gobierno, Luksic y otros empresarios, asociaciones de AFP y de supermercados y las clasificadoras de riesgo del país) muestran un compromiso con un ángulo particular, tensionado entre cierto oficialismo y el espectáculo”.

De la información al juicio

Está claro que las interpretaciones, valoraciones o enfoques que algunos periodistas suelen dar a determinados hechos pueden llegar a generar cierta representación ideológica de la violencia. Si bien es preciso aclarar que no toda la responsabilidad compete exclusivamente al universo mediático, también vale la pena expresar que las posiciones amañadas de la prensa en el cubrimiento de situaciones de riesgo público tienen cierta incidencia en la transmisión de valores violentos.

En Colombia un caso relacionado con la muerte de un hombre en un acto de sometimiento por parte de miembros de la Policía desató una ola de violencia inédita en Bogotá y varias ciudades del país.

El hecho, como era de esperarse, tuvo un amplio despliegue de los medios de comunicación que repetían incansablemente las imágenes del momento de la detención; video que rápidamente también se viralizó en las redes sociales, emitiéndose juicios de responsabilidad sin contar con suficientes elementos probatorios y a sabiendas que, ante este tipo de situaciones, son las autoridades judiciales las llamadas a dictaminar.

El rechazo hacia agentes policiales y hacia la Institución fue inmediato. La ciudad vivió un complejo episodio de protesta con acciones violentas. Aproximadamente un tercio de los 156 Comandos de Atención Inmediata CAI de Bogotá fueron destruidos e incendiados. Mientras esto sucedía, el caos se apoderó de otras áreas de la capital del país y una ola de inseguridad impactó de manera significativa, así como cuantiosos daños a la propiedad privada producto de los actos vandálicos.

Enredados

Las redes sociales están logrando un alcance tan significativo como exponencial, complementando e incluso desplazando el alcance de los medios tradicionales. Buena parte de las nuevas generaciones prefieren informarse, opinar y hasta generar información desde estas plataformas. En Chile, por ejemplo, Facebook fue el medio más utilizado (50 %) durante la mencionada crisis de descontento social, según el estudio de CADEM citado por France24.

Con el vertiginoso crecimiento de las redes se ha evidenciado también la proliferación de diferentes tipos de violencias contra la integridad de las personas, como la suplantación de identidad, el ciberbullying, el acoso cibernético, los linchamientos digitales o las amenazas, entre otros.

Al mismo tiempo, las incitaciones a la violencia y el desorden social logran propagarse rápidamente en el entorno digital, sin mayor regulación y en ocasiones trascendiendo al ámbito offline. Con frecuencia, hemos sido testigos de la proliferación de discursos extremistas, que promueven mensajes de odio hacia un grupo poblacional, una minoría, o un sector político, entre otros.

También hemos evidenciado casos en los cuales las rivalidades entre grupos sociales han conllevado a hechos violentos, a partir de disputas que se fraguan desde las redes sociales. En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali se han presentado diferentes protagonizadas por hinchas de equipos de fútbol, que se dan cita a través de estas plataformas.

La problemática de la falta de control de lo que los usuarios publican se ha evidenciado en acontecimientos insólitos. En 2019 un asesino transmitió en directo por Facebook Live una masacre que perpetuó en una mezquita de Nueva Zelanda, donde disparó indiscriminadamente a quienes estaban allí orando y ocasionó la muerte de 50 personas.

La transmisión de este ataque terrorista, que tuvo una duración de 17 minutos, fue vista en directo por unas 200 personas y 4,000 más lograron reproducir la grabación antes de que Facebook eliminara el video. Pero la cosa no paró ahí. Durante las horas posteriores al atentado se publicaron cientos de copias del video en Youtube, al punto que se alcanzó el ritmo de una subida por segundo.

La lista de eventualidades violentas asociadas a las redes sociales es larga. En su artículo, el portal Buzzfeed News denunció que desde diciembre de 2015 hasta mediados de 2017 se transmitieron en vivo alrededor de 45 casos de violencia en Estados Unidos, entre asesinatos, violaciones, tortura, maltrato infantil, tiroteos y suicidios, entre otros.

Si bien con inteligencia artificial las plataformas logran eliminar algunas de los contenidos más atroces, los usuarios han encontrado la forma de viralizarlos en otras plataformas, o de engañar al algoritmo creando formatos que no permiten ser identificados para suprimirlos.

Mientras los delincuentes, en su delirio de popularidad, se ufanan del morbo y el alcance que generan sus publicaciones, a los expertos nos preocupa que la apología, exaltación y consumo de actos violentos contribuyan a que estos lamentables episodios se propaguen por cuenta de personas que quieran imitarlos generando riesgos en detrimento de la seguridad ciudadana.

Responsabilidad

Sin regulaciones concretas y políticas públicas claras que ejerzan un control claro sobre lo que se publica en los medios de comunicación y las redes sociales con sus posibles injerencias en acciones violentas, no es muy claro cuál es el camino para evitar la emisión y viralización de este tipo de contenido.

Desde luego, estos tiempos desafiantes ameritan un mayor rigor en la moderación de los contenidos que allí se emiten, sin caer en la censura de la libertad de expresión, pero sí con consciencia social en función de la gran responsabilidad que tienen al ser herramientas tan importantes para la sociedad.

Recordemos que, teóricamente, el activo principal para un medio de comunicación es su credibilidad y su reputación.  Publicar información amañada, como en el caso de Chile, o permitir que contenidos inapropiados se propaguen por las redes, como en Nueva Zelanda, son acciones que ponen en jaque dicho activo.

Sin embargo, ya lo mencionaba: no toda la responsabilidad en esta historia compete exclusivamente a los medios tradicionales y las redes sociales. Frente a esta situación tendremos que reflexionar de manera más holística. ¿Cómo formamos a la ciudadanía para el consumo adecuado de la información? ¿Cómo fortalecemos el criterio de la opinión pública? ¿Cómo seguiremos reaccionando frente a la escalada de contenidos nocivos que se multiplican a diario? ¿Cómo deberán actuar las autoridades frente a quienes emiten mensajes violentos sin medir consecuencias de su alcance?

* Henry Mario Rodriguez Zambrano (@henryanalista) es PhD en Políticas Públicas, Magister en Seguridad Pública y Políticas Públicas, Administrador Público.