Consumo de drogas: estigma social y prohibicionismo

En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el primer amparo para que se autorizara el consumo personal de marihuana a cuatro integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante. En su comunicado se señaló que “el sistema de prohibiciones tal y como está configurado no es una medida necesaria para proteger la salud y el orden público” (párr. 4) e implica una “intensa afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad” (párr. 5), de tal modo que la prohibición es inconstitucional.

Después de cinco amparos más resueltos en el mismo sentido, en febrero de 2019, la SCJN publicó la jurisprudencia sobre el tema. Con ello, quedó establecida la obligación del Congreso de la Unión de modificar o anular los artículos de la Ley General de Salud que prohíben el uso personal de la marihuana y se abrió la puerta a su regulación.

Actualmente, a pesar de lo establecido por la SCJN, el Congreso ha sido incapaz de cumplir con su obligación, incluso después de haber solicitado tres prórrogas para ello.1 Peor aún, se ha señalado que la iniciativa discutida incumple con la orden de eliminar la prohibición administrativa del cannabis. Solamente se modifican las cantidades toleradas para el consumo personal y las consideradas como narcomenudeo y narcotráfico, lo que es insuficiente para evitar la criminalización y la exposición de sus usuarios a abusos de las autoridades.

Lo ocurrido en México es un reflejo de las resistencias que persisten de manera global para terminar con el régimen prohibicionista de las drogas. Los argumentos a favor de superarlo y que enfatizan la necesidad de adoptar un enfoque de salud y respetuoso de los derechos humanos, abundan en los espacios académicos y en la discusión impulsada por organizaciones ciudadanas alrededor del mundo.² El debate ya no se centra en prohibir o no determinadas drogas, sino en cuál es la mejor forma de regularlas para reducir los riesgos de su uso.

Una de entre varias razones detrás de tal situación podría ser la persistencia del estigma social³ hacia las personas que usan drogas, tanto en la opinión pública como en la vida cotidiana. En varias ocasiones se han señalado los usos perversos del prohibicionismo;4 sin embargo, es importante considerar también que la opinión pública y las concepciones sociales que se tienen sobre un fenómeno, así como las consideraciones sobre si el mismo representa un problema y cómo debería ser abordado, tienen una profunda relevancia en el modo en que los gobiernos intervienen en el mismo.

En los estudios sobre política de drogas, existe un campo emergente de investigación interesado en analizar el papel que tienen las creencias e ideas al momento de elaborar una política pública, así como la forma en que un problema público es socialmente construido y moldeado por las narrativas dominantes sobre el mismo. Por ejemplo, se ha observado que para los actores políticos el tema de las drogas ilegales (al ser enmarcadas como “algo peligroso”, “un asunto moral”, etc.) es percibido como algo tóxico, que habría que evitar y que, a lo sumo, podría ser utilizado como “arma” político-electoral.

También existen investigaciones que dan cuenta del papel que tienen los medios de comunicación para centrar la atención del público en ciertos “problemas” (en lo relativo a las drogas, por lo general, a partir del “pánico moral” y bajo una narrativa alejada de la evidencia científica) y, con ello, exigir respuestas ad hoc de los gobiernos. Más aún, en los estudios sobre la construcción social de los usuarios de drogas como población objetivo, se aprecia el modo en que su caracterización como personas “desviadas” ha servido para asociarlas invariablemente con el delito.

Por lo anterior, se señala que la persistencia de una visión estigmatizante acerca del uso de drogas es una posible barrera para avanzar en su efectiva regulación. La reciente discusión sobre el cannabis en el Congreso ocurrió en pleno año electoral. Y, en ese contexto, parece razonable pensar que si no se ha aprobado una ley que elimine la prohibición de la marihuana, en parte ha sido porque para quienes legislan el tema les es, cuando menos, poco favorable en estos momentos (ni qué decir sobre la posibilidad de regular otras drogas ilegales).

