Consultas impopulares

Con menos de medio año en funciones, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha realizado al menos ocho polémicas consultas a la ciudadanía, cuatro de ellas activadas antes de tomar posesión en el poder ejecutivo. Todos los ejercicios consultivos impulsados por López Obrador se han realizado al margen de la legislación vigente, y aunque pueda parecer contraintuitivo, parecen experimentos poco populares para su gobierno.

La consulta sobre el aeropuerto en Texcoco es ilustrativa: un proyecto clave en el imaginario de la modernización, que requirió de esfuerzos de planeación e inversión millonarios, fue sometido a votación popular para ser cancelado. Los opositores al proyecto y, aparentemente, simpatizantes de AMLO, se movilizaron a las urnas dispuestas por el equipo del presidente electo para votar a favor de la cancelación. El oficialismo polarizó la votación a su favor, pero hasta ahora es una de las decisiones más impopulares del gobierno, con la aprobación de apenas un tercio de la opinión pública, según una encuesta de Mitofsky levantada en febrero.

Ya como gobierno en funciones, el equipo de López Obrador ha implementado tres consultas más referidas a temas de infraestructura: la termoeléctrica en Morelos, el proyecto del Istmo de Tehuantepec y la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Todos estos ejercicios participativos han sido rechazados por poblaciones opositoras a dichos proyectos. Más que consenso y consentimiento, las consultas han activado conflictos. El carácter particularizado de las asambleas consultivas (realizadas entre las poblaciones directamente afectadas), impide apalancar la aceptación más general que dichas iniciativas sí tienen.

Lejos de ser un instrumento de movilización de mayorías, los ejercicios plebiscitarios promovidos por el gobierno federal solo generan ruido. Ratifican el poder de decisión del presidente, lo que no necesariamente contribuye a apuntalar la legitimidad del ejercicio de su gobierno. A excepción de la megaconsulta realizada en noviembre (que fue una especie de referéndum del programa votado en julio), los experimentos de democracia directa implementados por el equipo de AMLO no parecen traducir la popularidad que este tiene en las encuestas.

Si las consultas del gobierno de AMLO no son una extensión de su popularidad, ¿entonces por qué implementarlas? En temas con poca aceptación de la ciudadanía o donde existen organizaciones con posturas antagónicas al oficialismo, las deficiencias de los procedimientos de participación terminan por sumar elementos de conflicto innecesarios a las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno. Paradójicamente, el presidente no consultó al pueblo en dos temas donde sí tenía condiciones para movilizar, estridentemente, temas a su favor: la guardia nacional y el enjuiciamiento a expresidentes; ello, a pesar de que se comprometió a someter dichos temas a consulta durante una entrevista radiofónica.

El nuevo gobierno no necesita de las consultas, al menos en los términos en que las implementa. Dejando de lado el folklor de la mano alzada en los mítines, las asambleas con poblaciones rurales no cumplen con los estándares mínimos de una consulta previa, y las votaciones abiertas a todo el país son altamente deficientes si se consideran como una consulta popular. Es poco probable que el presidente y su equipo no sean conscientes de ello, por lo que cabe insistir en preguntarse por qué persisten estos ejercicios.

Si se trata de una estrategia de comunicación para generar sinergias con colectivos inicialmente en desacuerdo con los planes de la presidencia, no parece ser muy eficiente. Las consultas en materia de educación y seguridad, que fueron realizadas previas a la toma de posesión de AMLO, no fueron del beneplácito de los agraviados ni derivaron en alianzas sólidas entre el gobierno y dichos grupos, es decir, profesores asociados al ala disidente del magisterio y familiares de víctimas de la violencia que se vive en el país. Una situación similar a la que ocurre en las comunidades donde se instalarán proyectos de desarrollo.

Tampoco parece que las consultas impulsadas por el ejecutivo permitan movilizar grandes franjas de la opinión pública a su favor. Solo la megaconsulta de diez proyectos y programas a implementar por el gobierno parece haber cumplido con esta función. Si lo que AMLO pretende es construir nuevas formas de democracia, tampoco parece que la estrategia sea la correcta, pues los ejercicios consultivos, hasta ahora activados con premura, con reglas ambiguas y dispuestas por una de las partes, no generan condiciones para un justo intercambio de información, deliberación y movilización de los interesados; todo ello resulta en desconfianza hacia las intenciones del presidente y en pequeños desgastes de su gobierno.

Desde que se aprobó la ley de consulta popular en México, solo los partidos políticos han impulsado procesos para que la ciudadanía se manifieste sobre temas de interés público, pero todas las iniciativas (del PRI, PAN, PRD Y MORENA) fueron declaradas inconstitucionales por la SCJN, al ser temas improcedentes de consulta: los ingresos del estado, derechos humanos, y temas electorales. La consulta previa es una deuda del Estado mexicano con poblaciones indígenas y campesinas que, durante muchos años, han desarrollado mecanismos de resistencia y redes de organización frente a proyectos de desarrollo diseñados de forma ajena a sus modos de vivir el territorio, y no parece probable que ahora abandonen sus marcos y acciones para hacer política.

Las consultas del gobierno de AMLO, promovidas con celeridad, desde arriba y con pocas condiciones de certeza para las posturas antagónicas al gobierno, no parecen distanciarse mucho de la inercia de las relaciones entabladas por los últimos gobiernos con los ciudadanos. Hoy el presidente tiene niveles de aprobación muy altos, pero cuando pretende mostrar su distinción democrática (al menos en lo que respecta a consultas), sus experimentos más bien parecen impopulares. Las intenciones democratizadoras del presidente parecen ratificar una larga tradición de ejercicio decisional del poder político, en la que echaron raíces la desconfianza y el recelo que abonaron a su victoria el 2 de julio.

* Héctor Manuel Gutiérrez Magaña es maestro en ciencias políticas por la Flacso Ecuador y actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de Flacso México. Se especializa en la investigación de temas sobre democracia y participación ciudadana.