Apoye no castigue

¿Por qué no estaríamos a favor de estrategias de salud pública que evitan la muerte y reducen el sufrimiento de las personas que consumen sustancias? Comprendiendo que es imposible asumir que vivimos en un mundo sin drogas, sean legales o ilegales, la iniciativa ‘Apoye no Castigue’ se ha convertido en un movimiento global de exigencia de acciones que prioricen la salud pública y los derechos humanos, posicionándose en contra de las políticas de combate hacia las sustancias psicoactivas y a favor de la reducción de daños que éstas tienen el potencial de causar. 

En contraste con los años de evidencia acumulada sobre los daños colaterales de las estrategias de prohibición y fiscalización de sustancias, la eficacia de la reducción de riesgos y daños destaca cada vez más desde el ámbito de la salud pública. Por lo que cada 26 de junio, como contracampaña al Día Internacional de las Naciones Unidas contra el Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas, exigimos una reforma a las políticas de drogas que supere su enfoque meramente coercitivo e integre la evidencia científica y sea congruente con la garantía a los derechos humanos.

Estructuralmente, las políticas prohibicionistas transfieren la mayoría de los costos sociales asociados con las sustancias ilegalizadas a los países productores y de tránsito, al exigirles implementar e invertir en estrategias de disminución de la oferta de sustancias, considerando las pérdidas sociales, de legitimidad, de aumento de violencia y corrupción, en lugar de intervenir en las dinámicas de desigualdad, marginación y pobreza que sostienen los mercados ilegales en los países productores. Al tiempo que las sanciones impuestas a las personas por usar drogas suelen ser excesivas en comparación con los daños reales causados por el consumo de drogas, reafirmando ciclos de estigmatización, exclusión social, discriminación, privación de libertad y de acceso limitado a servicios de salud y tratamientos efectivos, en lugar de ofrecer opciones de tratamiento y apoyo que aborden adecuadamente las consecuencias asociadas al consumo. Así que la consigna ‘Apoye No Castigue’ hace un llamado a la voluntad política de poner fin a la guerra contra las drogas y promover políticas compasivas hacia las personas usuarias.

Como ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en en el amparo en revisión 237/2014 sobre cannabis, la realización de actividades recreativas o lúdicas, donde se incluye el uso de sustancias psicoactivas, es una decisión personal protegida constitucionalmente. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, que ampara la decisión individual de consumir sustancias psicoactivas al reconocer la libertad de tomar decisiones autónomas y acordes al proyecto de vida propio, podría ser ejercido en un marco más amplio de derechos, de ser complementado con regulaciones estatales efectivas que garanticen el acceso adulto, seguro y responsable a las sustancias y estrategias de salud pública que mitiguen los riesgos asociados a su uso. Sin embargo, parece no ser posible pensar en esta posibilidad sin antes lograr una descriminalización efectiva sobre el uso de sustancias. 

Ante una crisis de sobredosis ocurrida en la frontera norte del país y por todo Estados Unidos y Canadá, los discursos oficiales que fueron posicionados desde el gobierno tendieron a exagerar y estigmatizar el impacto del uso del fentanilo en el país y los daños que directamente causan, aunque esta información no coincidiera con la evidencia generada por las organizaciones de sociedad civil y las autoridades de salud. 

Pero vale la pena rescatar que el desconocimiento acerca de la composición de las sustancias ilegalizadas, y no las dinámicas de consumo por sí mismas, fue el factor de riesgo más importante para las personas usuarias y que la difusión de mensajes alarmistas sobre la presencia del fentanilo, hacen aún más urgente la necesidad de tener acceso comunitario a Nalaxona para atender adecuadamente la emergencia de salud. 

Superar las políticas de estigmatización, mediante la cuales se pretende prevenir el consumo, puede dar lugar a la ampliación de los servicios de tratamiento voluntario y de calidad para las personas que lo deseen.  Como sociedad debemos justicia a las personas usuarias, a sus familias y a las personas que han sido víctimas de violaciones a sus derechos por motivos relacionados al uso o la portación de las sustancias ilegalizadas. Luego de al menos siete sexenios, bajo los cuales se ha perseguido los mismos objetivos de lucha contra las drogas, es mejor tarde que nunca cuestionar la estrategia de criminalización, estigma y castigo.  Buscamos construir políticas que pongan en el centro a las personas, los derechos humanos y el conocimiento.

*Julia Anguiano Rosas es licenciada en Políticas Públicas por el CIDE y está interesada en la comprensión del uso de sustancias psicoactivas desde una perspectiva de género, clase y de derechos humanos. Actualmente es responsable de investigación del Instituto RIA (@institutoriamx)