Como señala Angélica Ospina, en conversaciones con amistades y familiares, incluso en spots de campañas políticas, se hacen comentarios y chistes sobre las personas que usan drogas de un modo que profundizan su estigmatización (“flojas”, “buenas para nada”, ”viciosas”). En la televisión mexicana, una serie inspirada en la devoción a la Virgen de Guadalupe retrata situaciones que rozan lo ridículo. De forma más alarmante, representantes políticos como la diputada Cynthia López Castro o el mismo presidente de la República no dudan en hacer comentarios sin ningún tipo de sustento.

Algunos datos de encuestas nacionales también ofrecen pistas acerca de la percepción social que se tiene en México sobre las personas que consumen drogas. Por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, las personas que fuman marihuana fueron las más discriminadas: el 71% de encuestados indicó que no les rentaría un cuarto (ver Figura 1).

En años anteriores también se observó algo similar. En las Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) 2008 y 2012, la mayor parte de los encuestados respondieron que no aceptarían que una persona con problemas de adicciones viviera en su casa (78.1% en 2008 y 68.9% en 2012) (ver Figura 2).

Las tres encuestas fallan en ofrecer un panorama preciso sobre el grado de rechazo hacia las personas usuarias de drogas en México.5 Sin embargo, permiten tener cierta idea sobre el peso de más de un siglo de prohibicionismo en el país, así como parte del reto que se tiene para avanzar hacia la regulación de todas las drogas.

Sin ignorar los posibles riesgos del uso de drogas (distintos para cada sustancia), es importante concentrar esfuerzos para derribar el estigma que existe a su alrededor. Habría que replantear si el “problema” de las drogas amerita acciones tan desproporcionadas como la militarización ocurrida en México desde 2007, sobre todo cuando a nivel mundial solo el 5.4% de la población entre 15 y 64 años consume drogas y el uso problemático o dependiente tiene una prevalencia de 0.7%. Los efectos no deseados o problemáticos de las drogas dependen menos de la sustancia en sí, que de las condiciones en las que se realiza su consumo. Por último, además de sus usos medicinales, las drogas permiten acceder a una vida más placentera, así como a experiencias que reafirman la identidad de quienes consumen.

 

Las opiniones expresadas en este blog son de exclusiva responsabilidad de la autora o autor y no necesariamente representan la opinión del Programa de Política de Drogas.

 

 

1 El 30 de abril finalizó el plazo para que el Congreso legislara para regular la marihuana, lo cual no sucedió y tampoco se solicitó una nueva prórroga. Ante esto, es posible que la SCJN atraiga el caso y haga la declaratoria general de inconstitucionalidad.

² El texto de Adam Greif es un excelente ejemplo que demuestra que los argumentos a favor de la prohibición de las drogas no resisten el análisis riguroso y el contraste con la evidencia empírica actual sobre su consumo.

³ Una definición clásica de estigma social es la de Erving Goffman en 1963 para referirse a la condición que se produce cuando las características de una persona son percibidas socialmente como inferiores o inaceptables y, por lo tanto, generan una respuesta negativa por el grupo social. Goffman, E. (2006). Estigma. La identidad deteriorada. Amorrortu.

4 Por ejemplo, se ha sugerido que el prohibicionismo funciona como una herramienta de control social y que cuando el presidente estadounidense Richard Nixon declaró la “guerra contra las drogas” en 1971, tuvo como finalidad criminalizar a grupos considerados enemigos públicos (como las personas negras y la izquierda antiguerra). Más aún, se ha argumentado que las distintas “guerras” (contra el narcotráfico, el crimen y el terrorismo) “tienen el objeto de justificar la violencia estatal necesaria para intervenir en cualquier lugar del planeta y de la sociedad, haciéndolas funcionales al sistema global” (p.170). Calveiro, P. (2012). Violencias de Estado: La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global. Siglo Veintiuno Editores.

5 En la ENCUCI 2021 solamente se puede saber la posición de la población respecto de quienes consumen marihuana y en las ENCUP de 2008 y 2012 no es posible distinguir si la discriminación es solamente hacia personas con dependencia hacia alguna sustancia, ni si se trata de drogas ilegales.