Contra la precarización del trabajador público

Culpar a los servidores públicos que tienen contacto con los ciudadanos de los problemas del gobierno no es nuevo. Un gobierno culpó a los electricistas del mal funcionamiento de una paraestatal energética; en otro, a los maestros de la calidad de la educación, o en este, a los doctores de que no haya cobertura de salud en ciertas regiones del país. En esta discusión, las condiciones de trabajo digno son claramente obviadas. Aquí argumento brevemente cómo la precarización del trabajador público no beneficia a los servicios públicos.

El tema que provocó este texto es la falta de médicos en zonas peligrosas de nuestro país. Más allá de la asistencia de médicos de Cuba, tenemos un problema crónico de fondo de falta de inversión en el sector salud. Desde una perspectiva muy religiosa, se puede ver a los servidores públicos, como calificó Vasconcelos a los maestros, un apostolado. Un servicio desinteresado en favor de las mayorías. Suena románticamente perfecto, pero laboralmente es peligroso. El apostolado como idea -trabajar hasta el cansancio en condiciones de pobreza- justifica condiciones injustas del trabajo.

Los servidores públicos efectivamente hacen labores para la mayoría, pero eso no les exenta de sus derechos laborales. Efectivamente, puede haber momentos de emergencia que requiramos su tiempo de manera extraordinaria, pero eso no debe ser una práctica perpetua y debe compensárseles. Un ejemplo son todos los trabajadores esenciales en la pandemia.

La ausencia de médicos en parte se debe a la falta de condiciones seguras para ejercer la profesión médica, ya sea por escasez de material sanitario o amenazas de organizaciones criminales. Ni hablar de la urgente necesidad de formar más médicos en las universidades públicas.

Desde una perspectiva muy neoliberal, las condiciones generales de trabajo son un estorbo para la eficiencia del sector público. Los sindicatos y sus luchas por la mejora de condiciones salariales y de jubilación son enemigos naturales del planeador neoliberal. Desde esta perspectiva, lo que llaman públicamente como pasivo laboral -las pensiones de los trabajadores- es un problema que a sus ojos solo se puede resolver con políticas antisindicales. ¿Qué sindicato o trabajador -que no sea patronal o blanco- abogaría por peores salarios y peores pensiones? En lugar de pensar en soluciones de común acuerdo con los trabajadores, incluida una reforma fiscal, varias administraciones federales en México intentaron minar las condiciones del trabajador del sector público.

Sin duda la imagen de los policías corruptos y los burócratas de ventanilla sin sentido común invade las conciencias públicas. Más aún por la corrupción cotidiana. Sin embargo, no se ha hecho el intento en el debate público por entender cómo la precarización de las condiciones de trabajo es parte del problema de la ineficiencia o la corrupción. Por ejemplo, los salarios de los policías en México han sido históricamente bajos. ¿Cómo ganar suficiente para alimentar una familia si no es completando con mordidas? Si bien es cierto que algunos trabajos han terminado en la obsolescencia por la digitalización, ¿por qué no capacitar para nuevos trabajos en lugar de buscar eliminar plazas? En esto, la visión neoliberal y la apostólica llegan a la misma conclusión: precarización o despido.

Condiciones de trabajo digno y seguro deberían ser una obviedad en este punto de la historia. Desafortunadamente, todavía estamos en la fase que tenemos que argumentar que el bienestar físico, emocional y de salud de los trabajadores son importantes para la productividad. En años recientes se ha publicado bastante investigación sobre la relación entre las condiciones de bienestar de los trabajadores y la productividad de las empresas, o el funcionamiento de los gobiernos. Mejorar la salud física y mental de la persona trabajadora ayuda a mantener al sector público funcionando. Pero esto implica ir contra políticas laborales de explotación: horarios de trabajo largos, cargas excesivas, condiciones inseguras o insalubres, salarios precarios, o desprotección legal.

En particular, las pésimas condiciones de trabajo implican dobles cargas laborales para las mujeres en el servicio público. Por ejemplo, largos horarios de trabajo sin acceso a servicios de guardería afectan a las madres trabajadoras, no sólo porque tienen que invertir parte de su salario en servicios privados, también porque las estructuras del trabajo favorecen a los hombres que son capaces de aceptar estos horarios para ascender en la escalera burocrática, creando brechas salariales de género. Igualmente, en ocupaciones públicas altamente feminizadas como la enfermería se han registrado casos de jubilación temprana o abandono del trabajo porque estos horarios desgastan física y mentalmente a las enfermeras, en particular durante la pandemia.

La narrativa pública del trabajador público que sacrifica tiempo, familia y salario para el bien público termina hundiendo a sus propias familias por la ausencia permanente de uno o varios integrantes. Esto deja a miles de hijos sin presencia de sus padres en momentos claves de su vida. Esas vacaciones cortas terminan siendo solo tiempos para que los servidores públicos duerman las horas perdidas (la falta de sueño tiene efectos en salud como provocar paros cardiacos).

Se contrapone esta narrativa al servidor público que sacrifica su vida personal, al “perezoso” que tiene empleo por acuerdos “políticos” y que gozan altos salarios. Sin embargo, aunque los salarios del sector público suelen superar a los del trabajador en la informalidad, la base de nuestro servicio público son maestros, médicos y oficinistas que mantuvieron al país funcionando en la pandemia en condiciones de inseguridad. Contraponer a la mayoría de los trabajadores con una minoría de funcionarios que seguramente tendrán algunos privilegios permite a ciertos implementadores de políticas laborales precarizar a los ya precarizados.

Incluso cuando se quiere recompensar la labor del trabajo público, las políticas son limitadas: por ejemplo, subir del 1% al 3% del salario del magisterio cuando el país tiene una inflación anual del 7%. Una de las grandes virtudes de esta administración ha sido el aumento sostenido del salario mínimo, pero ha quedado a deber con el salario de los trabajadores del sector público, cuyos sueldos fueron congelados igual en los pactos antinflacionarios del pasado y que solo han podido ser nivelados por políticas compensatorias que suelen estar a merced de la disponibilidad presupuestal.

La vacunación, la eliminación del analfabetismo, la disponibilidad de tramites en línea, entre otros grandes logros del Estado mexicano son obra mayoritaria del trabajo de millones de servidores públicos. Y estos muchas veces lo hacen sin recursos suficientes, en la total precariedad. Ejemplo son los trabajadores del sistema de aguas de la Ciudad de México, quienes, sin presupuesto para herramientas o materiales, ponen de sus propios bolsillos o en técnicas ingeniosas las reparaciones necesarias para mantener al sistema de aguas de la Ciudad funcionado. México funciona -aún con sus problemas- gracias al esfuerzo anónimo de miles de trabajadores del sector público quienes aguantan ciclos de austeridad que les arrancan materiales y apoyos en personal para trabajar.

Tener seguridad en el trabajo, condiciones dignas, descanso y buenos salarios del servidor público es fundamental no sólo para el Estado, lo es para todos. El ejemplo de un buen servicio público es fundamental para combatir las practicas de explotación en el privado, aunque no suficiente. Ni inútiles ni apóstoles, los trabajadores del sector público son cruciales para la vida colectiva por los servicios que ofrecen día con día a millones de ciudadanos. La mínima recompensa que todos les debemos es el trabajo digno. Y con trabajo digno debemos mejorar al gobierno.