blogeditor · 9 de enero de 2021
Aceptemos un hecho, de entrada: vivimos en un país donde la mitad de la población vive en la pobreza. Existen más de 50 millones de mexicanas y mexicanos cuyas carencias no les permiten salir de una trampa mortal donde la salud, educación, trabajo y esparcimiento no son derechos o rutinas del día a día, sino una constante lucha que hay que lograr a diario. Para estos 50 millones de personas las carencias se tienen que superar diario y viven en viviendas sin piso adecuado, sus hijas e hijos no pueden ir a la escuela, la comida escasea siempre, sus vecindarios son inseguros, su salud está completamente en riesgo y el pensar en dedicarle tiempo, dinero o esfuerzo al esparcimiento y entretenimiento, que a final de cuentas nos hace disfrutar la vida, es algo impensable.
En ese contexto el sistema político mexicano creó en los años 60 y 70 una de las formas más despreciables de hacer política, la capitalización de esa miseria. Para esta manera de hacer política hay dos sujetos, la persona pobre que tiene una serie de carencias que tiene que resolver ya, porque de no hacerlo peligra el bienestar de su vida y el de su familia, y un político o política con una serie de recursos a su disposición que “misericordiosamente” se acerca a solucionarla. En la política cotidiana se conoce como la política “de gestión” y es, sorprendentemente, una de las actividades que mayormente mantienen ocupada a nuestra clase política. Miles de recursos se gastan a diario en repartir despensas, pelotas, cemento, cobijas, varillas, sillas de ruedas, pintura, juegos de parque, etc., por parte de autoridades que no tienen el mínimo de responsabilidad en estas tareas.
¿Cuál es el problema de este tipo de política? ¿No están haciendo un buen trabajo aquellas que personas que usan sus posiciones de poder para ayudar a eliminar carencias? La respuesta es un rotundo no. El problema con este tipo de política es tanto de principios como operativo. De principios porque supone un uso patrimonial de los recursos públicos, donde una persona “con muchos recursos” llega a una comunidad donde otras no tienen nada a, “por su buena voluntad, ayudarles” con regalos en Día de Reyes, con cenas en fiestas patronales, con material de construcción para sus viviendas y un largo etc. El problema es que esos recursos ni siquiera son suyos, no es un acto de filantropía, es un desvío de recursos públicos que deberían utilizarse para programas muy específicos que justamente eviten el uso patrimonial de los mismos. Tampoco es admirable jactarse de la gran capacidad económica que se tiene como funcionario al punto de poder comprar las despensas de una colonia entera. ¿Cómo es que ganan tanto dinero? ¿Si no es de ellos, de dónde lo sacan? ¿No es hasta cínico mostrarse como alguien con tanto dinero que podría mantener a una comunidad entera cuando en ella misma el pan falta diario?
¿Qué espera él o la funcionaria que usa recursos de su oficina de alguna dependencia educativa al ir a repartir despensas al distrito donde vive? En el mejor de los casos un agradecimiento de parte de quienes la reciben, lo que significa que muy dentro de cada de una estas acciones las personas que las realizan están convencidas de que esos recursos son de su propiedad cuando en realidad todas y todos estamos pagando por ello. Este tipo de política se explica en contextos autoritarios donde el patrimonio personal y el público están combinados, pero no debería de existir en uno democrático donde los recursos que administran las y los funcionarios no son parte de su riqueza personal y por lo tanto no los pueden andar regalando.
También el problema es operativo porque no hay una sola prueba que demuestre que realmente están ayudando a eliminar la trampa de pobreza en la que dichas personas se encuentran atrapadas. Los programas de combate a la pobreza y carencias deben ser pensados y bien diseñados, que procuren dar oportunidades y no generar clientelas, que ayuden a salir de ciclos viciosos y no a perpetuarse. En sentido estricto a estas acciones ni siquiera les conviene acabar con la pobreza porque se quedarían sin la clientela política que pretenden capitalizar.
La política de la gestión es la política de la miseria que se aprovecha de las carencias para generar simpatías sin el más mínimo esfuerzo. Es una muestra de lo perdida que está nuestra clase política, tan sin ideas se han quedado, tan faltos de propuestas y con tan poca legitimidad, que lo único que les da para conseguir algo de apoyo es literalmente lucrar con la miseria y carencia de las personas. Es una muestra lamentable que debemos de cambiar y pensar en mejores soluciones de verdad.
* José Antonio Cárdenas Rodríguez (@bocho12355) es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, exasesor del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mexican Society de la London School of Economics, becario Chevening, Campeón Nacional de Debate Político.